Capítulo
I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo
IV
Eduardo Barriobero en la guerra y la muerte.
La
sublevación de los militares sorprendió a
Barriobero en Madrid. Se unió a un grupo de milicianos
y, fusil al hombro, fue uno más. Una vez derrotados
los rebeldes y pacificada la ciudad, Barriobero se dedicó
a organizar un hospital de convalecientes y un ateneo popular
en los dos chalets que el Partido Federal se había
incautado en la calle Diego de León.
En
Agosto, desde el Comité de Milicias Antifascistas
de Barcelona, dueño y señor de Barcelona y
Cataluña entera tras derrotar a las fuerzas de la
reacción, y el Comité Pro-Presos solicitaron
a Barriobero que se desplazase a la capital catalana para
presidir el Comité Superior de Justicia de Cataluña,
máximo órgano de la administración
de justicia mientras la revolución se mantuvo triunfante.
Barriobero había sido propuesto con anterioridad
por los representantes de diversas fuerzas políticas
para presidente del Tribunal Supremo y cuando se encontraba
a la espera de que el nombramiento saliera en la Gaceta,
estalló la guerra. Al aceptar la petición
de sus amigos cenetistas de Barcelona, Eduardo Barriobero,
antes de partir de Madrid, acudió a entrevistarse
con el ministro de Justicia, Blasco Garzón, antiguo
federal, para manifestarle que declinaba el nombramiento
de presidente del Tribunal Supremo. Barriobero, previendo
las dificultades que los burócratas de la Generalitat
pudieran ocasionarle, solicitó al ministro el nombramiento
de magistrado del Supremo para poder contar con esa categoría
judicial antes de iniciar el desempeño de sus funciones
en Cataluña: no fue posible, otra vez la burocracia,
en este caso la del Ministerio, consiguió impedirlo;
aunque, como el propio Barriobero reconocía, también
influyó que nunca había sido un buen
abogado de sí mismo.
Quizás
pueda parecer una exageración interesada, pero en
Barcelona le aguardaba otra desagradable sorpresa: el gobierno
de la Generalidad, por boca de su presidente, Casanovas,
había amenazado con dimitir en bloque si la CNT llevaba
a cabo el nombramiento de Barriobero como máximo
responsable de la Justicia en Cataluña. Era comprensible
que los enemigos de la revolución opusieran resistencia
a la consolidación de ésta, pero también
se mezclaban en el caso una xenofobia latente y viejos resquemores
personales: ¿Cómo iba a aceptar la
Generalidad que la máxima autoridad judicial de Cataluña,
aunque fuera de la Cataluña revolucionaria de Agosto
del 36, fuera alguien venido de Madrid? Ante eso,
carecía de importancia el hecho de que Barriobero
tuviera bufete abierto en Barcelona desde hacía treinta
y cinco años y que allí pagara sus impuestos.
Precisamente en ese bufete había estado de pasante,
de “amanuense” y cobrando de la CNT, dice Barriobero,
el mismo Casanovas que ahora se había convertido
en un enemigo acérrimo suyo.
En
los primeros momentos de la sublevación, cuando el
resultado de la lucha era incierto, Angel Samblancat, al
frente de un grupo de milicianos, se había hecho
cargo del Palacio de Justicia de Barcelona y constituido
en el mismo un comité revolucionario. Este comité
y sus atribuciones fueron “legalizadas” posteriormente
por un decreto de la Generalidad en el que se nombró
su presidente a Angel Samblancat, viejo amigo y compañero
de profesión de Barriobero, que pasó a formar
parte del mismo desde su llegada a Barcelona. Pero la situación
real era de bloqueo y parálisis por la negativa
de la dirección de la CNT y de la FAI a enfrentarse
con el gobierno de la Generalidad. Triunfante la
revolución, de entre todas las organizaciones proletarias
no surgió una dirección revolucionaria que
se hiciera cargo del poder y señalara a las masas
el camino y los objetivos que permitieran consolidar su
triunfo. Los tribunales y jueces del régimen republicano
había sido borrados del mapa, pero los tribunales
del pueblo no se habían implantado. En Cataluña,
como en el resto de España en que los rebeldes fueron
derrotados por las fuerzas populares, los leves residuos
del viejo estado que se acababa de derrumbar no fueron totalmente
aventados. Sería a partir de ellos como la contrarrevolución
conseguiría reconstruir el aparato del estado burgués.
De
Tribunal Revolucionario se pasó a una simple “Oficina
Jurídica” y Samblancat, su primer presidente,
al ser nombrado a los pocos días magistrado de la
Audiencia, fue sustituido por Eduardo Barriobero,
según decreto de fecha 28 de Agosto, firmado por
J. Quero Molares, consejero de Justicia de la Generalitat.
En el decreto de constitución de la “Oficina
Jurídica”, firmado por Companys y Quero, a
un prólogo revolucionario le seguía un articulado
de espíritu contrarrevolucionario en el que en propia
interpretación de Barriobero solamente se les autorizaba
“para resolver consultas gratuitamente, leer con aire
distraído los cuarenta mil procesos de carácter
social” y cosas semejantes. Por el contrario, interpretando
el decreto en sentido revolucionario, Barriobero
dedujo como facultades de la “Oficina Jurídica”
las de reparar las injusticias cometidas por la monarquía
y las dictaduras, revisar las causas sociales de todos los
tribunales de Cataluña, rectificar la normativa jurídica
que no respondiera al sentimiento jurídico del pueblo,
incorporando ese sentir popular a la administración
de Justicia, abrir el cauce para la nueva legalidad surgida
de la nueva situación, completa gratuidad del asesoramiento
y administración justicia para los trabajadores,
etc. También decidió que había que
sustituir los viejos códigos por los principios de
equidad y de justicia que todo hombre justo lleva en su
corazón, única manera de aplicar e interpretar
el nuevo Derecho aún no escrito.
