Capítulo
I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo
III
Eduardo Barriobero durante la II República
Eduardo
Barriobero había vuelto a acercarse a las filas federales
y se le ve aparecer en Julio de 1930 al frente de una comisión
reorganizadora de Madrid que convocó, para el mes
siguiente, una asamblea nacional y en Octubre, un congreso
federal en Barcelona. El fraccionamiento de las filas federales,
los sucesivos reagrupamientos, las alianzas con otros grupos
políticos o la aparición de nuevas tendencias
ha sido minuciosamente estudiado por el citado profesor
Agustín Millares Cantero en la tesis doctoral que
lleva por título: “Barriobero contra Franchy.
Los federales de Pí y Margall en la Segunda República
española”. Tesis que, resumida, ha sido publicada
bajo el título: “Franchy Roca y los federales
en el Bienio Azañista”.
A
finales de 1930, las filas federales seguían divididas
y enfrentadas. Eduardo Barriobero propugnaba la revisión
e inclusión en el programa oficial del Partido Republicano
Democrático Federal de las reivindicaciones sociales
que permitieran ejercer una atracción electoral sobre
las masas sindicalistas. Con Barriobero al frente
del partido oficial, la vuelta o no a la coalición
de la Alianza Republicana perdió importancia frente
a las prioridades programáticas y reorganizativas.
Tampoco se puede pasar por alto el papel de las relaciones
personales. No creo que ninguno de los conspicuos miembros
de la reunión de San Sebastián, del Comité
Revolucionario y, más tarde, del Gobierno Provisional,
sintiesen la más mínima simpatía por
Eduardo Barriobero, motejado como “el primer pistolero
de la nación” por su continuada labor como
abogado defensor de los sindicalistas de la CNT. A la enemiga
de Marcelino Domingo, antes reseñada, se unía
el desprecio de Lerroux y el odio de Azaña. Mirando
hacia atrás, ¿qué podía tener
en común Eduardo Barriobero con un Prieto, con un
Gabriel Maura o con un Alcalá-Zamora?
En
las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931, Gijón
y Sabadell fueron las ciudades donde los federales obtuvieron
mejores resultados, con once concejales en cada una.
Para interpretar el resultado electoral de Gijón
hay que tener en cuenta, como relata Antonio L. Oliveros,
las presiones ejercidas desde su diario, El Noroeste, y
la actitud de los sindicalistas de la CNT, resumidas en
estas palabras que pone en boca de Eleuterio Quintanilla:
“Los sindicalistas gijoneses, que hacemos el mayor
número de electores, vamos a hacer esta vez una excepción
con nuestro apoliticismo y acudiremos como un solo hombre
a las urnas, a votar por la República. Por tanto,
el partido republicano o liberal que no entre en la Alianza
será aplastado.” Así que en la Alianza
Republicana gijonesa se integraron no sólo los republicanos
federales, presididos por Manuel Conde, sino también
los reformistas de Melquiades Alvarez, pese a la oposición
tajante de éste. Fue nombrado alcalde de Gijón
un federal, Isidro del Río Rodríguez, y el
primer gobernador civil de la provincia designado por el
gobierno provisional fue otro federal, Pedro Vargas, miembro
del Consejo nacional del partido. Pedro Vargas renunciaría
al cargo, semanas después, para presentarse a las
elecciones a Cortes Constituyentes, saliendo elegido por
Valencia, pero en la candidatura del Partido Radical Socialista:
un ejemplo más de la inestabilidad que en las propias
filas federales provocaba la división y el enfrentamiento
interno.
El
Partido Federal que presidía Eduardo Barriobero fue
la primera organización política en exigir
al Gobierno provisional desde la prensa, dos días
después de proclamarse la República, la convocatoria
de elecciones a Cortes Constituyentes. Junto
con esa elemental reivindicación democrática,
quedó claro que el PRDF iniciaba oficialmente el
ejercicio de una oposición de izquierdas que tan
difícil resultaba de digerir a quienes se creían
que la izquierda eran ellos y nadie más.
Convocadas
las elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de Junio,
Eduardo Barriobero decidió presentarse por Asturias.
Se confeccionó una candidatura conjunta de los federales
y los sindicatos agrarios que habría de concurrir
por las minorías. De cara a estas elecciones, se
produjo en Asturias un suceso que tendría graves
consecuencias: el boicot de socialistas y radical-socialistas
a la candidatura del partido de Melquiades Alvarez.
Según nos cuenta Oliveros, Azaña, antiguo
correligionario de Melquiades Alvarez, estaba interesado
en atraer a éste a la colaboración con el
gobierno y las instituciones republicanas. Para estas elecciones,
Azaña ofreció a los melquiadistas ir en una
candidatura conjunta en Asturias en la que ellos tendrían
la mayoría de puestos. Melquiades Alvarez no aceptó
porque quería que el acuerdo se extendiese a otras
partes de España. Tuvieron lugar entonces los graves
sucesos del Teatro Campoamor, en Oviedo, cuando se iba presentar
la candidatura melquiadista, que competiría por las
mayorías con la gubernamental. Piquetes de jóvenes
socialistas y radical-socialistas, armados de piedras y
palos, reventaron el acto, que hubo de suspenderse; asaltaron
y destruyeron la sede ovetense del partido y obligaron a
Melquiades Alvarez, temeroso de un atentado, a abandonar
su domicilio y refugiarse en Gijón, en casa de un
yerno. La directiva del partido tomó entonces el
acuerdo de retirarse de las elecciones y de los puestos
que ocupaban en las instituciones. Todos menos el habilidoso
jefe, que aceptó el acta de diputado que Lerroux
le consiguió en Valencia.
