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Oficina de Defensa del Anciano | Asturias Republicana |
Se
debe auditar el proceso famacológico en las residencias de ancianos,
desde la compra a la dispensación al anciano enfermo Por Marcelino Laruelo.
Pero mientras las clases mangoneantes (antes, establishment) siguen dando la matraca, el pueblo, la gente humilde y necesitada, sufre y padece en silencio. A una anciana la llevaron al servicio de urgencias hospitalario y la tuvieron casi veinticuatro horas en una camilla de “boxes” (¿le darían algo de comer y de beber?, lo dudo). Motivo: infección de orina que no se atajaba con los antibióticos corrientes. La devolvieron a la residencia de ancianos con la “vía” puesta para que un equipo de asistencia domiciliaria le pusiera la siguiente dosis. A nadie le importó que esa señora, que esa anciana, tuviera que volver al día siguiente a Cabueñes para una revisión de la reciente operación de cadera. Coste del taxi: 30 euros, paga la anciana. Coste de la asistencia domiciliaria: se desconoce, paga el Sespa. Coste de lo que hicieron sufrir a la anciana: indeterminado. ¿A quién se le pueden pedir cuentas? A nadie. Y así lo van hundiendo todo. La violencia con los ancianos en las residencias aprovechando la supremacía, la dominación y la impunidad: ¿puede ser posible que no merezca la atención de ningún organismo del estado ni de ningún ente social? ¿No es maltrato y discriminación que las mujeres, por su edad y por su estado de indefensión, estén condenadas a sufrir indefinidamente ese tipo de infecciones? Sin entrar en detalles escabrosos y prácticas erróneas, ¿por qué a los ancianos se les administran tan alegremente antibióticos (y todo tipo de medicamentos) mientras que con el resto de ciudadanos se actúa con criterios muy restrictivos? ¿Qué resultado daría una auditoría independiente del proceso farmacológico, desde la compra y recepción de los medicamentos hasta su administración al anciano en la residencia? Un detalle: personas que no ven de cerca ni tres en un burro, sin gafas, machacando pastillas en el mismo mortero y mezclándolo con la comida. Y no hablemos de las gotas de Haloperidol, que doblan a un caballo y es el equivalente moderno de las mazmorras y grilletes medievales. Existen en algunas residencias de ancianos asociaciones de familiares que tratan de velar por el buen funcionamiento de la residencia y el respeto a los derechos de los ancianos, como personas y como ciudadanos. Hacen lo que pueden y les dejan. Pero todos sabemos que nuestros familiares están allí de rehenes. Los directores/as, todos ellos de reconocida “progresía”, y la señora consejera deberían de establecer normas para facilitar, en vez de impedir y obstaculizar, que los directivos de esas asociaciones de familiares pudieran presentarse en el comedor y comprobar qué y cómo sabe lo que les ponen a los ancianos para comer, si está caliente o frío, si es abundante o escaso. Deberían estar autorizados a entrar en la cocina, a visitar la lavandería y a reunirse con los ancianos, los familiares y el personal, y acabar con la discriminación de los trabajadores de las subcontratas. ¿Por qué no se subcontrata a los directivos y demás mandamases de ERA y de la Consejería en vez de a las señoras de la limpieza, la cocina y la lavandería? Pues porque tenemos a una consejera de Malestar Social que considera normal cobrar el veinte por ciento de los ingresos personales por el alquiler de un piso de Vipasa, y el 300 ó 400 por ciento por una habitación compartida a los ancianos, y no mandarles el recibo. Esos ancianos indefensos que son las víctimas propiciatorias de esta sociedad (¿).
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