La
Oficina Jurídica entendía de asuntos civiles
y mercantiles, y durante los ochenta días
de su existencia, funcionó en jornadas de doce horas
y sin cerrar sus puertas ni domingos ni festivos. Además
de Barriobero, integraban su personal un secretario general,
nueve letrados auxiliares, entre los que se encontraba el
diputado federal por Huelva Cordero Bell, y nueve auxiliares
no letrados, además de unos ochenta milicianos, no
aptos para el frente por heridas o edad, que actuaban como
alguaciles y auxiliares. En representación
de la CNT y de la FAI estaban José Batlle y Antonio
Devesa, ejerciendo este último de tesorero.
Se organizaron en tres salas, una para temas de control
obrero e incautaciones de fábricas, otra para matrimonios
y divorcios, y otra para lo relacionado con los alquileres
de viviendas. Se establecieron delegaciones en Badalona,
Granollers y Mataró, aparte de las oficinas jurídicas
de Gerona y Tarragona. Para que la Oficina Jurídica
no resultara gravosa, se estableció que de las cantidades
obtenidas por los reclamantes se detrajera un diez por ciento.
En esos ochenta días de funcionamiento se
dictaron más de seis mil fallos, de los que solamente
se recurrieron diez, aparte de los seis mil matrimonios
celebrados y unos dos mil divorcios.
Cuando
los milicianos ocuparon el Palacio de Justicia, lo primero
que hicieron fue ir amontonando todos los procesos sociales
para llevarlos a quemar. Una de las instrucciones que dio
Barriobero nada más llegar fue la de que antes se
retirasen los resguardos de las causas con fianza, consiguiendo
así salvar importantes sumas de dinero que, de otro
modo, hubieran podido ir a parar a los bolsillos de cualquier
funcionario. Las primeras actuaciones de Barriobero se encaminaron
a erradicar la usura persiguiendo a los usureros, comprendidos
notarios, acreedores hipotecarios y prendarios. Pero en
seguida la Generalidad salió al paso con un decreto
que Barriobero tildó de protector de la usura. Además
de esto, la Oficina Jurídica se ocupaba de todo lo
relacionado con casamientos, divorcios y protección
de menores; reclamaciones de alquileres, indemnizaciones
por despido y accidente laboral, accidentes y siniestros
pendientes de indemnización por las compañías
aseguradoras, legalización de incautaciones y controles,
control de las prisiones y del régimen penitenciario,
reclamaciones de carácter civil o mercantil, revisión
de los pleitos de carácter social ya fallados en
los que se hubiera denegado la indemnización, represión
de las actividades contrarias al régimen, e informes
y consultas. Se quisieron constituir tribunales de lo criminal
para juzgar a los numerosos detenidos relacionados con la
sublevación que la CNT y otras organizaciones tenían
en su poder, pero otra vez se chocó con oposición
de la Generalidad y la colaboración de la CNT.
Sería
Queipo de Llano, el general que había sometido Sevilla
y los pueblos andaluces a sangre y fuego, el que en una
de sus alocuciones diarias desde Radio Sevilla lanzó
el primer cañonazo que puso en marcha la ofensiva
de la Generalidad contra Barriobero y la Oficina Jurídica
que presidía. Queipo acusó a Barriobero
y sus compañeros de haber alquilado una caja de seguridad
en un banco de Perpiñán para depositar en
ella un tesoro que habían sacado de España,
producto de sus actividades en la citada Oficina Jurídica.
Toda calumnia se basa en un poco de verdad y un mucho de
mentira. Efectivamente, Barriobero, acompañado de
Batlle, había estado en Perpiñán y
alquilado una caja de seguridad en la Societé Marselleise
de Credit, pero no para guardar un tesoro, sino un precioso
documento que demostraba las relaciones de un importante
dirigente de la Esquerra con la extrema derecha. Eso
ocurría el siete de Octubre de 1936 y el veinte de
Noviembre aparecía en la Gaceta el decreto de disolución
de la Oficina Jurídica. No hubo ningún reparo
por parte de los cuatro representantes de la CNT y de la
FAI que formaban parte del gobierno de la Generalidad. Firmaba
ese decreto no un hombre de la burguesía, sino el
mismísimo Andrés Nin, máximo dirigente
del POUM, y entonces flamante consejero de Justicia de la
Generalidad. El mismo Andrés Nin que había
sido secretario general de la CNT en 1921, el Nin que participó
en Moscú en la fundación de Internacional
Sindical Roja, de la que fue secretario, y miembro del PCUS,
y del soviet de Moscú; el mismo Nin que defendió
las tesis de Trotsky y se integró en la Oposición
de Izquierdas, el que tradujo sus obras al español...