En
ese ambiente, la candidatura federal-agraria que encabezaba
Barriobero se iba a beneficiar, sobre todo en Gijón,
además de la atracción que pudiera ejercer
sobre las masas cenetistas, de la benevolencia de los melquiadistas
y de su influyente periódico regional, El Noroeste.
No fueron muchos los actos electorales que se celebraron,
pues entonces los partidos no disponían de las fortunas
que el estado entrega hoy a las organizaciones políticas
para que las dilapiden en propaganda. Previsto para el domingo
y suspendido por la lluvia, el lunes cuatro de Mayo se celebró
un mitin federal en la plaza del Carmen de Gijón.
Junto con Eduardo Barriobero y Luis Zubillaga, secretario
del Consejo nacional del PRDF, intervinieron Manuel Conde,
presidente de la Agrupación Federal de Gijón;
Benigno Fernández, presidente de las Juventudes,
y Ramón Fernández, ex alcalde y jefe de la
minoría republicana en el ayuntamiento.
Sobre la intervención de Barriobero, la breve reseña
aparecida en “El Noroeste” destacó su
denuncia de que a pesar de haberse instaurado la República,
“los métodos del Gobierno y las instituciones
siguen siendo de cuño monárquico”. Barriobero
también señaló que la tarea de las
Cortes Constituyentes era reformar totalmente el régimen
e instaurar una República federal, y llamó
la atención sobre el peligro de la penetración
de los ex monárquicos en los organismos republicanos
y así como la ineludible necesidad de exigir responsabilidades
a los que participaron en la dictadura. Barriobero pidió
el apoyo circunstancial de los apolíticos, o sea,
de los cenetistas, en cuanto que la República sería
la garantía de su libertad y recordó que la
República federal no la otorgaba el estado, sino
que se construía pueblo a pueblo.
La
candidatura federal-agraria fue la más votada en
Gijón y la segunda en Asturias. Eduardo Barriobero
obtuvo en Gijón, según El Noroeste, 12.766
votos, frente a los 2.668 de Ramón Pérez de
Ayala, candidato más votado de la Conjunción
republicano-socialista, o los 1.369 logrados por José
Bullejos, secretario general y primer candidato del PCE.
A destacar que la participación electoral fue en
Gijón superior a la de Oviedo, lo que permite afirmar
con cierto fundamento que Barriobero consiguió arrastrar
a las urnas a un importante porcentaje de militantes de
la CNT.
También
salió elegido diputado otro federal, Manuel Rico
Avello, miembro de la agrupación de Oviedo, pero
que concurría a las elecciones formando parte de
la Conjunción republicano-socialista. Meses después,
Rico Avello sumaría su escaño a los de la
Agrupación al Servicio de República que lideraba
José Ortega y Gasset. Si no me equivoco, Manuel Rico
fue Alto Comisario en el Marruecos español, y ministro
en dos ocasiones, desempeñando las carteras de Gobernación
y Hacienda en los gobiernos presididos por Lerroux y Portela
respectivamente. Fue detenido y asesinado en Julio de 1936
en la Cárcel Modelo de Madrid.
El
miércoles dos de Junio, los diputados electos, Eduardo
Barriobero y Emilio Niembro, federales, y Angel Menéndez
y Angel Sarmiento, agrarios, llegaban a Gijón, donde
fueron objeto de un recibimiento espectacular.
Desde la Puerta de la Villa, la muchedumbre que aguardaba
su llegada les obsequió con ramos de flores y les
acompañó en manifestación por la calle
Corrida hasta la plaza de Galán, antigua del Carmen,
donde tenía su sede el Círculo Federal, desde
cuyo balcón pronunciaron breves palabras de agradecimiento.
El domingo siguiente, convocados por el alcalde, se celebró
en el Ayuntamiento una reunión en la que los representantes
de diversas entidades locales expusieron a los dos diputados
federales todos los asuntos que consideraban que debían
plantearse en Madrid.
La
representación del PRDF en las Constituyentes alcanzó
la veintena de diputados. Muchos de esos diputados
pasarían al cabo de muy poco tiempo a engrosar las
filas de otros grupos parlamentarios. En una situación
de gran efervescencia política y de aluvión
de nuevos militantes, el movimiento de diputados de unos
grupos a otros era entonces muy frecuente, estimulado en
no pocos casos por el reparto de cargos que la instauración
del nuevo régimen propiciaba. Por otra parte, las
filas federales sufrirían la erosión de la
división interna en dos sectores irreconciliables:
el de los partidarios de la colaboración con el gobierno,
que lideraba Franchy Roca, y el sector oficial, bajo la
dirección de Barriobero, situado en la crítica
de izquierdas al Gobierno y enfrentado a la mayoría
gubernamental de las Cortes.
