Capítulo
II
Relato del asesinato del contralmirante Azarola:
Del
oprobio del consejo de guerra a la desalmada
sentencia y la cruel ejecución.
Las actuaciones de la Jurisdicción de Marina contra
Antonio Azarola están recogidas en la causa nº
19/36. En rollo aparte unido por cuerda a esta misma causa
figura la instruida contra Antonio Santamaría López,
alcalde socialista de Ferrol, otros dirigentes del Frente
Popular y el auxiliar 1º de Oficinas de la Marina,
Ramón Irazo Pérez de la Calleja.
El
procedimiento contra Azarola lo inició el coronel
auditor José García Rendueles, jefe de la
Auditoría de la Base Naval Principal de Ferrol,
mediante un oficio dirigido al vicealmirante jefe de la
Base que estaba fechado a las once de la mañana del
día veinticuatro de Julio, es decir, apenas dos días
después de que cesase la resistencia en la Base.
En ese oficio, en el que hay una velada acusación
hacia el propio vicealmirante Indalecio Núñez
Quijano, se dice lo siguiente:
“Excmo. Sr.: Habiendo llegado a mí noticia
de que en la tarde del 20 del actual dos camiones ocupados
por paisanos se presentaron en este Arsenal Militar requiriendo
la entrega de las armas del mismo “en cumplimiento
a lo pactado”; como Auditor y Jefe de los Servicios
de Justicia de esta Base Naval, ruego a V.E. que con toda
urgencia, tenga a bien manifestarme cuanto hubiese llegado
a su conocimiento, sobre dichos hechos; las medidas que,
en su consecuencia se hubiesen adoptado, y los motivos de
no haberse dado cuenta de los mismos en el acto ni hasta
este momento.”
Como
el objetivo de los sublevados era fusilar a Azarola, García
Rendueles se volcó en la tarea de fabricar los cargos
y dirigir el proceso a tal fin. Nombró juez
instructor al general de brigada de Infantería de
Marina, Jesús Carro Sarmiento, el cual designó
como secretario al capitán de Infantería de
Marina Mariano Camazano Romo. Leyendo las actuaciones,
una de las primeras impresiones que se saca es que el coronel
auditor García Rendueles parece actuar como juez
instructor, y el juez instructor, como su secretario.
Las acusaciones que García Rendueles propaló
y lanzó contra Azarola se referían a la presencia
de esos dos camiones con obreros que, supuestamente, acudieron
a la puerta del Arsenal para recoger las armas que el contralmirante
Azarola se habría comprometido a entregarles. Téngase
presente que tanto García Rendueles como el resto
de jefes rebeldes no dejarían de estar informados
de que el gobierno de la República ya había
ordenado el domingo diecinueve la entrega de armas al pueblo
para combatir la insurrección. Así mismo,
García Rendueles acusó a Azarola de abandono
de servicio frente a rebeldes y sediciosos, de ordenar la
apertura de las puertas del Arsenal para que entraran los
revolucionarios y de estar en connivencia con el alcalde
socialista de Ferrol y las organizaciones obreras para repartir
armas a los trabajadores en caso de que se declarase el
estado de guerra.
De
los doce testigos que prestaron declaración por escrito,
ninguno pudo afirmar que había estado presente o
había oído personalmente de labios del contralmirante
Azarola las afirmaciones de las que se le acusaba.
En este sentido, el día veinte de Julio, a las tres
de la tarde, la guardia de la puerta del Parque estaba al
mando del oficial 3º Naval, Guillermo Fojo, auxiliado
por el cabo de Infantería de Marina Antonio Tojeiro;
mientras que en la puerta del Dique estaban el oficial 3º
de Artillería Salvador Querol y el cabo de Infantería
de Marina Juan Sánchez. Estos cuatro testigos coincidieron
en negar que se hubieran presentado camiones con paisanos
para recoger armas. Sin embargo, contradiciendo a los anteriores,
el capitán de fragata y Ayudante Mayor del Arsenal,
Angel Suances Piñeiro declaró que “próximamente
a las dos y media de la tarde del día veinte se presentaron
en la puerta del Parque dos camiones ocupados por paisanos
pidiendo que se les facilitaran armas...” Al hacer
esa declaración, Angel Suances no solo apoyaba
la acusación contra Azarola, sino que autojustificaba
su decisión de cerrar las puertas del Arsenal, posteriormente
revocada por Azarola. Casi al final de su extensa declaración,
el juez instructor parece aconsejar a Angel Suances que
corrija el tiro y le repreguntó sobre el tema de
los dos camiones, si los había visto él personalmente
o se lo había contado el oficial de guardia. Angel
Suances recogió velas para afirmar entonces, contradiciéndose
y contradiciendo al oficial de guardia en la puerta, que
había sido éste quien se lo comunicó
verbalmente...