Y en plena revolución española, como dejó
escrito el propio Trotsky: “las organizaciones dirigentes
del proletariado ayudaron a la burguesía a destruir
aquellos comités, a liquidar los asaltos dados por
los obreros a la propiedad privada, y a subordinar las milicias
obreras al mando de la burguesía, con el POUM participando
en el gobierno, por añadidura, y asumiendo una responsabilidad
directa en aquel trabajo de contrarrevolución.”
¡Qué poco podría imaginar Andrés
Nin que unos meses más tarde le habrían de
ultimar a él las fuerzas estalinistas al servicio
de esa contrarrevolución en una cheka de Alcalá
de Henares! Nada nuevo en la repetición de esta tragedia
proletaria porque como el propio Trotsky dijo: “Nadie
ha encontrado todavía otros métodos para ello
(paralizar la revolución) que la represión
feroz, la matanza de la vanguardia, la ejecución
de los dirigentes, etc.”
En
sus actuaciones al frente de la Oficina Jurídica,
Barriobero confesó haberse guiado por la máxima
ciceroniana que dice: “quítale a tu enemigo
la bolsa y le llevarás a donde quieras”. Y,
efectivamente, no creo que se le pueda achacar una sola
muerte a Barriobero, a pesar de que su actuación
coincidió con unos momentos en que la vida de un
enemigo tenía muy poco valor. Del dinero
recaudado se dio rendida cuenta. Descontados los gastos
de personal y generales, se habían entregado para
ayuda a la guerra más de novecientas mil pesetas.
A mediados de octubre, gracias a la actividad de la Oficina
Jurídica, se había repartido más de
millón y medio de pesetas a los beneficiarios de
indemnizaciones por accidentes, despidos, etc. Quedaban
pendientes de diligenciar un millón de pesetas de
antiguas fianzas y tres millones y medio de pesetas de un
litigio sobre un premio mayor de la lotería, a los
que se impondría un diez y un quince por ciento,
respectivamente, que percibiría la Oficina, aparte
de las cantidades que quedasen sin entregar porque nadie
las reclamase. Se calculó que, en conjunto, se podría
recaudar un millón trescientas mil pesetas, cantidad
que Barriobero pensaba repartir de acuerdo con lo que determinaran
las Juntas de Defensa. Pero el gobierno de Generalidad no
pensaba de la misma manera.
El
decreto de Nin solamente se aplicó de forma inmediata
a la Oficina Jurídica de Barcelona, continuando en
funcionamiento durante varios meses las restantes. Todo
el trabajo pendiente en la disuelta Oficina Jurídica
se repartió entre cuatro juzgados de Primera Instancia.
No hubo recursos ni se anularon resoluciones y, una vez
cumplimentada la transferencia a los juzgados, la mayoría
de sus componentes fueron destinados a otros cargos de responsabilidad.
El
presidente del gobierno de la Generalidad, Tarradellas,
le pasó recado a Barriobero para que acudiera a visitarle.
Tarradellas tenía planeado alejar lo más posible
a Barriobero para evitar cualquier posible reacción
al cierre de la Oficina Jurídica por parte de él
y de sus amigos. Por mediación del presidente de
la Audiencia Territorial le hizo saber que quería
premiar sus servicios confiándole una misión
en el extranjero. En la entrevista que mantuvieron ambos
se habló de la conveniencia de editar en el sur de
Francia un semanario bilingüe que contrarrestara la
propaganda y la fuerte penetración franquista en
la zona. Lo dirigiría Barriobero. Pero Barriobero
se dio cuenta de que no había verdadero interés
en el proyecto y que de lo que se trataba era de alejarle
y mantenerle entretenido.
Antes
de que se volviera a entrevistar con Tarradellas, Barriobero
recibió aviso para que se trasladara lo antes posible
a Valencia. Le llamaba Mariano Sánchez Roca, subsecretario
del Ministerio de Justicia, subdirector del diario La Tierra
hasta hacía poco y amigo íntimo de Barriobero.
El ministro de Justicia en el gobierno que presidía
Largo Caballero era el cenetista García Oliver, viejo
conocido también. Habían decidido
que Barriobero ocupase el cargo de fiscal de la República,
vacante por la dimisión de José Vallés
Fortuño. Remiso a desempeñar ese
cargo por considerar que toda su trayectoria profesional
había sido lo contrario de la fiscalía, terminó
aceptando, pues, aparte la insistencia, prefería
seguir dentro de España que fuera de ella.
Cuenta
el propio Barriobero que cuando le dijo a Tarradellas que
declinaba su oferta porque había sido nombrado fiscal
de la República, notó que aquel empalidecía
hasta quedar blanco. No era para menos. Se acababa
de descubrir el complot de Dencás con amplias ramificaciones
entre la clase política catalana. Lo que se pretendía
era negociar la independencia de Cataluña a cambio
de su retirada de la guerra, para lo cual se habría
de eliminar a los principales dirigentes de la CNT y de
otros partidos de izquierda. José Dencás
Puigdoller había sido consejero de Sanidad con Maciá
y de Gobernación con Companys. Dencás huyó
a extranjero a finales de 1936 y murió en Tánger
en 1965.
