La gestión de aquel maná presupuestario (los fondos mineros) estaba viciada por una grave anomalía: el importe y el destino de las inversiones los negociaron de hecho el Gobierno de la nación y los sindicatos mineros, en la práctica aliados objetivos en una pinza sobre el Gobierno regional, limitado al papel de espectador, primero, y luego responsable de llevar a cabo lo ya acordado sin su participación. El resultado fue un desastre, sin paliativos
Reedicion de una anomalía

Por José Antonio Rodríguez Canal.
(22-10-2018)

Leído en EL COMERCIO hace cinco días: “Sindicatos y Gobierno pactan un plan para las cuencas con 250 millones de inversión”. Los sindicatos son los sindicatos mineros de Asturias, el Gobierno es el Gobierno que preside Pedro Sánchez y las cuencas son las comarcas mineras del carbón asturianas”.

Cualquier paso adelante en beneficio del mantenimiento y creación de empleo, y lenitivo de los efectos dañinos de la descarbonización de la región, ha de ser bien venido. En ese ámbito de actuación hay que encuadrar el pacto antes aludido, lo que no obsta para que su contenido y, sobre todo, su escenificación evoquen anteriores iniciativas de corte similar y de dudosa eficacia: los fondos mineros.

Aquella riada de millones volcada desde el erario estatal sobre Asturias estuvo lejos de alcanzar, en su conjunto, el objetivo de revitalizar las comarcas mineras, cuyo declive en todos los órdenes, el demográfico el primero, siguió, imparable, hasta ahora mismo.

Hubo desacierto en las inversiones, con algunos casos de escándalo (boleras monumentales). Un despilfarro.

La gestión de aquel maná presupuestario estaba viciada por una grave anomalía: el importe y el destino de las inversiones los negociaron de hecho el Gobierno de la nación y los sindicatos mineros, en la práctica aliados objetivos en una pinza sobre el Gobierno regional, limitado al papel de espectador, primero, y luego responsable de llevar a cabo lo ya acordado sin su participación. El resultado fue un desastre, sin paliativos; la consecuencia de una malformación en el procedimiento seguido, porque los sindicatos, y menos aún unos sindicatos de rama, no representan a Asturias; porque el único legítimo representante político de la región es el Gobierno autónomo, condenado a desempeñar el absurdo papel de convidado de piedra en la asignación y reparto de elevados recursos económicos de origen público.

El nuevo pacto Gobierno de la nación-sindicatos mineros da la impresión, a simple vista, de constituir una reedición, a menor escala por su cuantía, de aquel método negociador significado por la impropiedad. Otra vez el Ejecutivo regional es ninguneado. Vuelta a la pinza que le hacen entre el Gobierno con sede en Madrid y los sindicatos de una rama productiva en proceso de extinción, el carbón, y por ello organizaciones cuya representatividad en términos cuantitativos está en fase descendente.

Repetir el fiasco de los fondos mineros no sería de recibo. En este sentido, el Gobierno regional debería pronunciarse con claridad y firmeza.

Con el problema de Alcoa tiene tarea suficiente para entretenerse estos días y los venideros, pero por una cuestión de principio, y por simple racionalidad desde el punto de vista operativo, está obligado a exigir que cualquier negociación que haya sobre inversiones estatales en Asturias se haga con su participación, sean en infraestructuras o se trate, como en este caso, de mejorar la situación en las comarcas mineras. Hay demasiado dinero público sobre la mesa como para dejar los criterios que fijen su distribución en manos de quienes solo representan intereses sectoriales (se pusieron de perfil ante el latrocinio de Mina La Camocha) algunos de ellos tan discutibles como las prejubilaciones.

¿Cómo es posible que en una actividad económica ruinosa todavía se reivindique, y se conceda, que una persona en perfecto estado de salud, sana, de solo 48 años de edad, no necesite trabajar más en su vida, porque el Estado le garantiza que cobrará sin dar un palo al agua hasta alcanzar la edad de jubilación?

Los despedidos de Alcoa, y todos los trabajadores que se van a la calle con una miseria en dinero y un “Dios le ampare, hermano” como compensación complementaria, podrán decir que se trata de un agravio comparativo. Y lo es.