El
sábado, día veinticinco de Julio, el juez
instructor ofició al vicealmirante Núñez
decretando la prisión incomunicada del contralmirante
Azarola en las habitaciones que ocupaba en Capitanía
General. El domingo por la mañana, García
Rendueles dirigió a su vez un escrito al juez instructor,
general Jesús Carro Sarmiento, para que citase a
declarar al teniente coronel de Artillería, José
Fano; al general Comandante Militar de la Plaza, Ricardo
Morales; al jefe del Estado Mayor de la Base, Manuel de
Vierna, y al vicealmirante jefe de la Base Naval, Indalecio
Núñez, “para que manifiesten, como es
cierto, que el contralmirante Azarola no se recataba de
decir: que él por mediación y de acuerdo con
el alcalde Santamaría ponía a disposición
de los dirigentes de la huelga general revolucionaria, las
fuerzas todas del Arsenal (subrayado en el original) caso
de que se declarase el estado de guerra para sofocar dicha
huelga; y que así lo había manifestado ya
al Sr. Santamaría.”
El
teniente coronel de Artillería, José Fano,
en su declaración, fechada el lunes veintisiete,
afirmó, entre otras cosas, que en la reunión
celebrada en el despacho del general Morales oyó
decir que “el general Azarola ya se había declarado
en Cantón independiente y que había puesto
en libertad a los detenidos o presos por orden del vicealmirante
jefe de la Base, contraviniendo la orden dada por este último
de estar detenidos; que había dicho el citado general
Azarola que consideraba un acto de provocación la
declaración del estado de guerra y que si éste
se declaraba permitiría la entrada de todos los obreros
en el Arsenal para armarlos, para lo cual estaba en inteligencia
con el alcalde Sr. Santamaría; esto causó
el estupor o asombro de muchos de los congregados,,,”
El teniente coronel Fano confesó que no podía
precisar si lo anterior lo había dicho el capitán
de corbeta Suances (Pablo Suances Jáudenes).
El
general Morales declaró que había oído
las palabras citadas anteriormente en la junta de jefes
que se celebró en la Base Naval, sin poder precisar
quién las pronunció por no conocer a la mayoría
de los marinos allí presentes. Por otra parte, el
general Morales también dijo que en una reunión
que tuvo anteriormente con el vicealmirante Núñez,
se encontró con el contralmirante Azarola, y al hablar
de una hipotética declaración del estado de
guerra, Azarola ya manifestó su disconformidad con
tal medida por considerarla ilegal al no emanar del gobierno
constituido, por cuyo motivo, si éste se declaraba,
él se inhibiría de todo y se encerraría
en sus habitaciones del Arsenal por no estar conforme con
tal determinación.
Tanto
el vicealmirante Núñez como el capitán
de navío Manuel Vierna tampoco pudieron afirmar haber
oído al contralmirante Azarola pronunciar las frases
famosas, pero Vierna aprovechó su declaración
para añadir una nueva “acusación”
contra Azarola: la de reunirse con frecuencia en su despacho
con periodistas y obreros, y visitar a menudo al alcalde
Santamaría, que era socialista, y tener
amistad con el diputado Lorenzo; remachando todo ello al
definir a Azarola como un hombre de izquierda avanzada y
que le había conminado a dejar su destino de jefe
de Estado Mayor (recuérdese que había sido
cesado por el ministro de Marina).
El
día veintinueve compareció ante el juez instructor
el capitán de corbeta Pablo Suances Jáudenes
al que se le formuló la siguiente pregunta: “Diga
si delante del teniente coronel Fano y otros jefes y oficiales
manifestó el declarante que el general Azarola consideraba
un acto de provocación la declaración del
estado de guerra y que, si éste se declaraba, permitiría
la entrada de todos los obreros para armarlos, para lo cual
estaba en inteligencia con el alcalde Sr. Santamaría.”
