El silencio del Gobierno
regional, y el de los ayuntamientos de Gijón, Llanera, Oviedo,
Mieres y Lena, es una grave dejación de responsabilidades ante
una situación intolerable como la padecida estos días
en los servicios ferroviarios de largo recorrido.
Silencio y pasividad
Por
José Antonio Rodríguez
Canal.
(12-2-2018)
En mayo de 1972,
en mayo, no en pleno invierno, las nevadas obligaron a cerrar al tráfico
el puerto de Pajares, pero el aislamiento de Asturias con la meseta
solo afectó a la carretera, no se produjo por vía férrea.
A propósito de la situación creada, el director general
de Carreteras y Caminos Vecinales de cuando entonces, de cuando toda
la cuestión viaria dependía de Madrid, don Leopoldo Doadrio,
no en un rapto de humor negro, sino con toda seriedad, dijo que “la
barrera de Pajares tiene un principal significado psicológico,
ya que el puerto difícilmente se cierra”. Tan singular
interpretación de la realidad dio mucho juego y EL COMERCIO,
por medio de su director, Francisco Carantoña, llevó a
cabo una contundente campaña, cargada de ironía y mordacidad,
en demanda de que fuera derribada la “barrera psicológica”
payariega. Pero tuvieron que pasar once años y pico hasta que
en agosto de 1983 abría la autopista de peaje del Huerna.
Ahora, en la segunda década ya del siglo XXI, todavía
se producen cierres del puerto de Pajares, pero esporádicos,
de corta duración. En cambio, el transporte de viajeros por ferrocarril
entre Asturias y León acaba de estar suspendido durante más
de cinco días seguidos. Lo que no ocurrió hace casi 46
años sucedió la semana pasada y ha sido aceptado con ovina
mansedumbre por los poderes públicos asturianos, que contemplan
situaciones impropias de este tiempo como si no les afectaran. Y tal
vez sea así porque sus más conspicuos representantes superan
la cordillera en coche oficial, por la autopista, o en avión,
desde Anzo, y por ello no han estado obligados a padecer las incomodidades
interminables, las molestias sin fin de los transbordos en autocar a
que estuvieron condenados los usuarios del ferrocarril. Pero si los
legítimos representantes del pueblo soberano no han sufrido las
consecuencias del temporal de nieve, parece razonable suponer que habrán
leído en los periódicos los relatos de lo sucedido. O
no. Porque han guardado silencio, y el silencio del Gobierno regional,
y el de los ayuntamientos de Gijón, Llanera, Oviedo, Mieres y
Lena, es una grave dejación de responsabilidades ante una situación
intolerable como la padecida estos días en los servicios ferroviarios
de largo recorrido que conciernen a sus territorios.
En el caso del concejo gijonés, puede que la omisión en
el cumplimiento de ese deber obedeciera a que sus cabezaleros han estado
ocupados en aprobar un plan de usos para el parque de Isabel la Católica,
un prescindible, superfluo, conjunto de normas plagado de obviedades
y perogrulladas,que admite, sin embargo, la posibilidad de organizar
en aquel paraje del municipio “eventos de pequeña entidad
que no generen ruido ni produzcan daños o deterioros en cualquier
elemento físico o natural del parque”. Se trata de una
excepción que permite maliciar la apertura de una puerta, un
coladero sujeto a discrecionalidad, para autorizar el asentamiento temporal
en el parque de tinglados de comer y beber, u otras clases de comercio,
que el sentido común, distante de eventuales intereses espurios,
aconseja alejar de aquel recinto público, cuya definición
académica es suficientemente explícita: un espacio dedicado
a praderas, jardines y arbolado, con ornamentos diversos, para el esparcimiento
de la población. Al incumplimiento de esos fines esenciales ha
contribuido durante decenios la incuria municipal, con el resultado
evidente de la degradación del parque, convertido en campo libre
para perros sueltos, ciclistas asilvestrados, con bochornosas pintadas
en monumentos como el dedicado a Fleming y con una zona de juegos infantiles
en estado de suciedad impresentable. Además de ser víctima
del deseo manifiesto de arboricidas compulsivos, el parque carece de
cualquier clase de vigilancia disuasoria para los autores de desmanes
y daños diversos.
Esa dañina actitud contemplativa, de pasividad, es semejante
a la que, en otro orden de cosas, mantiene el concejo ante la inminente
privatización de 877 metros cuadrados de la calle de Claudio
Alvargonzález, incluidos en la operación de venta del
edificio que fue de la Junta del Puerto, en el Muelle. Es incomprensible
que aquel trozo de terreno urbano deje de ser público, como el
resto de la calle de la que forma parte. La Autoridad Portuaria de Gijón
no puede ser más que el Ayuntamiento de Gijón dentro del
ámbito territorial del municipio. Y para dirimir las discrepancias,
si no hay arreglos amistosos, están las expropiaciones y los
tribunales. La vicepresidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Gijón, que corresponde al Ayuntamiento
gijonés, obliga a más que cobrar dietas por asistencia
y decir amén.