Barriobero
llegó a Valencia el sábado 27 de Noviembre
por la noche. Al día siguiente, a pesar
de ser domingo, iniciaba el regreso a Barcelona con el nombramiento
en el bolsillo. Había pedido, y obtenido, un permiso
de ocho días para viajar a Francia y recuperar los
importantes documentos que tenía allí depositados.
Cuando regresó de Francia, cuatro días después,
y se disponía a salir hacia Valencia, recibió
una llamada de su amigo Sánchez Roca, subsecretario
de Justicia: el nombramiento había sido anulado,
toda vez que no se había publicado en la Gaceta.
Parece ser que “al pobre García Oliver le habían
abrumado con los escándalos de la Oficina Jurídica”.
Sánchez Roca creía que todavía podría
arreglar el asunto, pero Barriobero le pidió que
no lo intentara. Se comprende. Al cenetista García
Oliver, antiguo miembro del grupo “Los Solidarios”,
con Durruti, los Ascaso y compañía, pues este
García Oliver, dieciséis años atrás,
lo había defendido Barriobero en un juicio en el
que se le acusaba de un atraco en Tarrasa. García
Oliver quedó en libertad, pero Barriobero, debido
a su actuación como abogado defensor, fue detenido
y conducido a pie, esposado y acompañado por una
pareja de la Guardia Civil desde Tarrasa hasta Madrid.
Volviendo
al nombramiento fallido, lo que había ocurrido en
esos días fue lo siguiente: al conocer Tarradellas
la designación del nuevo fiscal, se apresuró
a enviar un emisario a Valencia que se entrevistó
con Prieto para relatarle todos los “escándalos
de la Oficina Jurídica”. Y Prieto, en la reunión
del Gobierno, amenazó con llevar el asunto a las
Cortes. A tenor de lo que trasciende de algunas intervenciones
parlamentarias suyas y teniendo en cuenta las relaciones
de los federales con los socialistas en Asturias, creo que
a Indalecio Prieto le debía de caer Barriobero bastante
mal. Además, el nombramiento de fiscal de la República
tenía que llevar la firma de Azañan y casi
se puede estar seguro de que no lo firmaría jamás.
Una comisión formada por miembros del Comité
Regional de la CNT-FAI y del Partido Federal se trasladó
a Valencia con toda clase de justificantes y dispuesta a
aclarar los supuestos “escándalos”. Todo
pareció quedar solventado, así que con unas
palmadas en la espalda, regresaron todos a Barcelona con
la promesa de que se reintegraría a Barriobero en
el cargo, y sí el gobierno ya hubiera designado a
alguien, entonces se le nombraría presidente de una
de las salas del Tribunal Supremo o, si lo prefería,
se le nombraría embajador. Lo cierto es que Barriobero
retornó a sus tareas en la liquidación de
la Oficina Jurídica, donde permaneció cincuenta
días sin que nadie le hiciera reclamación
alguna. Fiscal de la República fue nombrado el ex
radical-socialista Eduardo Ortega y Gasset, y este nombramiento
sí que salió publicado en la Gaceta.
Barriobero
no pudo regresar a Madrid: su casa había sido desvalijada
y el almacén donde guardaba sus libros incendiado
por la aviación. Continuó en Barcelona
y en los primeros meses de 1937 ya estaba de nuevo ocupado
con la defensa de varios presos políticos de la CNT.
En Mayo de ese año se produjo en Barcelona el enfrentamiento
que marcaría el declinar definitivo de las fuerzas
revolucionarias. El golpe se tenía que descargar
en Barcelona y en Cataluña, que era donde la revolución
aún estaba viva. Aunque el pueblo plantó
cara a la reacción y durante unos días fue
dueño de las nueve décimas partes de la ciudad,
la incompetencia y el colaboracionismo de los altos dirigentes
de la CNT y de los ministros anarquistas terminaría
facilitando el avance de la reacción. Primero,
hubo que provocar una crisis de gobierno que se saldase
con la dimisión de Largo Caballero y su sustitución
por Negrín, con lo que de la restauración
de un estado democrático se pasó a iniciar
la construcción de un estado fuerte basado en la
coerción policial, la censura y la persecución
de las organizaciones izquierdistas. A finales de Mayo de
1937 se inició una “caza de brujas” contra
el POUM: se suprimieron sus periódicos, se clausuraron
sus locales y se detuvo a sus militantes más significados.
Su secretario general, Andrés Nin, el mismo Nin que
seis meses antes había firmado la supresión
del único tribunal revolucionario de Cataluña,
fue detenido en su despacho por la policía, entregado
a los agentes soviéticos que operaban en España,
torturado a primeros de Agosto en una cheka de Alcalá
de Henares y se cree que fue asesinado en El Pardo.
Otros muchos militantes internacionalistas, críticos
con el estalinismo, sufrirían el mismo destino. El
10 de Agosto fue disuelto el Consejo de Aragón y
su presidente, el cenetista Joaquín Ascaso, detenido
bajo la acusación de robo. La división
que mandaba el dirigente del PCE Enrique Líster,
enviada por el gobierno a la zona, se encargó de
disolver por la fuerza y pueblo por pueblo las colectividades
agrarias y los comités revolucionarios. Los agentes
del servicio de información franquista destacados
en el mediodía francés informaban del constante
aumento del número de militantes y dirigentes anarcosindicalistas
que llegaban huyendo de la represión desatada en
Cataluña.
