La mina de La Camocha fue el escenario
de una gran estafa. La reconversión de la minería del
carbón en Asturias ha resultado un desastre en todos los aspectos.
Un eco de silencio
Por
José Antonio Rodríguez
Canal.
(8-1-2018)
Dirigentes políticos
y sindicales de Asturias cargan con dureza contra Iberdrola por el contenido
de su campaña publicitaria anunciadora de que abandona la producción
eléctrica a base de quemar carbón, lo que incluye, entre
otras medidas, el cierre de la central térmica de langreana de
Lada. Es comprensible esa protesta y existen razones para ella, pero
no deja de llamar la atención que la sensibilidad de los protestantes
haya desaprovechado otras ocasiones de manifestarse, como esta, muy
reciente: la sentencia por el fraude, más de 16 millones de euros,
en la empresa gijonesa Mina La Camocha, consistente en cobrar subvenciones
estatales por la venta de carbón de importación, o procedente
de explotaciones a cielo abierto, que la empresa declaraba como extraído
en el pozo de Huerces
Mina La Camocha, que siempre fue de propiedad privada, tuvo así
un deplorable final. La explotación que en 1960, con alrededor
de 1.600 trabajadores, produjo 414.466 toneladas de hulla (Hunosa prevé
extraer este año 466.000 toneladas en el conjunto de sus tres
únicos pozos activos), la misma mina que hace más de 60
años alumbró las primeras comisiones obreras, fue también
el escenario de una gran estafa cuya condena penal ha tenido un eco
de silencio, el mismo o parecido elocuente silencio, una versión
astur de la omertá, que envolvía las operaciones fraudulentas
penadas.
Es desalentador que un fraude de tal cuantía, maquinado y llevado
a cabo por delincuentes de cuello blanco, no haya tenido un clamoroso
reproche social colectivo. Por eso da la impresión de que fue
perpetrado con la naturalidad y la desfachatez que probablemente proporciona
la sensación de impunidad, porque se llevó a cabo entre
1998 y 2000 y los camiones que transportaban el carbón a La Camocha
circulaban a plena luz del día, por el casco urbano de Gijón,
para que en la mina, tras un milagro de alquimia contable, el mineral
australiano, y los de otras procedencias, se convirtieran en producto
extraído de las entrañas del concejo gijonés. Partidos
políticos, sindicatos, comités de empresa, poderes públicos,
todos, miraban hacia otro lado. Justificarse con ser un mandado para
explicar la actitud de espectador pasivo ante un fraude como el que
se cometía ante sus ojos, tiene la misma validez que la obediencia
debida invocada por un golpista como razón de su felonía.
Y debe repugnar a toda conciencia aducir el mantenimiento de los empleos
como motivo para hacerse el longuis ante el latrocinio.
Solo el empeño de la Guardia Civil, la fiscalía y algunos
jueces impidió que el delito quedara impune. El magistrado sentenciador
es explícito cuando dice que la evolución del sector minero
“pudiera haber sido otra, caso de que no se hubieran desarrollado
comportamientos criminales como los ahora enjuiciados”. No parece
descaminado el juez, porque la reconversión de la minería
del carbón en Asturias ha resultado un desastre en todos los
aspectos. Incluso en ese marco podría parecer poco prudente asegurar
que el caso de La Camocha no fue el único de su clase, pero sí
se puede tener la certeza, en cambio, de que el proceso desarrollado
hasta ahora, con las prejubilaciones de oro y el maná de los
fondos mineros, despilfarrados ante la pasividad contemplativa de esclerotizados
organismos burocráticos de control, ha sido, además de
caldo de cultivo de prácticas corruptas, la plasmación
de un lacerante agravio comparativo para los trabajadores de otros sectores
productivos azotados por la reconversión.