Pablo Suances respondió que sí, que lo dijo
a título informativo y en base a las noticias que
llegaban al Estado Mayor y añadió que tenían
noticia de que Azarola había hecho manifestaciones
en el sentido de que no se obedeciesen las órdenes
del Estado Mayor.
Ese
mismo miércoles, día veintinueve, el contralmirante
Azarola fue conducido al cuartel de Infantería de
Marina, llamado de “Dolores”, donde quedó
preso e incomunicado, bajo custodia del teniente
coronel de dicho cuerpo Enrique de la Huerta. Presos e incomunicados
en el cuartel del Regimiento de Artillería de Costa,
a petición del mismo juez instructor, estaban desde
el lunes el alcalde Santamaría y el concejal Morgado.
El médico Jaime Quintanilla, socialista, que fue
el primer alcalde republicano de Ferrol y presidía
la Federación Socialista de La Coruña, se
encontraba en igual situación a bordo del barco prisión
“Plus Ultra”.
Al
día siguiente, el general de Infantería
de Marina, Jesús Carro, declaró procesado
al contralmirante Azarola bajo la acusación de abandono
de destino frente a rebeldes y sediciosos, y por estar en
connivencia con el alcalde Santamaría para facilitarle
armas y auxilios para la huelga general revolucionaria.
El instructor consideró que estos hechos revestían
los caracteres de un delito previsto y penado en el artículo
161 del Código Penal de la Marina de Guerra. Al notificársele
el auto de procesamiento al contralmirante Azarola, se le
volvió a tomar declaración. Azarola se ratificó
en lo que ya tenía dicho, pero añadió
que cuando el día veinte a las tres y cuarto
de la tarde le visitó el comandante de Artillería
para, en definitiva, “proponerle que se sumara a una
rebelión militar en la que participaban todos los
elementos de la Plaza. El que declara, no pudiendo sumarse
a un movimiento del que, por otra parte, carecía
de la menor noticia hasta aquel instante, y desconocía
completamente su carácter, alcance y color, expresó
a dicho comandante la imposibilidad absoluta en que se hallaba
de romper los sagrados compromisos que tenía contraídos
con el Gobierno de la Nación, pero que en vista de
que dicho movimiento le parecía inspirado en altos
fines, no se opondría en lo más mínimo
a su desarrollo, considerándose inhibido del mismo
y ofreciéndose al Sr. Gobernador Militar como detenido
a su disposición desde aquel mismo momento, momento
en que todavía el declarante no tenía la menor
noticia de que se hubiese realizado el menor acto de agresión
a nadie. Entregando el mando del Arsenal. Durante el resto
del desarrollo de los sucesos cumplió lealmente su
palabra de no tomar parte en absoluto en el curso de su
desarrollo”. A todo esto añadió
Azarola que “con referencia a la alusión que
se hace de que el declarante haya podido estar en relación
con el alcalde de Ferrol, Sr. Santamaría, para facilitar
armas al pueblo, solo tiene que declarar que le parece tan
monstruosa esa suposición que no encuentra palabras
ni epítetos que aplicar al monstruo que haya imaginado
tan sucio desatino (...)”.
Azarola
nombró defensor al capitán de navío
Francisco Moreno Fernández, “teniendo un esencial
y verdadero interés en que dicho jefe sea su defensor”.
Pero Moreno no creo que estuviese, precisamente, por la
labor. Rechazó el nombramiento y comunicó
al juez instructor que acababa de ser nombrado Jefe de la
Flota y miembro de la Junta de Defensa Nacional, motivo
por el cual tenía que partir inmediatamente para
Burgos. Ese mismo día, tras conocer la renuncia de
Moreno, Azarola nombró otro defensor. Se
trataba del también capitán de navío
Pablo Hermida Seselle, que sí aceptó el cargo.