En
ese marco de represión general del verano del 37,
Barriobero y sus principales colaboradores de la Oficina
Jurídica también fueron detenidos secretamente.
Utilizaron como excusa la misma acusación que formulara
Queipo de Llano desde la fascista Radio Sevilla: robo de
oro, joyas y divisas. Valía más la palabra
de un general rebelde que tantos años de una vida
ejemplar. No fue el único, la mitad de la
cárcel de Barcelona estaba ocupada por militantes
revolucionarios e internacionalistas. Informaciones
procedentes de agentes nacionalistas destacados en Perpiñán,
permiten situar la detención de Barriobero el 21
de Septiembre, coincidiendo con la toma al asalto, con empleo
de tanques y cañones, del edificio de los Escolapios,
sede del comité de Defensa CNT-FAI. Devesa, por su
parte, afirmó que fue detenido junto con Barriobero
el 19 de Septiembre y conducidos ambos a la cárcel
Modelo de Barcelona. El creciente número de detenciones,
procesamientos y eliminaciones físicas de militantes
y dirigentes de la izquierda, principalmente del POUM y
de la CNT, fue la causa de que el fiscal de la República,
Eduardo Ortega y Gasset, el mismo que ocupó el cargo
que primero se había dado a Barriobero, huyera de
España en Octubre ante el temor a un atentado como
el que antes había sufrido el presidente de la Audiencia
Territorial de Cataluña. Entre los detenidos y encarcelados
estaba Sánchez Roca, subsecretario de Justicia con
García Oliver, el mismo García Oliver que
durante las jornadas de Mayo de Barcelona, siendo ministro
de Justicia todavía, había enviado desde la
radio este mensaje a sus camaradas de las barricadas: “¡Alto
el fuego; besos a los guardias de Asalto!”. Semanas
después tendría que amenazar a Eduardo Ortega
para que sacasen de la cárcel a su compañero
y amigo Aquilino Fernández. Y Benito Pavón,
abogado y compañero de Barriobero, miembro del Comité
Pro-Presos de la CNT, nombrado por García Oliver
presidente de la Comisión Jurídica Asesora,
tuvo que huir de España para evitar un más
que probable encarcelamiento. El mismísimo
Largo Caballero, todopoderoso jefe del gobierno en Mayo
de 1937, apeado del gobierno por la conjunción de
Prieto con el PCE, fue detenido el 21 de Octubre y colocado
bajo arresto domiciliario, los mítines que tenía
programados en la región levantina fueron prohibidos,
se le desposeyó de los periódicos que controlaba
y fue apartado de la dirección de la UGT mediante
el golpe secesionista que encabezó González
Peña. ¡Y eso que era Largo Caballero!
Es
muy probable que Barriobero, a pesar de encontrarse enfermo
y de las gestiones de los masones franceses ante Martínez
Barrio, presidente de las Cortes y alto dignatario de la
masonería española, permaneciera en la cárcel
hasta la celebración del juicio. La vista en juicio
oral ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo tuvo lugar
el día tres de Noviembre de 1938. Allí comparecieron
junto a Barriobero, Luis Cordero Bell, diputado en Cortes;
Antonio Devesa y José Batlle. Fueron absueltos, pero
al menos Barriobero no quedó en libertad, le mantuvieron
en la cárcel en calidad de preso gubernativo. Al
poder no le pareció suficiente, pues Azaña
firmó el decreto destituyendo a los cuatro magistrados
del Supremo que habían dictado la absolución.
Barriobero y sus compañeros habían sido juzgados
por el Tribunal Supremo debido a la calidad de aforado de
Cordero Bell, pero para el común de los detenidos
en esta ola de represión contrarrevolucionaria, el
gobierno de Negrín, con el refrendo de Azaña,
había creado unos tribunales de excepción,
eufemísticamente encargados de juzgar los delitos
de “espionaje y alta traición”, en los
que todos sus miembros eran designados por el gobierno.
Tengo
que advertir que mantengo mis dudas respecto a ese período
de la vida de Barriobero que va desde su detención
hasta que fue juzgado y absuelto por el Supremo. Generalmente,
todo el mundo recurre al libro de memorias del que fuera
director de Solidaridad Obrera, Jacinto Toryho, titulado:
“No éramos tan malos”. En sus páginas
se afirma que nadie sabía nada de la detención
y encarcelamiento de Barriobero, y ese “nadie”
abarcaba desde la dirección del Partido Federal a
la de la CNT, y desde el propio Toryho hasta el presidente
de la Generalidad, Companys, que conocía a Barriobero
de la época en que ambos defendían a los cenetistas
ante los tribunales de Barcelona en 1920. También
decían estar ignorantes del asunto el ministro de
Justicia, Ansó, y el comisario de policía.