El
PRDF, tanto por personalidad de su presidente como por el
respeto hacia ese republicanismo “de cepa y abolengo”
que pocos podían representar mejor que el hijo de
Pí y Margall, el diputado en las Constituyentes Pí
y Arsuaga, fue un polo de atracción, aparte de para
la militancia de la CNT, para sectores de la extrema izquierda
republicana, como los que personificaban el abogado y periodista
Angel Samblancat, o los ex oficiales del Ejército
Salvador Sediles y Antonio Jiménez; el propio Blas
Infante, ideólogo del andalucismo, que solicitó
por escrito su adscripción a las filas federales,
o la famosa Hildegart (¡y su madre, Aurora Rodríguez
Carballeira!) que, tras romper con el PSOE, ingresaron en
las filas del PRDF. Y pimargalianos se declararon, aunque
no pertenecieran al PRDF, Marcelino Domingo, ministro de
Instrucción Pública, Roberto Castrovido y
el propio Francesc Maciá.
Eduardo
Barriobero, a sus actividades de abogado, escritor y periodista,
añadió ahora las de presidente del PRDF y
portavoz de la minoría federal en las Cortes. Su
actividad parlamentaria fue intensa y en el Diario de sesiones
se recoge su intervención en más de 150 asuntos
diferentes. Por supuesto, también en la elaboración
de la nueva Constitución y de las leyes que la complementaban.
Pero Barriobero iba a destacar como una de las pocas
voces que desde la izquierda criticaban y denunciaban los
abusos de los gubernamentales, abusos que iban
desde los malos tratos a los detenidos en las comisarías,
a la conducta despótica de los gobernadores civiles.
Fue el centro de la vindicación de la supremacía
de los derechos ciudadanos frente a aquella ley
de excepción llamada “Ley de Defensa de la
República”. Miembro del Comité
Pro-presos de la CNT, fue el portavoz cualificado de los
presos sociales y políticos, y no desperdició
oportunidad para denunciar la pervivencia de los modos y
usos propios del régimen monárquico, tanto
en materia de orden público como en la administración
de justicia. Aprovechó conmemoraciones y cuantas
ocasiones se presentaban para demandar amnistías
e indultos. Criticó el estatuto catalán
en cuanto que restringía la autonomía municipal
y promovía la sustitución del viejo centralismo
madrileño por el nuevo centralismo barcelonés,
y también porque no se edificaba sobre los principios
federalistas de Pí y Margall, sino sobre los nacionalistas
de Prat de la Riba...
El
programa del Partido Federal entraba en colisión
en muchos aspectos con los artículos de la nueva
Constitución que se iban aprobando en las Cortes.
Barriobero fue uno de los pocos que denunciaron tanto el
plagio de la alemana de Weimar como el constante chalaneo
entre los distintos grupos, de tal manera que, por ejemplo,
algunos artículos eran claramente federalistas pero
iban seguidos de otros que los contrariaban y anulaban.
Pí y Arsuaga consideraba todo ello como motivo suficiente
para que el Partido Federal siguiese en la oposición.
Eran los federales partidarios de la supresión total
de la pena de muerte, incluso en el ejército y en
tiempo de guerra; proponían un ejército de
voluntarios en tiempo de paz, la supresión de los
impuestos sobre el trabajo, la gratuidad y obligatoriedad
de la enseñanza primaria, la soberanía popular
o del individuo frente a la de la nación, la reforma
y democratización de la justicia...; por no hablar
de la defensa a ultranza de la autonomía municipal
como base sobre la que levantar los pactos que llevasen
a la República federal.
Todos
estos aspectos, más el radicalismo anticlerical que
les enfrentaba a los sectores más conservadores de
las Cortes y del gobierno, que tuvo su punto álgido
en la en lo oposición a la dulcificación del
artículo 24 de la Constitución y el rechazo
frontal a la mencionada “Ley de Defensa de la República”,
tuvieron como consecuencia que Barriobero fuera
uno de los pocos diputados que no votaron favorablemente
la nueva Constitución republicana. Y solamente
cuando aquella ley de excepción fue derogada, en
Agosto de 1933, por una nueva ley de orden público,
fue cuando Barriobero expresó su acatamiento oficial
de la Constitución el día siete de Septiembre
de ese año.
Eduardo
Barriobero, que había defendido que la elección
de presidente de la República se hiciera por sufragio
universal directo en vez de por compromisarios, tampoco
se mostró partidario de la candidatura de Alcalá-Zamora
y propuso que en vez de un ex monárquico se eligiese
a una figura histórica y de intachable trayectoria
republicana como Pí y Arsuaga. El propio
Pí y Arsuaga, en declaraciones a la prensa, mostró
su preferencia por Lerroux, otro republicano de toda la
vida. Así mismo, la minoría federal votó
negativamente la confianza solicitada días más
tarde por el nuevo gobierno de Azaña. Eran la exigua
oposición de izquierda en las Constituyentes que
con sus denuncias y críticas ponían en apuros
al gobierno y a la mayoría que lo sostenía.
“Jabalíes” bautizó a los izquierdistas
de la cámara el “servidor de la República”
y, más tarde, protegido del franquismo, José
Ortega y Gasset. Es el jabalí, efectivamente, un
animal montaraz y de cualidades y estampa poco lucidas,
pero que tiene a su favor el vivir en libertad y no ser
aficionado a frecuentar los establos ni comer en los pesebres,
como otros.