El
general Jesús Carro dio entonces por finalizada la
instrucción y, tras redactar el resumen de lo actuado,
hizo entrega del sumario en la secretaría de la Auditoría
de la Base. Constaba éste de ciento dos folios
útiles, que equivalen al doble de páginas,
manuscritas en su casi totalidad. El auditor ordenó
entonces que se suspendiera la causa respecto de las otras
personas que pudieran aparecer relacionadas con la misma
(alcalde Santamaría, concejal Morgado), y se prosiguiese
“por el supuesto delito de abandono de servicio contra
el contralmirante Azarola”, y que pasasen los autos
al fiscal para que formulase sus conclusiones provisionales.
Era
fiscal de la Base Naval Luciano Conde Pumpido, coronel auditor,
que años más tarde formó parte del
primer Tribunal Supremo de Guerra y Marina del franquismo.
Conde Pumpido formuló sus conclusiones provisionales
al día siguiente, treinta y uno de Julio, coincidentes
básicamente con el auto de procesamiento, pero pidió
que el contralmirante Azarola ampliase sus declaraciones
en lo referido a las dos conferencias telefónicas
que mantuvo durante la visita del comandante López
Uriarte y otros puntos conexos. A juicio del fiscal,
“procede imponer al procesado, Excmo. Sr. Contralmirante
D. Antonio Azarola Gresillón la pena de muerte.”
Asistido
por su defensor, el capitán de navío Hermida
Seselle, Azarola compareció de nuevo ante el juez
instructor y se volvió a ratificar en todo lo que
ya tenía declarado, añadiendo solamente una
serie de puntualizaciones. La primera, que durante la conversación
con el comandante López Uriarte jamás prestó
su asentimiento ni conformidad a la salida de las fuerzas
a la calle. Azarola volvió a recalcar que su decisión
era firme, pese a ver con simpatía los altos fines
en que se inspiraba el movimiento militar. Llegado a ese
momento de la declaración, Azarola aprovechó
para lanzar un salvavidas a su propio hijo: ”hasta
el punto de que uno de los adheridos al mismo es su propio
hijo, alférez de navío y 2º comandante
del torpedero 7, (que) estaba en los momentos críticos
de más actividad en el ataque al Arsenal, a las órdenes
del capitán de navío don Francisco Moreno”.
El
alférez de navío Antonio Azarola Fernández
se encontraba en las dependencias privadas del contralmirante,
probablemente para comer junto con sus padres.
No se sabe cuál fue su actuación al iniciarse
los combates en la Base. La tripulación del torpedero
nº 7, que se encontraba en dique seco, permaneció
encerrada en el mismo sin tomar partido. Cuando el contralmirante
Azarola y su mujer fueron evacuados en el camión
blindado, parece que el contralmirante quería que
fuese con ellos también su hijo, pero fue la madre
la que se opuso y dijo que “Antoñito debía
de correr la suerte de sus compañeros”. Días
más tarde, el capitán de navío Francisco
Moreno le nombró ayudante personal suyo, pasando,
se supone, destinado a Burgos. El hijo del contralmirante
Azarola había hecho la carrera de ingeniero eléctrico
en Bélgica, en el Institut d’Electricité
Montefiore de Lieja. En 1946 era capitán de corbeta
y estaba destinado como comandante del submarino “C-2”.
También fue profesor de la Escuela Naval de Marín
y escribió un libro de texto sobre su especialidad,
libro que estuvo vigente en el plan de estudios de la Escuela
Naval durante muchos años.
Además,
una sobrina del contralmirante Azarola, Amelia, hija del
ingeniero Emilio Azarola, se había casado en Octubre
de 1931 con el famoso aviador Julio Ruiz de Alda, falangista
de primera hora y presidente de la junta política
de ese partido. Como se sabe, Ruiz de Alda fue asesinado
en la cárcel Modelo de Madrid tras el asalto a la
misma que tuvo lugar el día veintitrés de
Agosto de 1936.
Volviendo
a la ampliación de lo ya declarado que hizo el contralmirante
Azarola, éste reiteró que su actuación
en nada había sido contraria al movimiento militar,
“aunque sin participación activa en él
por estimar que un compromiso de honor, de caballerosidad
y de dignidad le imponía una adhesión incondicional
al Gobierno de la República, del cual, por haber
formado parte y convivido con varios de los elementos que
en aquel momento lo constituían, entre ellos el Sr.
Giral, al que entregó la cartera de Marina y con
el que había sido veinte meses subsecretario (...)”.