Toryho afirma que gracias a su intervención y a negociar
con Companys la libertad de Barriobero a cambio de silenciar
el asunto, éste fue sacado de la cárcel, ingresado
en el hospital de San Pablo protegido, o vigilado, por un
piquete de guardias de Asalto, todos ellos, según
Toryho, cenetistas de confianza. Según Toryho, los
guardias impidieron en una ocasión que Barriobero
fuera sacado de madrugada por un grupo de gente armada que
con una falsa orden de detención pretendían
darle el “paseo”. A mí esta versión
me parece poco fiable, en primer lugar, porque de las sesenta
páginas que Toryho dedica en sus “memorias”
a hablar de Barriobero, la mitad son un plagio, una copia
literal, de lo que el propio Barriobero dice de sí
mismo en “Memorias de un tribunal revolucionario...”
Además, Toryho dice que fue Devesa el que le informó
de la situación en que se encontraba Barriobero,
cuando el propio Devesa afirmó en su posterior declaración
ante el juez militar franquista que estuvo en la cárcel
hasta finales de 1938: ¿Es creíble que la
detención de dirigentes de la CNT, como Devesa y
Batlle, pasase también desapercibida a la dirección
de la CNT y al director del periódico anarquista
Solidaridad Obrera, editado en Barcelona? ¿Es posible
que cuando, según Toryho, ya se sabía, en
Noviembre y Diciembre, que Eduardo Barriobero estaba enfermo
y hospitalizado, nadie pensase en evacuarle a Francia, o
a la región levantina, incluso contra su voluntad,
antes de que se produjera la debacle de Cataluña?
No me lo creo. Más bien soy de la opinión
que el hombre que se pasó toda la vida hurtando sindicalistas
al presidio y al verdugo, no tuvo a nadie que le echara
una mano cuando la necesitó.
Pedro
Vallina, médico y ácrata, amigo íntimo
de Barriobero desde antes de la revista Germinal, dejó
escrito en sus memorias, editadas en Méjico, este
esclarecedor párrafo: ”Un grupo muy restringido
de compañeros de prisión visitaba diariamente
a Barriobero y le llevaban los menesteres y alimentos más
necesarios. Entre otros, recordamos a César Flórez,
que le profesaba un entrañable cariño. Le
propusimos seriamente sacarle por la fuerza de la prisión,
costase lo que costase; pero el se negó resueltamente.
Deseaba salir por la puerta grande y con la frente en alto.
En el momento del desastre, nadie se acordó de nadie,
y la derrota de las almas fue más grave que la de
los cuerpos. Los soldados desconocidos de la guerra teníamos
la mejor voluntad, pero carecíamos de influencias
y de medios de transporte, y a duras penas pudimos escapar,
no para conservar la vida sino para continuar la lucha del
día de mañana.
¡Pobre Barriobero! Siempre le recordaré y defenderé
su memoria. Defendió siempre a los trabajadores perseguidos
por la justicia burguesa. ¡Gratitud eterna al defensor
de los caídos!”
Y
ahora veamos dos aspectos contradictorios de los testimonios
de Toryho y Vallina. Toryho escribió que la última
vez que fue a visitar a Barriobero, vísperas de la
entrada de los nacionalistas en Barcelona, le ofreció
evacuarle a Francia en una furgoneta junto con otras personas
y pone en boca de Barriobero esta respuesta: “Yo me
quedo. Estoy muy enfermo. Un viaje como ese en tales condiciones
no podré resistirlo. Entre morirme en el camino o
que los que mañana tomen Barcelona me peguen cuatro
tiros, prefiero lo segundo. No temo la muerte. Sé
que mi ciclo vital ha terminado, así que venga un
abrazo y ¡agur!”
Vallina,
por el contrario, afirma que: “las aspiraciones (de
Barriobero) eran, a la salida de la cárcel, internarse
en Francia, donde esperaba ser bien acogido gracias a su
traducción de Rabelais, escritor intraducible, trabajo
de un mérito raro, que le valió la condecoración
de la “Legión de Honor”. Dicho lo cual,
tampoco puede descartarse que ambos testimonios respondan
a la verdad, y que lo que un día fuera aspiración
dejara de serlo más tarde.
Llega
ahora el momento de escribir sobre el asunto de los millones,
las joyas y el oro del que unos y otros acusaron a Barriobero
y a sus compañeros de haberlo sustraído durante
su etapa al frente de la Oficina Jurídica y tenerlo
escondido en un banco en el extranjero. Mi opinión
es que, efectivamente, ese pequeño tesoro se sacó
de la España republicana y se depositó en
un banco francés, pero también estoy convencido
que nadie se quedó con un duro, y Barriobero, mucho
menos, porque quien nace rico y a lo largo de toda la vida
no demuestra el más mínimo interés
por enriquecerse, sino más bien lo contrario, no
parece razonable que vaya a cambiar de manera de ser a los
sesenta años.
Con
Barriobero como presidente de la Oficina Jurídica,
las otras dos personas de mayor peso eran los representantes
de la CNT en la misma: Antonio Devesa y José Batlle.
Devesa, además, era el cajero de la Oficina Jurídica.
Los tres eran hombres de larga trayectoria y los
tres eran miembros del Comité Pro-Presos de la CNT
desde tiempo atrás. Eran gente que habían
sido perseguidos por la monarquía liberal, por la
dictadura primorriverista y por la República, así
que algo sabrían de las necesidades de la clandestinidad.
