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El silencio del Gobierno regional, y el de los ayuntamientos de Gijón, Llanera, Oviedo, Mieres y Lena, es una grave dejación de responsabilidades ante una situación intolerable como la padecida estos días en los servicios ferroviarios de largo recorrido
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Silencio y pasividad

Por José Antonio Rodríguez Canal.
(12-2-2018)

En mayo de 1972, en mayo, no en pleno invierno, las nevadas obligaron a cerrar al tráfico el puerto de Pajares, pero el aislamiento de Asturias con la meseta solo afectó a la carretera, no se produjo por vía férrea. A propósito de la situación creada, el director general de Carreteras y Caminos Vecinales de cuando entonces, de cuando toda la cuestión viaria dependía de Madrid, don Leopoldo Doadrio, no en un rapto de humor negro, sino con toda seriedad, dijo que “la barrera de Pajares tiene un principal significado psicológico, ya que el puerto difícilmente se cierra”. Tan singular interpretación de la realidad dio mucho juego y EL COMERCIO, por medio de su director, Francisco Carantoña, llevó a cabo una contundente campaña, cargada de ironía y mordacidad, en demanda de que fuera derribada la “barrera psicológica” payariega. Pero tuvieron que pasar once años y pico hasta que en agosto de 1983 abría la autopista de peaje del Huerna.

Ahora, en la segunda década ya del siglo XXI, todavía se producen cierres del puerto de Pajares, pero esporádicos, de corta duración. En cambio, el transporte de viajeros por ferrocarril entre Asturias y León acaba de estar suspendido durante más de cinco días seguidos. Lo que no ocurrió hace casi 46 años sucedió la semana pasada y ha sido aceptado con ovina mansedumbre por los poderes públicos asturianos, que contemplan situaciones impropias de este tiempo como si no les afectaran. Y tal vez sea así porque sus más conspicuos representantes superan la cordillera en coche oficial, por la autopista, o en avión, desde Anzo, y por ello no han estado obligados a padecer las incomodidades interminables, las molestias sin fin de los transbordos en autocar a que estuvieron condenados los usuarios del ferrocarril. Pero si los legítimos representantes del pueblo soberano no han sufrido las consecuencias del temporal de nieve, parece razonable suponer que habrán leído en los periódicos los relatos de lo sucedido. O no. Porque han guardado silencio, y el silencio del Gobierno regional, y el de los ayuntamientos de Gijón, Llanera, Oviedo, Mieres y Lena, es una grave dejación de responsabilidades ante una situación intolerable como la padecida estos días en los servicios ferroviarios de largo recorrido que conciernen a sus territorios.

En el caso del concejo gijonés, puede que la omisión en el cumplimiento de ese deber obedeciera a que sus cabezaleros han estado ocupados en aprobar un plan de usos para el parque de Isabel la Católica, un prescindible, superfluo, conjunto de normas plagado de obviedades y perogrulladas,que admite, sin embargo, la posibilidad de organizar en aquel paraje del municipio “eventos de pequeña entidad que no generen ruido ni produzcan daños o deterioros en cualquier elemento físico o natural del parque”. Se trata de una excepción que permite maliciar la apertura de una puerta, un coladero sujeto a discrecionalidad, para autorizar el asentamiento temporal en el parque de tinglados de comer y beber, u otras clases de comercio, que el sentido común, distante de eventuales intereses espurios, aconseja alejar de aquel recinto público, cuya definición académica es suficientemente explícita: un espacio dedicado a praderas, jardines y arbolado, con ornamentos diversos, para el esparcimiento de la población. Al incumplimiento de esos fines esenciales ha contribuido durante decenios la incuria municipal, con el resultado evidente de la degradación del parque, convertido en campo libre para perros sueltos, ciclistas asilvestrados, con bochornosas pintadas en monumentos como el dedicado a Fleming y con una zona de juegos infantiles en estado de suciedad impresentable. Además de ser víctima del deseo manifiesto de arboricidas compulsivos, el parque carece de cualquier clase de vigilancia disuasoria para los autores de desmanes y daños diversos.
Esa dañina actitud contemplativa, de pasividad, es semejante a la que, en otro orden de cosas, mantiene el concejo ante la inminente privatización de 877 metros cuadrados de la calle de Claudio Alvargonzález, incluidos en la operación de venta del edificio que fue de la Junta del Puerto, en el Muelle. Es incomprensible que aquel trozo de terreno urbano deje de ser público, como el resto de la calle de la que forma parte. La Autoridad Portuaria de Gijón no puede ser más que el Ayuntamiento de Gijón dentro del ámbito territorial del municipio. Y para dirimir las discrepancias, si no hay arreglos amistosos, están las expropiaciones y los tribunales. La vicepresidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, que corresponde al Ayuntamiento gijonés, obliga a más que cobrar dietas por asistencia y decir amén.