A
principios de Febrero de 1932, los esfuerzos de Barriobero
culminaban en la formación de la Alianza de Izquierdas
en la que durante casi un año consiguió agrupar
a la extrema izquierda republicana no marxista. Más
allá de los puntos del programa que suscribieron,
lo que les unía quedaba resumido en esta frase: “con
la República, pero contra esta República”.
No estaban de acuerdo ni con puntos fundamentales de la
Constitución ni con la acción de gobierno
y afirmaban que los grandes males que afectaban
al país durante el régimen monárquico
se perpetuaban bajo el republicano.
La
Alianza estaba integrada a nivel central por Antonio Jiménez
y Salvador Sediles, militares retirados ambos y diputados
de la Extrema Izquierda Federal por Barcelona; Ramón
Franco, militar, y Angel Samblancat, abogado, escritor y
periodista, que habían obtenido el acta de diputados
por Barcelona en las filas de la Esquerra; Eduardo Ortega
y Gasset, Juan B. Botella Asensi y José A. Balbontín,
diputados procedentes de las primeras escisiones en las
filas de los radical-socialistas, más Rodrigo Soriano
y el propio Barriobero, diputados que junto con Niembro
y Pí componían la representación parlamentaria
oficial del Partido Federal, no integrándose en la
Alianza estos dos últimos y manteniéndose
en una posición centrista. Junto a ellos, los dirigentes
de la Izquierda Republicana Anticlerical Augusto Vivero
y Gómez Hidalgo, que serían los grandes dinamizadores
de la campaña de mítines que desarrolló
la Alianza.
No
cabe duda de que si la Iglesia Católica fue siempre
en España una fuerza reaccionaria, durante la II
República, desde el primer día hasta el último,
fue el centro aglutinador y dirigente de la conspiración
antirrepublicana. No es de extrañar, por
tanto, que la Izquierda Republicana Anticlerical a las pocas
semanas de su fundación contara ya con más
de cien mil afiliados, cuatrocientos de ellos en
Serían los anticlericales de La Coruña
los encargados de organizar el primer mitin de la Alianza
de Izquierdas. Tras éste, y hasta finales de 1932,
la Alianza daría más de medio centenar por
toda España, algunos de ellos suspendidos por los
todopoderosos gobernadores civiles. En Asturias, la Alianza
celebró en Junio dos actos, uno en Gijón y
otro en La Felguera. La asistencia a estos mítines
fue muy numerosa, celebrándose el de Gijón
en la plaza de toros, y el de La Felguera, en el campo de
fútbol. Intervinieron en ellos, junto a Barriobero,
José Antonio Balbontín, diputado por Sevilla;
Rodrigo Soriano, diputado por Málaga, Ramón
Franco, diputado por Barcelona, Luis Zubillaga, secretario
del PRDF, y Cánovas Cervantes, director del periódico
La Tierra. Los representantes de la Alianza también
efectuaron una visita a Candás, donde se les informó
de la paralización de las obras del puerto, paralización
que se achacaba a la venganza del ministro de Obras Públicas
por los malos resultados electorales cosechados en esa villa
marinera por la coalición republicano-socialista
gobernante. Era entonces ministro de Obras Públicas
Indalecio Prieto y antes había desempeñado
ese ministerio, denominado de Fomento, otro asturiano, Alvaro
de Albornoz.
Frente
al claro afán del gobierno y de las Cortes de prolongar
indefinidamente el período constituyente, Barriobero
y la Alianza pedían la celebración inmediata
de elecciones. Quizás creyendo, como era
lógico, que una vez aprobada la Constitución
éstas habrían de celebrarse en breve, la actividad
de la Alianza se centró, sobre todo, en la calle
y en informar y denunciar ante el público lo que
estaba ocurriendo. Tenían su programa, en
el que figuraba desde la nacionalización de la banca
hasta una reforma agraria que proponía la expropiación
y la explotación comunal de la tierra, y un objetivo:
desalojar del gobierno a los neorrepublicanos y a los socialistas.
Fueron de los pocos, sino los únicos, que denunciaron
y combatieron la discriminación y persecución
que desde el gobierno y sus aparatos de poder se llevaba
a cabo contra la CNT, mientras que, dueño del ministerio
de Trabajo, Largo Caballero y sus compañeros de gabinete
beneficiaban en todo lo que podían a la UGT. En todos
sus discursos, Barriobero no se cansaba de repetir que los
federales y la Alianza se encontraban más próximos
a la CNT que a ningún partido, y recordaba
que el propio Pí y Margall consideraba a la sección
española de la Internacional como la extrema izquierda
de su partido.
Al
producirse el fallido golpe de estado de Sanjurjo en Agosto
de 1932, los diputados de la Alianza recalcaron en sus intervenciones
parlamentarias que desde hacía mucho tiempo ya venían
denunciando el peligro y reclamando la necesidad de depurar
la administración y los aparatos coercitivos del
estado de elementos monárquicos, sin que ni gobierno
ni mayoría les hubieran hecho el más mínimo
caso. Y cuando en Septiembre se sometió a
votación el estatuto de autonomía para Cataluña,
elaborado sin consultar ni tener en cuenta a los ayuntamientos,
Barriobero, al igual que sus compañeros federales
Pí, Niembro y Soriano, se ausentaron del hemiciclo
para no participar en la votación.