No serían, desde luego, los únicos en constituir
fondos secretos en bancos del extranjero. En mi opinión,
lo que ocurrió fue que alguien, fueran personas,
comités u organizaciones, tomó la decisión
de crear un fondo de reserva a buen recaudo y así
parece que se hizo.
Lo
que digo a continuación procede de las causas de
los consejos de guerra a que fueron sometidos por las autoridades
franquistas Devesa y Batlle tiempo después de finalizada
la guerra. Antonio Devesa Bayona tenía cuarenta y
cuatro años cuando fue descubierto por los franquistas
en el campo de concentración de Reus el 22 de Agosto
de 1940. Natural de Benidorm y avecindado en Barcelona,
trabajador textil, fue conducido a la prisión de
esa ciudad, donde permaneció incomunicado hasta que
prestó declaración ante el juez instructor
militar. Devesa pertenecía a la CNT desde
1920 y había estado condenado a pena de muerte por
un atraco a un banco; el indulto le llegó
cuando ya le habían puesto en capilla. Detenido,
como hemos visto, por la policía republicana junto
con Barriobero, estuvo en la cárcel hasta la celebración
del juicio en el que fueron absueltos. Devesa afirmó
en su declaración al juez militar que permaneció
en la cárcel como preso gubernativo hasta el veintidós
de Noviembre de 1938, fecha en que fue ordenada
su libertad por la Dirección de Servicios Especiales
de la Generalidad en el sumario 485 bis de 1937, instruido
por el Sr. Sentís por supuesto delito contra la propiedad.
Fue trasladado a un campo de trabajo en Cadaqués
y consiguió huir a Francia antes de la llegada de
las tropas franquistas. Regresó a España en
Junio de 1940 cuando las fuerzas hitlerianas ocupaban Francia.
Respecto
al dinero recaudado en la Oficina Jurídica, Devesa
declaró que se hicieron varias entregas al Comité
de Milicias Antifascistas que, sumadas, pasaban de ochocientas
mil pesetas. Como se sabe, el Comité de
Milicias Antifascistas, controlado por la CNT, fue durante
los primeros meses de la guerra el organismo revolucionario
cuya autoridad se extendía por toda Barcelona, Cataluña
y la parte de Aragón no ocupada por los franquistas.
Figura en la declaración una pormenorizada descripción
del ”tesoro” depositado en Francia. Fue, al
parecer, el día uno de Diciembre de 1936, once días
después de la publicación del decreto de disolución
de la Oficina Jurídica, cuando Eduardo Barriobero,
Antonio Devesa, Luis Cordero Bell y José Batlle alquilaron
en el banco Credit Lyonnais, de la ciudad francesa de Lyon,
la caja fuerte nº 105 que, a su vez, tenía cuatro
subcajas, una para cada uno. Contenidos:
En la nº 6 (Barriobero): 2 barras de oro (2.204 grs.
total), valoradas en 18.000 pts.; un lote de alhajas; 220.000.-
pts. en billetes de mil y 27.500 en billetes de quinientas.
Total: 265.500.- pts. más las alhajas.
En la nº 7 (Devesa): un lote de alhajas, 234.000.-
pts en billetes de mil y 11.000.- pts. en billetes de quinientas.
Total: 245.000.- pts. más las alhajas.
En la nº 8 (Cordero): relojes de oro y alhajas; tres
lingotes de oro valorados en 16.000.- pts.; 246.000.- pts.
en billetes de mil, 11.000.- pts. en billetes de quinientas
y 1.500.- pts. en billetes de cien, y alhajas envueltas
en tres paquetes a nombre de Cordero, otro a nombre de su
madre y otro al de su esposa. Total: 274.500.- pts más
las alhajas.
En la nº 9 (Batlle): 173.000.- pts. en billetes y 15.000.-
francos.
El
total es un millón de pesetas en billetes y oro,
aproximadamente, más las alhajas. Tanto en el sumario
del consejo de guerra de Devesa como en el de Batlle se
dice que el contenido de la caja de este último fue
extraído, introducido clandestinamente en España
y entregado a otras personas. Devesa también dice
en su declaración que el día veintisiete de
Diciembre de 1938 acudió junto con Cordero a la habitación
del Hospital General de Cataluña en la que estaba
Barriobero y en presencia de dos policías que hicieron
de testigos, el notario, allí presente, Valentín
Fausto Navarro y Azpeitia, otorgaron un poder en
favor de los funcionarios agregados a la embajada española
en París: Joaquín Lozano Rabadán y
Francisco Burgo (¿?) Sánchez, para que pudiesen
retirar el contenido de las citadas cajas y darle el destino
que tuvieran por conveniente.
Devesa,
que después de la disolución de la Oficina
Jurídica había sido nombrado en Enero de 1937
inspector general de Prisiones de la Generalidad, el día
veintinueve de Abril de 1941 fue sometido a un consejo de
guerra en el que se le condenó a pena de muerte.
Unas semanas después, el siete de Junio, al amanecer,
fue fusilado en el Campo de la Bota. De nada le sirvieron
que varios funcionarios de la Cárcel Modelo firmaran
un escrito ensalzando su actuación al frente del
sistema penitenciario catalán, como tampoco surtió
ningún efecto el escrito de dos hombres que habían
estado presos “durante el período rojo”
y que ahora se dirigían a la autoridad militar pidiendo
clemencia para una persona que “había dado
buen trato a los presos”. Firmaban esa petición:
José Graells Galcerán, subdelegado de Farmacia,
y José Mª de Porcioles Colomer, notario y presidente
de la Diputación provincial de Lérida, que
sería luego alcalde de Barcelona entre 1957 y 1973.