También aclaró que su negativa a sacar las
tropas a la calle y declarar el estado de guerra no era
debida a compromiso alguno con elementos populares o autoridades
civiles sino a su propia experiencia, cuando el primero
de Mayo de ese mismo año, siendo él jefe de
la Base, se había convocado una huelga general, y
de acuerdo con el gobernador militar solicitó al
ministro de Marina autorización para la declaración
del estado de guerra y “el Sr. Giral, ministro de
Marina, en forma terminante, se lo prohibió, diciéndole
que el estado de guerra no debía ser declarado nunca
sin orden del Gobierno”. Azarola aprovechó
también para aclarar que poco antes de la entrevista
con el comandante de Artillería López Uriarte,
le había telefoneado el vicealmirante Núñez
para anunciarle que se decía que iban a detenerle,
por lo que estaba obsesionado con esta idea. También
en la conversación que mantuvo con el alcalde Santamaría
para interesarse por la situación del orden público,
el alcalde le dijo que tanto él como el gobernador
civil de La Coruña creían que Azarola estaba
detenido, a lo que él contralmirante respondió:
“algo de eso hay”. Que cuando pronunció
la frase “esto no es lo convenido” se refería
a la declaración de la huelga general en Ferrol,
toda vez que las instrucciones del Gobierno especificaban
que no debía anticiparse tal declaración a
la del estado de guerra, respondiéndole el alcalde
que la huelga tenía el carácter de “expectante”
y no se convertiría en revolucionaria si no se declaraba
el estado de guerra. Azarola le dijo al alcalde que se consideraba
detenido en su residencia a disposición de la autoridad
militar. Lo mismo le manifestó después al
comandante López Uriarte pidiéndole que lo
notificase al gobernador militar, convencido como estaba
de que la huelga era pacífica. Recalcó Azarola
que cuando estalló el tiroteo en el Arsenal ya había
resignado el mando y recluido en sus habitaciones como detenido.
Al ser preguntado sobre el espíritu de indisciplina
existente en las fuerzas del Arsenal y buques, Azarola
volvió a repetir que no tuvo noticia alguna del menor
acto de indisciplina y que los jefes de buques y dependencias
no le habían remitido ni parte ni queja alguna.
Llegados a ese punto, se dio por finalizada la comparecencia.
El
auditor de la Base, García Rendueles, había
señalado la fecha del dos de Agosto para la celebración
del consejo de guerra, por lo que los sucesivos plazos de
que disponía el defensor para los distintos trámites
eran solamente de unas pocas horas. El capitán de
navío Pablo Hermida, nada más recibir el auto
de procesamiento, se dirigió, en primer lugar, al
vicealmirante jefe de la Base solicitando la revocación
o modificación de dicho auto, pues consideraba que
su defendido había resignado el mando y entregado
el mismo por teléfono al Ayudante Mayor del Arsenal
antes de que se produjera ningún hecho violento.
Este escrito, fechado el treinta de Julio, fue desestimado.
Al día siguiente, se le entregó la
causa completa para que en el plazo de ocho horas formulase
sus conclusiones.
Al
redactar sus conclusiones provisionales, Hermida Seselle
argumentó, además de lo ya apuntado en las
declaraciones del propio Azarola, que todos los
mandos militares conocían con anterioridad la postura
del contralmirante Azarola respecto a la declaración
del estado de guerra y a sacar tropas a la calle, y que
por conocerla bien ya no le habían invitado a asistir
a la junta de jefes celebrada al mediodía del lunes
veinte de Julio en el despacho del vicealmirante jefe de
la Base. Por la misma razón, desde el Estado
Mayor se dieron órdenes sin someterlas a la previa
aprobación del contralmirante Azarola, tales como
el cierre de las puertas del Arsenal y el emplazamiento
de ametralladoras y cañones de desembarco apuntando
a las mismas. De igual modo, proseguía Hermida
Seselle, había que interpretar la visita del comandante
de Artillería Miguel López Uriarte, que no
era para conocer lo que ya era conocido, sino para averiguar
si Azarola se enfrentaría a la sublevación
y detenerlo. El defensor pidió, como diligencias
de prueba, que se tomase declaración al vicealmirante
jefe de la Base en torno a una serie de cuestiones precisas
y que se ampliase la del corbeta Pablo Suances.