El
final de la Alianza de Izquierdas cabe situarlo en Noviembre
de ese año, cuando se celebraron las elecciones al
Parlamento de Cataluña. Esas elecciones supusieron
la fragmentación de la Alianza en varias candidaturas
y la dispersión de sus miembros más destacados.
A un resultado catastrófico se vinieron a sumar las
agrias e ingratas diatribas que les lanzaban desde las organizaciones
confederales y periódicos anarquistas, en manos ya
del apoliticismo más extremo de la Federación
Anarquista Ibérica. Y como una consecuencia más
del aventurerismo que dominaba la CNT, se producirían
los dramáticos sucesos que tuvieron lugar en el pueblecito
de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz.
Como
se sabe, a primeros de Enero de 1933, la CNT lanzó
la consigna de huelga general en apoyo de las demandas de
los ferroviarios. Fue la provincia de Cádiz donde
la huelga tuvo mayor repercusión. En el pueblo de
Casas Viejas, los revolucionarios se hicieron con el poder
tras corta lucha con los cuatro guardias civiles del cuartelillo,
dos de los cuales murieron en los enfrentamientos. Se cortaron
las comunicaciones, todas las escrituras de propiedad
del Registro Civil fueron quemadas en una hoguera y se proclamó
el comunismo libertario. Hasta que fuerzas de la
“republicana” fuerza de Asalto, apoyadas por
la Guardia Civil, reconquistaron el pueblo. El último
foco de resistencia fue la cabaña del conocido como
“Seisdedos”. Frente a ella, los de Asalto emplazaron
ametralladoras y posteriormente le prendieron fuego. De
la familia de “Seisdedos”, hombres, mujeres
y niños, solamente hubo dos supervivientes y porque
consiguieron escapar en los primeros momentos. Reducida
a cenizas y dominado todo el pueblo, el teniente Rojas,
que mandaba a los de Asalto, autorizó la “razzia”
y la venganza. Doce hombres, sin armas en la mano,
fueron hechos prisioneros en sus casas, conducidos a las
tapias del cementerio y fusilados.
La
repercusión política de este hecho fue enorme,
agravada por la falta de sensibilidad y de agilidad política
de Azaña y su gobierno. Por desgracia, no se trataba
de un hecho aislado, sino de lo que habría de convertirse
en símbolo de la política de orden público
del gobierno de la República, sin que importase mucho
que el ministro de la Gobernación se apellidase Maura
o Casares Quiroga. La detallada estadística que el
diario La Tierra, dirigido por Cánovas Cervantes,
publicó el 14 de Abril de 1932 y, en la misma fecha,
un año después, no dejaba lugar a dudas. Pueblo
a pueblo y muerto a muerto, las fuerzas “republicanas”
de la Guardia Civil y de Asalto provocaron durante el primer
año la muerte de 166 ciudadanos y la de otros 121
más durante el segundo. Aplicación
de la ley de fugas, descargas sobre manifestantes indefensos,
torturas en las comisarías, deportaciones masivas
a Villacisneros, en el Sáhara español; por
no hablar de las detenciones gubernativas, la prohibición
de mítines y manifestaciones, el secuestro o censura
de periódicos y revistas, o la clausura de los locales
de sindicatos y partidos; todo ello llevado a cabo sin intervención
judicial, mediante una simple orden del gobernador civil.
Según cifras aportadas por Barriobero, unos meses
después del suceso de Casas Viejas, en Junio, había
en las cárceles españolas más de ocho
mil presos que no estaban sometidos a procedimiento judicial
alguno.
Al
abrirse el período de sesiones en Febrero, el asunto
de Casas Viejas centró la actividad parlamentaria
durante varios meses: comisiones parlamentarias, sumarios
judiciales, reportajes periodísticos como el realizado
por el que sería famoso novelista español,
premio Nacional de Literatura en 1935, Ramón J. Sénder...;
poco a poco se fue sabiendo la verdad y conociendo los entresijos
de la actuación policial. El teniente que mandaba
a los de Asalto fue detenido y el director general de Seguridad,
procesado. Como era un protegido de Azaña, el presidente
consiguió que el fiscal general de la República
retirara la acusación contra él. A dos votaciones
de confianza se tuvo que someter el gobierno, consiguiendo
superarlas a costa de generar graves tensiones entre los
grupos de la mayoría.
Desde
finales de 1932 se venía produciendo un proceso de
acercamiento entre las dos minorías federales del
parlamento, la intransigente con el gobierno que encabezaba
Barriobero y la más benevolente que dirigía
Franchy Roca. Los graves sucesos de Casas Viejas agruparon
a los dos bandos federales y los convirtieron en los principales
acusadores del gobierno. En esa situación y con un
ambiente favorable en la mayoría de las agrupaciones
federales, Joaquín Pí y Arsuaga convocó
una asamblea nacional del partido, que se celebró
a primeros de Abril. No sin ciertas tensiones, la asamblea
vino a ratificar la previa unidad parlamentaria que había
permitido que se constituyese una minoría federal
con catorce diputados. El eje central de la discusión
fue la postura del partido ante la coalición gubernamental
y, como suele ocurrir en estos casos, la unidad era más
aparente que real. La asamblea aprobó la colaboración
con otros partidos republicanos y con el socialista, tanto
a nivel gubernamental como electoral, únicamente
en el caso de que la pervivencia del régimen republicano
estuviera en peligro inminente.
