Con la fundación de HUNOSA, el estado franquista se hizo cargo de un amplio lote de empresas arruinadas
Sobre un cincuentenario
Por José Antonio Rodríguez Canal.
(13-03-2017)

Hace cuatro días, en la presentación de los actos conmemorativos del cincuentenario de Hunosa, la presidenta de la compañía estatal, la ingeniera lenense Teresa Mallada, la undécima persona que accede a ese cargo ejecutivo, ocupado antes por paracaidistas (excepto Mamel Felgueroso y Luis Tejuca) designados por Madrid, hizo el elogio de la trayectoria de la empresa que preside. Se le olvidó, sin embargo, para situarla en la adecuada perspectiva histórica, referir que la creación de Hunosa en 1967 fue un ejemplo típico, palmario, de manual, de nacionalización de pérdidas. Con la fundación de Hulleras del Norte, S. A., el Estado franquista se hizo cargo de un amplio lote de empresas arruinadas, de muy baja productividad, descapitalizadas, en situación límite, abocadas al cierre. Eran las consecuencias en el tiempo del plan de estabilización económica, de la desaparición del proteccionismo. Esto fue así y lo demuestra el hecho de que entonces hubiera explotaciones competitivas, como Minas de Figaredo y Mina La Camocha, que siguieron en el sector privado (la primera, mientras le convino; luego también se echó en brazos estatales).

El Estado pagó por aquellas empresas ruinosas, y pagó con generosidad, hasta el punto de que algún empresario llegó a manifestar que, de haberlo sabido, hubiera comprado algunas minas para revenderlas a continuación al Estado con beneficio apreciable.

La creación de Hunosa evitó un posible estallido social de magnitudes incalculables en el caso de producirse un cierre generalizado de pozos. Que decenas de miles de trabajadores perdieran de golpe el empleo significaría el colapso de las cuencas, que se convertirían en un polvorín (por cierto, en contra de lo afirmado por la presidenta, las tres, Nalón, Caudal y Aller, nunca sumaron, ni en los años de mayor auge demográfico, 300.000 habitantes). El régimen temía que se creara ese escenario y al constituir Hunosa desactivó el mecanismo que podría ponerlo en marcha: nacionaliza las explotaciones hulleras ruinosas, con instalaciones en plena obsolescencia, y garantiza los salarios, no habrá despidos. No se plantea, ni nadie reclama, incluir en el sector público las explotaciones rentables antes citadas, ni las de antracita, que siguieron y siguen en el sector privado.

La historia de Hunosa es conocida. Con el paso de los años, ya en la etapa democrática, los mineros arrancaron ventajosas condiciones para prejubilarse y jubilarse, y los recursos de esta procedencia se convirtieron de hecho en el sostén principal de la economía de las cuencas, sumidas en un proceso de declive económico y demográfico que no ha atenuado siquiera la millonada de los fondos mineros gastados o invertidos con criterios de discutible racionalidad.

Las conquistas sociales en la minería del carbón incluyen, sin embargo, aspectos que no cuesta trabajo encuadrar en el ámbito de los agravios comparativos, como el hecho de que cualquier trabajador minero, aunque no haya visto un pozo ni en fotografía, tiene derecho a un coeficiente reductor de la edad de jubilación, mientras en la siderurgia la silicosis no estaba considerada como enfermedad profesional. Para reivindicar este derecho elemental, el mismo mes del mismo año de la creación de Hunosa iban a la huelga los trabajadores del taller de fundición de la Fábrica Siderúrgica Moreda y Gijón (propiedad de la Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, una de las empresas que colocó sus minas al Estado). En la fundición de aquella factoría, antecedente gijonés de Uninsa, Ensidesa y la actual Arcelor, se trabajaba con sílice y, como consecuencia, los obreros padecían silicosis.

También en la siderurgia el Estado nacionalizó las pérdidas, pero fue menos generoso con los trabajadores de este ramo –y con los de la construcción naval- que con los mineros del carbón a la hora de fijar las prejubilaciones derivadas de los efectos devastadores de la reconversión industrial. Se consumó así otra clase de agravio comparativo a la siderurgia, que, una vez en la órbita estatal, siempre tuvo en Asturias más empleo, directo e inducido, que Hunosa.

Con cuantiosas aportaciones de dinero público se saneó (y acto seguido se reprivatizó) la siderurgia asturiana, que hoy continúa como principal empleador privado de la región, con cerca de seis mil puestos de trabajo directos.

Mientras, cincuenta años y miles de millones de euros después de 1967, Hunosa tiene apenas 1.300 trabajadores en su plantilla, encabezada por una de las ejecutivas mejor remuneradas del sector público astur, y las toneladas equivalentes a más que toda su producción anual puede descargarlas el buque granelero ‘Berge Blanc’ en solo tres escalas en El Musel.