El
puerto de Gijón tiene capacidad para sostener su propia rula
sin necesidad de evaporarse en una fusión que sería de
hecho una absorción por la lonja avilesina
Un no rotundo
Por
José Antonio Rodríguez
Canal.
(12-3-2018)
La prudencia como norma de actuación no tiene por qué
llevar aparejada la pasividad, o la inhibición, ante la situación
creada. Es el caso del conflicto de Lonja-Gijón, que acaba de
salir a la luz, aunque viene de lejos, según lo publicado ayer
en estas páginas. La cuestión también está
ahora en terreno judicial y sería una temeridad adelantarse al
desenlace que pueda tener por esa vía, pero se han adoptado ya
medidas administrativas, el despido del gerente de la empresa, que han
permitido conocer posturas que justifican ponerse en guardia, en disposición
de pasar a la acción defensiva ante lo por venir o por presunciones
sobre el trasfondo de lo que sucede. Porque si hay intención
de aprovechar el problema surgido para unificar la rula de Gijón
con la de Avilés, temor que han expresado con nitidez los armadores,
ya es el momento, sin dilación alguna, de decir no, un no rotundo,
pase lo que pase al final en los juzgados.
El puerto de Gijón tiene capacidad para sostener su propia rula
sin necesidad de evaporarse en una fusión que sería de
hecho una absorción por la lonja avilesina. La rula de Gijón
ha sido víctima durante muchos años de administradores
de dudosa lealtad y de incompetencia profesional, pero ese lastre histórico
no debe condenarla a la desaparición ni a la subordinación
a la de Avilés. Hay recuerdos poco gratos de esta clase de experimentos,
como la unificación administrativa de los dos puertos en una
sola autoridad portuaria, aquella etapa de la cantinela de “un
puerto con dos bocas”, mistificación interesada de la realidad,
que repetían con torpe delectación sus creadores terrícolas
de aquende y allende Pajares.
Un posicionamiento
firme, inequívoco, a favor de la permanencia de la rula de El
Musel -gran puerto de refugio también para la flota pesquera,
no se olvide- y en contra de su desaparición o absorción
por la de Avilés, no debe ser entendida, sin embargo, como la
concesión de una patente de corso para el funcionamiento de la
empresa. Las exigencias de una escrupulosa administración deben
acentuarse en casos como este, en que el dinero público juega
un papel relevante, básico. La pesca marítima, como industria
extractiva, recibe del Estado y de las comunidades autónomas
prestaciones y ayudas, en forma de costosas instalaciones y facilidades
para su desenvolvimiento, que no disfrutan otros ramos de la actividad
económica, tan respetables como el pesquero.
Esa discriminación
positiva es una razón poderosa para extremar el celo en la observancia
de las regulaciones legales que lo atañen y para aplicar desde
la Administración un grado de tolerancia cero ante los incumplimientos.
Sin negar las dificultades que supone la resolución de cualquier
embrollo económico-legal como el planteado en la rula gijonesa,
no parece que haya inconvenientes insalvables para que sea válido
mantener una actitud que compatibilice las actuaciones ya emprendidas
por la Autoridad Portuaria de Gijón y la espera de la decisión
judicial definitiva, pero siempre con la condición de la continuidad
de la rula de Gijón como objetivo innegociable. A este asunto,
como respecto a todos los de cierto calado que afectan al municipio,
no debe sentirse ajeno el Ayuntamiento de Gijón, que posee una
incuestionable y potente voz como concejo y, además, voto en
la Autoridad Portuaria, cuyo consejo de administración vicepreside
la alcaldesa. Quedamos expectantes.