La hábil actuación
del ministro de Fomento en la operación ferroviaria de Gijón
ha tenido los efectos de una burundanga política.
Nueva cuenta de retrasos
Por
José Antonio Rodríguez
Canal.
(15-1-2018)
El ‘Berge Blanc’,
un granelero de los que atracan en el muelle del Ingeniero Marcelino
León, de El Musel, con mineral de hierro o carbón, tiene
una eslora de 327 metros. Por aproximar al Humedal en menos de esa longitud,
la de un barco, el emplazamiento previsto para la estación intermodal
se desecha el plan urbanístico aprobado en 2008 y comienza la
tramitación del que lo sustituirá. Así se asegura,
en el mejor de los casos, un aplazamiento en la culminación de
las obras de otros seis o siete años. La nueva cuenta de retrasos
empezó anteayer, fecha en que Gijón al Norte –la
empresa pública encargada de la operación ferroviaria-
anuncia en el Boletín Oficial del Estado la “licitación
para la contratación de consultoría para la redacción
de la modificación del plan especial de integración del
ferrocarril en Gijón, PERI-00 relativo a las unidades de ejecución
UE 1B y UE2 Gijón”. El tipo de licitación asciende
a 96.800 euros, se podrá presentar proposiciones hasta el 29
de enero y el adjudicatario tendrá seis meses para ejecutar el
encargo, que consistirá en cambiar la mayor parte del plan, aún
vigente, diseñado por el arquitecto Jerónimo Junquera,
ganador en su día del concurso internacional convocado al efecto.
¿Por qué en el Ayuntamiento llaman a esto desbloqueo del
“plan de vías” de Gijón cuando es un despilfarro
-por prescindir de la planificación realizada, que no fue un
regalo- y una acumulación de retrasos? Y un sarcasmo, porque
se atribuye gran mérito en ello al Gobierno que preside quien
también estuvo al frente del Ejecutivo bloqueador. El nuevo retraso
es el resultado más visible de la ocurrencia planteada por la
alcaldesa de Gijón el 21 de noviembre de 2014, acercar al Humedal
la nueva estación unos 300 metros, mudanza complementada con
la propuesta de soterrar las vías hasta La Calzada, hecha pública
en enero de 2015, como recordaba ayer en estas páginas la propia
Carmen Moriyón. En enero de 2015 ella y su equipo llevaban más
de tres años y medio al frente de la corporación municipal,
de modo que sería inexacto decir que les faltó tiempo
para elaborar su retardataria proposición.
No habrá soterramiento hasta La Calzada, porque la losa peatonal
sobre las vías que se anuncia solo es un mal sucedáneo
del túnel pedido. Lo que hay, sin embargo, es una inconcreción
global de las obras que se harán y sigue sin estar firmado el
acuerdo tripartito –Gobierno central, Gobierno regional y Ayuntamiento
de Gijón- que avalará su ejecución. Mientras, diluida
en el torrente de propaganda, se incluye como novedad la demolición
del puente de la calle de Carlos Marx, que está prevista desde
hace más de diez años.
La hábil actuación del ministro de Fomento en este asunto
ha tenido efectos semejantes a los de una imaginaria variedad de burundanga
política, en forma de amalgama de criterios traducidos en un
llamativo consenso. El hecho, sin regatear méritos al señor
De la Serna, no deja de ser sorprendente por el lado de la oposición,
de manera más significativa en la representada por el PSOE en
el plano institucional, tanto en el regional como en el municipal, que
han mutado en adhesión la pasividad lejana, en el caso del primero,
y la enemiga frontal a la iniciativa de la alcaldesa, en el otro, lo
que tal vez autorice a maliciar que la receptividad a los designios
del ministro del PP sea el reflejo de un entendimiento de mayor calado
y de ámbito también mayor.
No hubo dinero para la operación ferroviaria de Gijón
durante seis años de gobierno de Rajoy y de pronto, con Rajoy
todavía en el pescante, se anuncia la disponibilidad de una millonada.
Pero al Ayuntamiento gijonés no le saldrá gratis el trato,
sino que puede llegar a costarle hasta más de 83 millones de
euros, cantidad superior al 35% del presupuesto municipal de un año.
Será por dinero… Se gasta en buscar arena para regenerar
la playa de Gijón, que rebosa de arena. Por ahora, el dispendio
asciende a 48.000 euros, una fruslería, una bagatela para los
nuevos ricos de la política, pero en la chequera de la Autoridad
Portuaria también hay casi un millón de euros dispuestos
para ese fin. Da la impresión de que la regeneración es
más necesaria en las administraciones públicas que en
el arenal gijonés. Mientras no se produzca, hay pocas razones
para la esperanza. Que el Ayuntamiento Pleno de Gijón decida
pasado mañana, por unanimidad, exigir la implantación
del grado de Ingeniería en Organización Industrial en
el campus universitario del concejo, servirá de poco si, a continuación,
la corporación municipal, y su presidenta, se ponen en modo a
verlas venir, como han hecho tras la unánime petición
de establecer en Gijón los estudios de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, acordada en sesión plenaria hace
ya más de cuatro meses.