En la España del derroche del dinero público, por desgracia,
Gijón ocupa un lugar sobresaliente
Musel Arena

Por Marcelino Laruelo.

 

España es una gigantesca “pudriella” que no hay por dónde la coger. El país y sus ciudadanos han sido conducidos al borde del abismo por unos corbatas que han hecho uso del poder político y económico a su exclusivo capricho y conveniencia, sin que les importase lo más mínimo ni el sufrimiento de la gente, pasado, presente y futuro, ni qué se hacía con los fondos públicos, ni en que situación quedaba la economía nacional. “Disfrutemos, por si algún día llegan las vacas flacas”, que decían los “black bankias”. ¡Después de mí, el default!

Si algún día en Europa la gente honrada y decente, la gente corriente, se hiciera con el poder y se levantara un nuevo Nuremberg para juzgar todos los crímenes económicos cometidos contra la humanidad, tal vez España encabezara la lista por el número de encausados. Porque más allá de todo lo que se ha robado, desfalcado, sisado y trincado, está lo que se ha despilfarrado. En la España del derroche del dinero público, por desgracia, Gijón ocupa un lugar sobresaliente.

La ampliación de El Musel hubiera estado bien como ocurrencia de feria de Agosto, una bonita maqueta del ferial para verla de paso entre el bocata de calamares y el stand de la vaporeta. Pero, como obra, era totalmente innecesaria. Lo dijimos y lo argumentamos públicamente unos pocos. Con la ampliación de La Osa y adecuar el dique Príncipe de Asturias con algún pórtico más, había de sobra. Los valedores de la “3C” también lo sabían, que de tontos no tienen ni un pelo. Ahora hay un superpuerto vacío y una regasificadora parada. El último despropósito de estos corbatas fue despedir al director del puerto, y de la obra, un año antes de que se jubilara, para acabar teniendo que meterle en el bolsillo 336.000 euros de bellón (público) por despido improcedente.

Es la “pudriella”, ya se sabe, pero es que en este caso llegaron hasta el extremo de marcharse con la arena de la playa y la bahía de Gijón. Venticinco millones de metros cúbicos de arena (o más) del fondo marino de la bahía y playa de Gijón, y de la de Xivares fueron a parar al relleno de las explanadas de la ampliación portuaria. Algo nunca visto antes en España. Esta actuación la considero ilegal. En primer lugar, no figuraba ni en el proyecto original aprobado ni en su correspondiente estudio y evaluación de impacto ambiental. La extracción de 25 millones de metros cúbicos de arena, se decidió a posteriori y se adjudicó a las empresas Boskalis y Van Oord en 65 millones de euros. Un precio sin competencia respecto a las canteras y escombreras de minas.

Solamente que hay un pequeño detalle: la Ley de Costas prohíbe, como es lógico, este tipo de actividades extractivas submarinas que arrasan con los fondos, con una única excepción: que la arena esté destinada a la creación o recuperación de playas. Pero, los corbatas se las saben todas. Con anterioridad, estos artistas de la Autoridad Portuaria habían ampliado las aguas portuarias para incluir bajo su férula toda la bahía de Gijón. Los límites ya no eran la línea que unía la cabeza del dique Príncipe de Asturias con la de Liquerique; ahora llegaba hasta el cabo San Lorenzo. O sea, que cuando en la playa va uno nadando hasta las boyas, una brazada más allá está uno ya en aguas portuarias. El puerto se adueñó de la bahía gijonesa sin que la corporación dijera ni media, como siempre. Como cuando se cargaron la playa de Aboño. Cualquier día nos pueden colocar un grupo eólico o una torre de prospección petrolífera (o carbonera) delante de la Escalerona si así les peta.

Las aguas e instalaciones portuarias están reguladas por la ley de Puertos. En ningún punto de dicha ley se dice que afecte, incluya o regule el fondo marino. Es la ley de Costas la que tutela los fondos marinos, portuarios o no. Otra habilidad corbatil consistió en presentar la extracción de esos 25 millones de metros cúbicos (o más) como un “dragado”. No es un dragado. Dragar lo define bien el diccionario y todo el mundo lo sabe: limpiar y ahondar ríos, puertos y canales para favorecer la navegación, etc. Lo que se hizo en la bahía gijonesa fue una gigantesca extracción minera submarina para utilizar los materiales obtenidos como relleno en las obras de la ampliación. Y eso, repito, lo prohíbe la Ley de Costas.

Parece oportuno recordar, además, que todos estos manejos, desde la ocurrencia ferial hasta el esperpento del tamaño del “grano” playero, han contado con el soporte intelectual y técnico de muchísimas personas, y con el “nihil obstat” ambiental de muchas más, en su mayor parte vinculadas al mundo universitario. Hay que descartar por completo que en este caso haya habido dinero de Venezuela, pero sería interesante que, con el mismo interés y ya que tanto se presume de transparencia, se hiciera público quién, cuánto, cómo y a quién se pagó y se cobró por todos esos menesteres.
Mientras tanto, a sentarse, paciencia y barajar.