En
Junio de 1933, lo que Azaña planeó como una
simple sustitución de ministros, Alcalá-Zamora
lo convirtió en crisis de gobierno. Las
presiones eran en dos sentidos: o que se formase un gobierno
netamente republicano sin la presencia de advenedizos ni
de los socialistas y que incluyese a los radicales de Lerroux,
o que los socialistas gobernasen en solitario. Alcalá-Zamora,
tras los fracasos de Besteiro y Prieto para formar gobierno,
tuvo que volver a encargar la formación del mismo
a Azaña, pero exigiéndole que ampliara la
base parlamentaria que sustentase al gabinete. Corrió
el rumor de que Alcalá-Zamora estaba dispuesto a
dimitir si Azaña no conseguía formar gobierno,
y en ese ambiente fue como se produjo la incorporación
de los federales a la coalición gubernamental en
la persona de Franchy Roca como ministro de Industria y
Comercio.
Como
el propio Barriobero reconoció, no se le concedió
a la minoría federal ni cuarenta y ocho horas para
reflexionar y negociar su participación en el gobierno.
De cualquier forma, se sabía que esta participación
estaba condicionada a la derogación de la “Ley
de Defensa de la República” y a que el Ministerio
de Trabajo no estuviera en manos de un socialista, aparte
de otros aspectos como el fin del veto a los radicales,
la nueva ley del jurado, amplia amnistía...
Este,
que sería el último gobierno presidido por
Azaña en el período constituyente, duró
hasta el mes de Septiembre. Le sucederían los gobiernos
de mayoría radical hasta la celebración de
las elecciones generales de Diciembre que darían
el triunfo a las derechas. De los federales, el primero
en manifestar su oposición a la presencia de Franchy
Roca en el gobierno fue el propio Pí y Arsuaga, contrario
a la colaboración con una República marcadamente
unitaria, postura ésta que contó con el entusiasta
apoyo de los federales gijoneses. Barriobero y algunos otros
diputados federales prefirieron, por delicadeza, alejarse
del parlamento para evitar tener que oponerse a los proyectos
del gobierno y dar lugar a las consiguientes tensiones internas.
Finalmente, Franchy Roca dimitiría el cargo en Septiembre
y la consecuencia fue la crisis ministerial que apartaría
a Azaña de la presidencia.
Los
federales celebraron en Octubre otra asamblea nacional para
analizar el período en el que se produjo la colaboración
ministerial. De esa asamblea salió el PRDF dividido
en cuatro sectores: el de los históricos, encabezados
por Pí y Arsuaga y proclives a la colaboración
con los radicales; el de los centristas de Niembro, el de
Barriobero y, caso aparte, la desmembración catalana.
En esa situación, se celebraron las elecciones de
1933 que darían el triunfo a la derecha. Aunque no
fue el único partido republicano que estuvo a punto
de desaparecer, no por eso dejó de ser menos desastroso
el resultado general que esas elecciones supusieron para
los federales: pasaron de catorce a tener solamente dos
diputados, y eso gracias a las coaliciones anudadas en Cataluña.
Eduardo Barriobero, que se presentó por Asturias,
Huelva y Logroño no pudo obtener el acta de diputado
por ninguna de esas provincias.
Durante
los primeros meses de 1934, Barriobero se retiró
del activismo político y retornó a sus labores
de abogado y a su afición de escritor. En
Junio visitó Gijón y pronunció en el
Ateneo Obrero una conferencia titulada: “Borrador
para un presupuesto republicano”, en la que denunció
los despilfarros realizados por los gobiernos republicanos.
La lucha contra ese despilfarro ministerial y contra el
“enchufismo” fue una de las constantes en la
actividad parlamentaria de los federales. El diario “La
Tierra” sacó a la luz pública las constantes
adquisiciones de automóviles para uso y disfrute
de las jerarquías gubernamentales y de sus familias.
El número de automóviles, la mayoría
de ellos americanos y caros, alcanzó en 1933 la cifra
de 537. En lo que se refiere al “enchufismo”
y acumulación de cargos, el mismo diario publicó
varias relaciones con los nombres de los diputados, los
cargos que acumulaban y los ingresos que obtenían.
Continuador de la tradición del partido pimargaliano
de defensa de la austeridad y de que cada hombre desempeñara
un solo cargo público, Barriobero recordó
al público gijonés que los gobiernos republicanos
parecían hasta entonces empeñados en cumplir
con la definición que de la acción de gobernar
había dado Helvetius a Montesquieu: “Arte
sutil de pasar el dinero de los bolsillos de los gobernados
al de los gobernantes.”
A consecuencia de una enfermedad, Barriobero estuvo durante
el verano ingresado en el hospital Santa Alicia. Llegó
Octubre de 1934 y estalló la Revolución. Triunfó
en Asturias durante unos días hasta que el Ejército
republicano, volcado con toda su fuerza sobre esta región,
derrotó a los revolucionarios. Comenzó la
represión: asesinatos, torturas, detenciones y consejos
de guerra. Y Eduardo Barriobero, como miembro del Comité
Pro-presos, acudió presto a la llamada para defender
a los perseguidos y a los derrotados ante los tribunales
militares. Conviene reseñar aquí el nombre
de otros dos miembros del Comité Pro-presos de la
CNT, uno era el abogado Benito Pavón, que acompañó
a Barriobero en los estrados de esos consejos de guerra.