El
otro miembro destacado de la Oficina Jurídica, Luis
Batlle Salvat, natural de Maspujols, en la provincia de
Tarragona, tenía 52 años cuando fue detenido
por la policía en Barcelona. Había regresado
de Francia huyendo de los hitlerianos y de los petainistas,
y vivía clandestinamente en Barcelona. Un cenetista
que había sido detenido fue el que contó a
la policía en el interrogatorio que había
visto a Batlle en la terraza de un café. Le detuvieron
en Junio de 1941. Fue condenado a pena de muerte por el
consejo de guerra que se celebró en Barcelona el
día dos de Agosto de 1943. Conmutada por la de reclusión
perpetua, fue puesto en libertad condicional en Enero de
1959.
Eduardo
Barriobero seguía en su cama del hospital cuando
las tropas nacionalistas ocuparon Barcelona el día
26 de Enero de 1939. Pocos días después,
el dos de Febrero, el periódico La Vanguardia, lleno
de fotos del ejército vencedor desfilando por las
calles de la ciudad conquistada, daba cuenta de la detención
de Barriobero y de que el juez militar que instruía
el caso “continuaba recogiendo pruebas contra el acusado”.
El consejo de guerra se celebró en la tarde del día
siete de Febrero, en la sala primera de la Audiencia y en
sesión pública. Era el primer consejo
de guerra de la larguísima lista que el Ejército
de ocupación celebraría en Barcelona. Presidía
el consejo de guerra permanente el comandante de Caballería
Luis de Vicente Sasiain, el mismo que presidió
el tribunal permanente nº 1 que actuó en Gijón
y en el campo de concentración de Camposancos. Cinco
minutos después de las cinco de la tarde llegaba
Eduardo Barriobero a la sala. En el auto resumen, resumen
de toda una vida, la honrada y ejemplar vida del abogado
de los pobres fue transmutada en delictiva por los pretorianos
de los ricos. El fiscal, capitán honorario José
Mª Rodríguez, aparte de acusarle de haber sido
quien fue, quiso imputarle incendios de conventos y detenciones
de clérigos, más la muerte de un policía.
Declaró un testigo, cosa rara en los consejos de
guerra, para acusar a Barriobero de la muerte de un detenido
en los calabozos de la Oficina Jurídica. Este testigo,
Joaquín Estapé Valls, era sobrino y apoderado
de Jaime Valls Rovira, al que la Oficina Jurídica
le impuso una multa de ciento cincuenta mil pesetas, negociando
el pago de cincuenta mil en el acto y el resto a plazos.
Según el testigo, su tío, desesperado, se
había ahorcado en la celda. A continuación,
el fiscal solicitó la pena de muerte y el abogado
defensor, Sierra Valverde, que había actuado como
defensor ante los tribunales republicanos, después
de afirmar que “la Oficina Jurídica era menos
roja que lo que vino después”, pidió
que se considerase el caso como un delito de auxilio a la
rebelión y delitos comunes. A Barriobero se le permitió
un turno de alegaciones, pero, como es natural, la crónica
no las recogió. Y a las siete y venticinco minutos
se levantó la sesión y los miembros del consejo
de guerra se retiraron a “deliberar en secreto”:
Condenado a pena de muerte.
Pena
de muerte. Muchos autores afirman en sus libros que Eduardo
Barriobero tuvo, además, que sufrir la última
tortura del garrote vil. Creo que no. Aunque, como he dicho,
la causa del consejo de guerra no se pudo encontrar en los
archivos militares, todo apunta a que fue fusilado.
Ni en la petición del fiscal se pide el agarrotamiento
ni en la prensa se menciona. Según el asiento del
Registro Civil, Eduardo Barriobero Herrán “falleció
en el Campo de la Bota el diez del actual (Febrero) a consecuencia
de hemorragia interna, según resulta del oficio recibido,
y su cadáver habrá de recibir sepultura en
el cementerio del Sudoeste.” La “hemorragia
interna” viene a abundar en que fue un pelotón
de fusilamiento el que dio fin a sus días, y el lugar,
el tristemente célebre Campo de la Bota, también.
Y
para terminar, estas palabras que Eleuterio Quintanilla
pronunció en su exilio francés al enterarse
de la muerte de Barriobero, palabras que fueron recogidas
por Ramón Alvarez Palomo en el libro que dedicó
al cenetista gijonés: “Tan infame crimen tendrá
su sanción oportuna en todos los sentidos. Y no me
refiero precisamente a la sanción histórica
que está descontada y será inapelable. Aludo
a la doble sanción popular y de la justicia republicana
para la villanía culpable de los verdugos y el culpable
abandono de los “otros”... Yo rezo estos días,
fervorosamente, la oración laica, íntima y
fraterna al gran amigo desaparecido. ¡Pobre y desgraciado
Barriobero! ¡Y pensar que nada he podido yo hacer
por él cuando estaba preso en Barcelona...!”
Capítulo
anterior.
