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La hábil actuación del ministro de Fomento en la operación ferroviaria de Gijón ha tenido los efectos de una burundanga política.
Nueva cuenta de retrasos

Por José Antonio Rodríguez Canal.
(15-1-2018)

 

El ‘Berge Blanc’, un granelero de los que atracan en el muelle del Ingeniero Marcelino León, de El Musel, con mineral de hierro o carbón, tiene una eslora de 327 metros. Por aproximar al Humedal en menos de esa longitud, la de un barco, el emplazamiento previsto para la estación intermodal se desecha el plan urbanístico aprobado en 2008 y comienza la tramitación del que lo sustituirá. Así se asegura, en el mejor de los casos, un aplazamiento en la culminación de las obras de otros seis o siete años. La nueva cuenta de retrasos empezó anteayer, fecha en que Gijón al Norte –la empresa pública encargada de la operación ferroviaria- anuncia en el Boletín Oficial del Estado la “licitación para la contratación de consultoría para la redacción de la modificación del plan especial de integración del ferrocarril en Gijón, PERI-00 relativo a las unidades de ejecución UE 1B y UE2 Gijón”. El tipo de licitación asciende a 96.800 euros, se podrá presentar proposiciones hasta el 29 de enero y el adjudicatario tendrá seis meses para ejecutar el encargo, que consistirá en cambiar la mayor parte del plan, aún vigente, diseñado por el arquitecto Jerónimo Junquera, ganador en su día del concurso internacional convocado al efecto.

¿Por qué en el Ayuntamiento llaman a esto desbloqueo del “plan de vías” de Gijón cuando es un despilfarro -por prescindir de la planificación realizada, que no fue un regalo- y una acumulación de retrasos? Y un sarcasmo, porque se atribuye gran mérito en ello al Gobierno que preside quien también estuvo al frente del Ejecutivo bloqueador. El nuevo retraso es el resultado más visible de la ocurrencia planteada por la alcaldesa de Gijón el 21 de noviembre de 2014, acercar al Humedal la nueva estación unos 300 metros, mudanza complementada con la propuesta de soterrar las vías hasta La Calzada, hecha pública en enero de 2015, como recordaba ayer en estas páginas la propia Carmen Moriyón. En enero de 2015 ella y su equipo llevaban más de tres años y medio al frente de la corporación municipal, de modo que sería inexacto decir que les faltó tiempo para elaborar su retardataria proposición.

No habrá soterramiento hasta La Calzada, porque la losa peatonal sobre las vías que se anuncia solo es un mal sucedáneo del túnel pedido. Lo que hay, sin embargo, es una inconcreción global de las obras que se harán y sigue sin estar firmado el acuerdo tripartito –Gobierno central, Gobierno regional y Ayuntamiento de Gijón- que avalará su ejecución. Mientras, diluida en el torrente de propaganda, se incluye como novedad la demolición del puente de la calle de Carlos Marx, que está prevista desde hace más de diez años.

La hábil actuación del ministro de Fomento en este asunto ha tenido efectos semejantes a los de una imaginaria variedad de burundanga política, en forma de amalgama de criterios traducidos en un llamativo consenso. El hecho, sin regatear méritos al señor De la Serna, no deja de ser sorprendente por el lado de la oposición, de manera más significativa en la representada por el PSOE en el plano institucional, tanto en el regional como en el municipal, que han mutado en adhesión la pasividad lejana, en el caso del primero, y la enemiga frontal a la iniciativa de la alcaldesa, en el otro, lo que tal vez autorice a maliciar que la receptividad a los designios del ministro del PP sea el reflejo de un entendimiento de mayor calado y de ámbito también mayor.

No hubo dinero para la operación ferroviaria de Gijón durante seis años de gobierno de Rajoy y de pronto, con Rajoy todavía en el pescante, se anuncia la disponibilidad de una millonada. Pero al Ayuntamiento gijonés no le saldrá gratis el trato, sino que puede llegar a costarle hasta más de 83 millones de euros, cantidad superior al 35% del presupuesto municipal de un año.

Será por dinero… Se gasta en buscar arena para regenerar la playa de Gijón, que rebosa de arena. Por ahora, el dispendio asciende a 48.000 euros, una fruslería, una bagatela para los nuevos ricos de la política, pero en la chequera de la Autoridad Portuaria también hay casi un millón de euros dispuestos para ese fin. Da la impresión de que la regeneración es más necesaria en las administraciones públicas que en el arenal gijonés. Mientras no se produzca, hay pocas razones para la esperanza. Que el Ayuntamiento Pleno de Gijón decida pasado mañana, por unanimidad, exigir la implantación del grado de Ingeniería en Organización Industrial en el campus universitario del concejo, servirá de poco si, a continuación, la corporación municipal, y su presidenta, se ponen en modo a verlas venir, como han hecho tras la unánime petición de establecer en Gijón los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, acordada en sesión plenaria hace ya más de cuatro meses.