El otro era Mariano Sánchez Roca, subdirector del
diario La Tierra y también abogado. Eduardo Barriobero
pertenecía también al Comité Nacional
Pro Amnistía, integrado por destacadas personalidades
de la izquierda como: Eduardo Ortega y Gasset, Juan B. Botella
Asensi, Luis Jiménez de Asúa, Augusto Barcia,
Cayetano Bolívar, Clara Campoamor, Dolores Ibarruri...
A
finales de ese año de 1934, Eduardo Barriobero publicó
dos nuevos libros: “Delitos de multitud” y “Galantería
sagrada. La mujer y los Santos Padres de la Iglesia Católica”.
Y meses después, en Mayo, saldría a la luz
pública su famoso estudio sobre la masonería
titulado: “La francmasonería. Sus apologistas
y sus detractores. Infundios, desmentidos y secretos revelados.”
Estamos
en la primavera de 1935 y se empiezan a producir acontecimientos
que van a tener no poca transcendencia en el futuro. Me
referiré, primero, al congreso de refundación
del PRDF que convocaron los federales democráticos
de Murcia y que se celebraría en Abril. Barriobero
fue nombrado presidente de esta rama federal que tendría
que convivir con la menos radical Izquierda Federal, de
Franchy Roca, y con el fundamentalismo histórico
del Partido Federal Pimargaliano de Pí y Arsuaga.
Por otra parte, el asturiano Alvaro de Albornoz trataba
de recomponer la unidad de acción entre las desarboladas
huestes republicanas ex gubernamentales en torno a un programa
común. Era la condición previa que les permitiría
negociar favorablemente en un futuro la recomposición
de otra alianza electoral con los socialistas. Y ello a
pesar de que un sector importante de la dirección
de la socialdemocracia española se hubiera escorado
hacia posiciones izquierdistas una vez que se habían
visto apeados del gobierno. Pero detrás de Albornoz,
el que mandaba era Azaña, y Azaña
puso el veto a todas las organizaciones republicanas situadas
a su izquierda, especialmente a los federales.
Porque Azaña, que despreciaba tanto la teoría
pimargaliana como a sus legítimos valedores y que
no olvidaba la acción opositora de los federales
con los gobiernos que presidió, sentía una
especial inquina hacia Eduardo Barriobero.
Cinco
años más joven que Barriobero, la animadversión
de Azaña hacia Barriobero venía de atrás.
La trayectoria vital de ambos me permite afirmar que tal
vez se conociesen desde el primer lustro del siglo. Por
sus escritos, por su actitud y hasta por su pose, es fácil
imaginar que antipatizasen desde el primer día. Lo
único que se sabe con relativa certeza tiene que
ver con la masonería. Parece ser que Manuel Azaña
solicitó la entrada en la masonería en la
misma logia a la que pertenecía Barriobero y éste
se opuso a su admisión. De ser cierto este hecho,
tendría que haberse producido antes de que Barriobero
pasase, en 1921, a la situación de masón durmiente,
es decir, sin militancia activa en la orden.
Azaña
no se molestó en disimular su odio hacia Barriobero
y en sus diarios no se cansó de denostarle.
Le llamó de todo: “sinvergüenza”,
“turbio y turbulento”, “abogado de las
malas causas” y hasta “delator”. No acabaron
ahí los epítetos, pues para Azaña,
Barriobero era un “republicano indeseable”,
“merodeador”, “cobarde” y “cínico”,
y, para rematar, dejó escrito en dichos diarios que
siempre le había tratado con el pie. A lo largo de
todo el período republicano y durante la guerra,
Azaña no desperdició la menor ocasión
que le permitiera eliminar a Barriobero de la vida pública.
En esa misma primavera de 1935 se iba a producir otro hecho
trascendente: Angel Pestaña, a la cabeza del sector
cenetista conocido como “los treintistas”, publicó
el manifiesto-programa que dio origen a la fundación
del Partido Sindicalista. Dadas sus relaciones anteriores,
sus coincidencias innegables y sus necesidades presentes,
Pestaña y Barriobero establecieron un acuerdo
de colaboración entre sus respectivos partidos y
celebraron varios mítines conjuntos, especialmente
en Cataluña, región levantina y Mallorca.
Pero esta alianza entre el naciente Partido Sindicalista
y el PRDF no tuvo ni la intensidad ni la continuidad que
Barriobero esperaba.
El
final de 1935 estuvo marcado por los casos de corrupción
que hundieron al Partido Radical de Lerroux y por la resistencia
de Alcalá-Zamora a entregar la presidencia del Gobierno
a Gil Robles, cuyas declaraciones y actuaciones le hacían
aparecer ante las masas republicanas de la nación
como el hombre que abriría las puertas a la instauración
un régimen fascista en España. Se llegó
así al segundo gobierno de Portela Valladares, la
disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones
generales para el 16 de Febrero.
El
partido más poderoso en la España de los años
treinta era el PSOE. Azaña se daba cuenta
que para asentar la república burguesa en España
y contener el ascenso imparable de la revolución
proletaria necesitaba de la colaboración socialista.
Por eso, una vez digerida la derrota electoral de 1933 y
aprovechando el retroceso momentáneo que supuso la
represión de la Revolución de Octubre, se
lanzó, en primera instancia, a la tarea de poner
orden, disciplina y racionalidad en las filas republicanas.
