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Por
José Antonio Rodríguez Canal.
La lectura de los periódicos tiene una vertiente muy instructiva, de divulgación del lado digamos menos conocido de la realidad, con resultados que, en ocasiones, probablemente ni el lector más audaz podría imaginar. Entra en ese capítulo la noticia, publicada en EL COMERCIO hace cuatro días, de que ocupar durante casi dos semanas el parque de los Hermanos Castro, para montar allí el tinglado denominado Gijón Life, costó a los promotores la irrisoria cantidad de 1.422 euros (1.062, por la instalación del escenario y 360, por cinco puestos de venta ambulante, a razón de 72 euros cada uno). Conviene recordar, para situar la cuestión en sus justos términos, que el acceso a los espectáculos de Gijón Life no fue gratuito, sino que la entrada más barata costaba 30 euros, cifra excluyente para los miles de beneficiarios de la tarjeta de renta social, por citar un sector determinado de la población gijonesa. Un ejemplo palmario de la privatización del espacio público a precio de saldo como el descrito, a mayor gloria económica de promotores e intermediarios, carece de sentido. No lo tiene que montar un chiringuito en un parque público un par de semanas cueste lo mismo que estacionar un coche seis horas diarias durante ese tiempo en zona de la ORA. No es serio. Son estas prácticas municipales que suelen desarrollarse envueltas en la penumbra informativa, cuando no en la opacidad total. Pero el contribuyente tiene derecho a que se le proporcionen elementos de juicio sobre la prodigalidad asimétrica del concejo, incompatible con una gestión razonable y sensata de la cosa pública. Y erradicar esta clase de anomalías incuestionables debería ser un objetivo independiente del resultado de las próximas elecciones. La generosidad municipal no se limita, sin embargo, al cobro de esa tarifa de ridícula cuantía por la ocupación de espacios públicos, sino que la supera en desprendimiento el propio Ayuntamiento en el caso del Chas, entidad privada instalada, en parte, sin autorización legal alguna, desde 1970, en terrenos propiedad del municipio, al precio de gratis total, insólita situación que no se toleraría a cualquier ciudadano corriente. Ocurre que el ejercicio de la política está con deplorable frecuencia alejado de la equidad y, además, contaminado por la memoria selectiva. De ahí, en este sentido, que haya empezado el bombardeo a discreción contra el nuevo ministro de Fomento por no hacer en tres meses lo que sus antecesores del PP no hicieron en siete años. En ese septenio, el puerto exterior de La Coruña fue dotado de una autovía de acceso, de 5,1 kilómetros de longitud, con una inversión total de 83,6 millones de euros, inaugurada hace dos años y dos meses. En Gijón, el último ministro de Fomento del PP presidió trece meses después, en julio de 2017 el comienzo de las obras de la autovía Lloreda-Veriña, 3,5 kilómetros, adjudicadas en 33.080.144 euros, con un plazo de ejecución de 39 meses y empantanadas hasta el otro día. Se trata de la primera de las dos partes de que consta uno de los tres nuevos accesos por carretera al puerto de Gijón previstos desde hace más de diez años, lo que sería inexacto calificar de esfuerzo inversor extraordinario el que está en marcha con intermitencia. El mismo ahora expreboste del PP en materia de obras públicas dejó el cargo sin que el Consejo de Ministros aprobara el convenio sobre el llamado plan de vías de Gijón (una expresión de plausible voluntarismo mientras no tenga reflejo presupuestario) trámite que se exige ahora con apremio a su sucesor, que como quien dice acaba de sentarse en la poltrona ministerial. Son las mismas voces, las de los secuaces de quienes prorrogaron hasta 2050 la concesión de la autopista Campomanes-León y ahora exigen la supresión del peaje. O montan un cirio por el deterioro galopante de la calzada de la autovía León-Benavente, inaugurada por los mismos autores intelectuales de la mencionada prórroga. Memoria selectiva.
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