El
fiscal Luciano Conde Pumpido, por su parte, se ratificó
en su acusación y ambos escritos de conclusiones,
los de la defensa y el fiscal, fueron admitidos por el juez
instructor. No obstante, el instructor declaró que
no había tiempo para practicar las pruebas que proponía
la defensa y envió la causa al auditor para que resolviese.
El día uno de Agosto, el auditor García Rendueles
ordenó la celebración del consejo de guerra
de oficiales generales y concedió tres horas a las
partes para que realizasen todos los trámites. Admitió
la prueba propuesta por la defensa, que se practicaría
ente el propio Consejo de Guerra. Dio orden para que fueran
también citados, por si el tribunal estimara oportuno
que prestasen declaración, el Ayudante Mayor del
Arsenal, Angel Suances Piñeiro, y el capitán
de fragata Manuel Arnáiz, secretario de la Comandancia
de Arsenales.
A
las nueve de la mañana del día dos de Agosto
de 1936, dio comienzo el consejo de guerra. Presidía
el tribunal el contralmirante más antiguo de los
designados como vocales, que lo era Aquiles Vial y Bustillo,
y lo completaban los contralmirantes Victoriano Sánchez
Barcaiztegui y Antonio Trullenque Iglesias, el general de
Artillería de la Armada Manuel Vela Bermúdez,
el general de Intendencia de la Armada Manuel González
Lobato y el general de Sanidad de la Armada Faustino Belascoain
Landa. Figuraban como vocales suplentes los coroneles
Juan González González, jefe del Regimiento
de Infantería Mérida nº 35, y Antonio
Corsanego, jefe del de Artillería de Costa nº
2. Actuó como vocal ponente el comandante
auditor de la Armada José Gómez de Barreda
y como fiscal, el ya citado coronel auditor Luciano Conde
Pumpido.
El
consejo de guerra se celebró en audiencia pública
en una sala del cuartel de Dolores habilitada a este fin.
El contralmirante Azarola no asistió al mismo hasta
el momento de la lectura de la defensa por el capitán
de navío Pablo Hermida Seselle. Del acta
en que se recogió el resumen de lo actuado en el
consejo de guerra, lo más interesante son las declaraciones
del vicealmirante Indalecio Núñez, jefe de
la Base Naval. Respecto al asunto de las puertas, lo que
el vicealmirante jefe ordenó a Azarola fue que se
cerrasen las puertas de la Constructora Naval tan pronto
como los obreros abandonaran el trabajo y fuerzas del “Cervera”
se encargasen de la vigilancia de dichas puertas. Respecto
a la puesta en libertad de los auxiliares radiotelegrafistas
de la Estación Radio y del gonio, Núñez
aclaró que Azarola le llamó por teléfono
para decirle que esas detenciones habían provocado
entre el personal mucha efervescencia y que convenía
dejarlos libres, autorizándole el vicealmirante a
ello. Pero más tarde, hacia las doce del día
veinte, el jefe del Estado Mayor le dijo que los tenía
allí detenidos y vigilados por fuerzas de Marinería
e Infantería de Marina. Respecto a la detención
del contralmirante Azarola, el vicealmirante Indalecio
Núñez declaró “que a él
le comunicó el Jefe del E.M. que el Gobernador Militar
de la Plaza iba a ordenar que detuvieran al Sr. Azarola
y que convenía decírselo a él, comunicándole
por teléfono que se decía lo iban a detener,
ocurriendo esto a raíz de terminar la Junta de Jefes,
de una a dos de la tarde, y que ello fue bastante antes
de declararse e iniciarse el tiroteo, ignorando
el resto de la pregunta; que el Sr. Azarola contestó
cuando le dijo que le iban a detener: “bueno, eso
ya lo veremos”. Por último, Núñez
dijo también que creía que Azarola estaba
aún al mando cuando empezó la huelga, pero
que no podía saberlo con certeza por estar cortadas
las comunicaciones. En este punto, surge una duda:
¿qué comunicaciones estaban cortadas? No las
del despacho del contralmirante Azarola, pues habló
por teléfono con el alcalde. ¿Entonces, habrían
dejado incomunicado al vicealmirante jefe de la Base en
el momento clave de iniciarse la sublevación y los
combates?