El primer paso fue llevar a cabo la unificación de
su partido, Alianza Republicana, con la ORGA gallega de
Casares y los radical-socialistas de Domingo y Albornoz,
dando el nombre de Izquierda Republicana a la organización
resultante. El segundo paso fue sellar una alianza con la
Unión Republicana de Martínez Barrio que había
abandonado las filas lerrouxistas y Gordón Ordás,
y con el grupo de Sánchez Román. Con esa fuerza
a sus órdenes, Azaña estaba ya en condiciones
de negociar con los socialistas otra reedición más
de la Conjunción republicano-socialista. Pero para
entonces era la socialdemocracia española la que
estaba profundamente dividida. El ala izquierda, o sea,
el sector caballerista del partido, de la UGT y de las juventudes,
estaba sometido a una presión constante por parte
de las otras organizaciones obreras. La radicalización
de las bases y la cuestión de la amnistía
para los miles de presos políticos de Octubre obligó
a la dirección socialista a transigir con la formación
de un frente electoral, todo ello en una línea de
continuidad con las alianzas obreras puestas en pie en Barcelona,
Madrid y Asturias desde principios de 1934.
El
15 de Enero, firmaban en Madrid el programa constitutivo
del Frente Popular los dirigentes políticos siguientes:
Amós Salvador por Izquierda Republicana, Bernardo
Giner de los Ríos por Unión Republicana, Juan
Simeón Vidarte y Manuel Cordero por el PSOE, Francisco
Largo Caballero por la UGT, Vicente Uribe por el PCE; José
Cazorla por las Juventudes Socialistas, Angel Pestaña
por el Partido Sindicalista y Juan Andrade por el POUM.
Básicamente, se trataba de un programa radical burgués
apoyado por las organizaciones obreras y en el que el PSOE,
para salvar la cara, había obligado a introducir
“la nacionalización de la tierra y su entrega
gratuita a los campesinos”, “el subsidio de
paro”, “la nacionalización de la banca”
y el “control obrero de la producción”.
Pero expresamente se hacía constar en el programa
que los partidos republicanos no aceptaban ninguna de esas
propuestas. En caso de victoria, según se decía
en la introducción, serían los partidos republicanos
los encargados de desarrollar este programa desde el gobierno
con el apoyo de los partidos obreros. En resumen que, como
todo el mundo sabe, lo importante y por lo que se votó
al Frente Popular fue por la amnistía para los miles
de presos políticos y sociales. Resta decir
que esa amnistía que arrastró a las masas
a las urnas no figuraba en el acuerdo previamente suscrito
por las fuerzas republicanas entre sí y
que el grupo de Sánchez Román se negó
a ir en coalición con los comunistas.
Los
dos partidos federales tenían en conjunto y en determinadas
provincias más fuerza electoral que muchas de las
organizaciones signatarias y, pese a ello y a que tanto
Barriobero como Franchy expresaron públicamente la
aceptación del programa del Frente Popular, Azaña
vetó su admisión en la coalición.
Por otra parte, y según era costumbre hasta entonces,
los partidos se ponían de acuerdo a nivel provincial
para elaborar las diferentes candidaturas. En este caso
no fue así, sino que se creó un comité
ejecutivo central que aprobaba o rechazaba la composición
de las diferentes listas provinciales.
Asturias
era de siempre una de las provincias donde más fuerza
tenían los federales de Barriobero. Los dirigentes
del partido hicieron una propuesta al resto de organizaciones
del Frente Popular en la que se reservaban dos puestos en
la lista electoral, uno de los cuales lo ocuparía
Barriobero. Fue vetado. Pensaron entonces sus seguidores
en organizar una candidatura por las minorías junto
con otras personalidades de la izquierda, pero, finalmente,
no se pudo llevar a efecto. A Barriobero le ofrecieron también,
con la aquiescencia de Companys, un puesto por Barcelona
en la lista de la Esquerra. No era una oferta altruista.
La Esquerra temía que la CNT y la FAI llevaran a
cabo una dura campaña llamando a la abstención
electoral como respuesta a la persecución que sufrían
ambas organizaciones. De ahí que el comité
electoral de la ERC pensase en incluir a Barriobero para
que les sirviese como pararrayos de la tormenta anarquista.
Cuando ya había aceptado y estaba con la maleta hecha
para participar en la campaña electoral, le tuvieron
que comunicar que “se le había puesto el veto
desde las alturas”. Quedó, pues, Barriobero
fuera de las Cortes, donde solo tuvo asiento uno de sus
compañeros de partido, Cordero Bel, que obtuvo el
acta por Huelva en la lista del Frente Popular y que, hay
que decirlo, superó en más de mil votos a
González Peña, aureolado por su participación
en la revolución de Octubre y preso en la cárcel
después de habérsele conmutado la condena
a pena de muerta impuesta en un consejo de guerra.
Peña también consiguió el acta por
la provincia onubense.
Barriobero,
después de renunciar a todos sus cargos en el partido,
se retiró a las tareas habituales de su vida particular:
ejercer la abogacía y escribir libros. Así
lo cuenta él mismo en “Memorias de un tribunal
revolucionario durante la República” que publicó
en Enero de 1937, reeditado por la editorial “Hacer”
en 1986.
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