Declararon
en contra de Azarola los capitanes de fragata Angel Suances
y Luis Vierna y el comandante de Artillería López
Uriarte, mientras que otros dos testigos, el capitán
de corbeta Manuel Arnáiz y el teniente coronel de
Ingenieros Modesto Blanco nada significativo aportaron en
sus declaraciones. El fiscal y la defensa dieron lectura
a sus escritos y, a continuación, el presidente preguntó
al acusado si tenía algo que alegar. El contralmirante
Azarola debió de hacer una larga y apasionada intervención,
pero quedó recogida de forma tan esquemática
y deslavazada que no merece la pena reproducirla. Es
una lástima que esta última intervención
del contralmirante no hubiera sido tomada taquigráficamente
y conservada como pieza histórica de gran valor.
Tras
la intervención de Azarola, abandonaron la sala todos
los asistentes, excepto los miembros del Consejo, que quedaron
reunidos en sesión secreta para deliberar y dictar
sentencia. En los “resultandos” y “considerandos”
de la sentencia, escrita a mano en cuatro folios, tres de
ellos por las dos caras, con letra que parece la del comandante
auditor José Gómez de Barreda, se recogieron
“a por b” todas las conclusiones del fiscal
y se condenó al contralmirante Azarola a la pena
de muerte.
El
mismo día dos, el auditor José García
Rendueles, aprobó la sentencia dictada y ordenó
que antes de comunicarla al reo se pusiera en conocimiento
del gobierno, radiándola a la Junta de Defensa Nacional,
en Burgos, y devolviendo la causa al instructor para que
continuase con toda urgencia la tramitación de los
demás extremos. Al día siguiente,
se recibió el telegrama con el “enterado”
de la Junta de Burgos. El auditor ordenó entonces
que se notificase al reo y que la ejecución tuviera
lugar a las seis de la mañana del día cuatro.
Antes
del amanecer, ya estaban en el lugar destinado a la ejecución,
en la trasera del cuartel de Dolores, las fuerzas designadas,
en formación, junto con el juez instructor y el secretario,
el comandante médico y otros testigos. Formaban el
cuadro un piquete de marineros, otro de infantes de Marina
y otro del Regimiento de Infantería Mérida
nº 35. A las seis en punto, conducido por el
piquete de Marinería que le había estado custodiando,
llegó el contralmirante Azarola. No llevaba uniforme
y, tal y como había dicho y a pesar de lo ordenado,
vestía de paisano. Le acompañaba el sacerdote
que había pasado con él esas últimas
horas. Colocado en el lugar estipulado, Azarola intercambió
unas últimas palabras con el sacerdote. El piquete
de Marinería que le daba frente fue el encargado
de fusilarle. Tras la descarga, el cuerpo fue examinado
por el comandante médico, que certificó su
muerte. Entonces, las bandas de música tocaron marcha
y las fuerzas desfilaron por delante del cadáver
dando vista a éste.
El
cuerpo sin vida del contralmirante Azarola fue conducido
al cementerio en una ambulancia, haciéndose cargo
de él, en nombre de la familia, su defensor en el
consejo de guerra, el capitán de navío Pablo
Hermida Seselle. En la actualidad, los restos del contralmirante
reposan en el cementerio de Villagarcía de Arosa
junto a los de su mujer, fallecida en Febrero de 1947.
El
capitán de navío Pablo Hermida Seselle, que
había sido nombrado director de la Aeronáutica
Naval en Noviembre de 1933, tras el consejo de guerra contra
Azarola fue residenciado forzoso en Lugo y en los estadillos
de la Armada de 1942 ya no estaba en servicio activo, sino
en la reserva
Pero
no pararon ahí las desgracias del contralmirante.
Aún después de muerto, sus enemigos no se
privaron de acusarle de enriquecimiento ilícito.
Su hijo, Antonio Azarola Fernández, finalizada ya
la guerra, tuvo que defender el honor de su padre ante el
Tribunal de Responsabilidades Políticas y demostrar
su inocencia frente a esta postrera acusación. Después
de buscar y rebuscar, se pudieron presentar los documentos
que acreditaban que las acciones y títulos bursátiles
procedían de la herencia recibida por la mujer del
contralmirante Azarola, hija de un almirante de la Armada.
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