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La mina de La Camocha fue el escenario de una gran estafa. La reconversión de la minería del carbón en Asturias ha resultado un desastre en todos los aspectos.
Un eco de silencio

Por José Antonio Rodríguez Canal.
(8-1-2018)

 

Dirigentes políticos y sindicales de Asturias cargan con dureza contra Iberdrola por el contenido de su campaña publicitaria anunciadora de que abandona la producción eléctrica a base de quemar carbón, lo que incluye, entre otras medidas, el cierre de la central térmica de langreana de Lada. Es comprensible esa protesta y existen razones para ella, pero no deja de llamar la atención que la sensibilidad de los protestantes haya desaprovechado otras ocasiones de manifestarse, como esta, muy reciente: la sentencia por el fraude, más de 16 millones de euros, en la empresa gijonesa Mina La Camocha, consistente en cobrar subvenciones estatales por la venta de carbón de importación, o procedente de explotaciones a cielo abierto, que la empresa declaraba como extraído en el pozo de Huerces
Mina La Camocha, que siempre fue de propiedad privada, tuvo así un deplorable final. La explotación que en 1960, con alrededor de 1.600 trabajadores, produjo 414.466 toneladas de hulla (Hunosa prevé extraer este año 466.000 toneladas en el conjunto de sus tres únicos pozos activos), la misma mina que hace más de 60 años alumbró las primeras comisiones obreras, fue también el escenario de una gran estafa cuya condena penal ha tenido un eco de silencio, el mismo o parecido elocuente silencio, una versión astur de la omertá, que envolvía las operaciones fraudulentas penadas.

Es desalentador que un fraude de tal cuantía, maquinado y llevado a cabo por delincuentes de cuello blanco, no haya tenido un clamoroso reproche social colectivo. Por eso da la impresión de que fue perpetrado con la naturalidad y la desfachatez que probablemente proporciona la sensación de impunidad, porque se llevó a cabo entre 1998 y 2000 y los camiones que transportaban el carbón a La Camocha circulaban a plena luz del día, por el casco urbano de Gijón, para que en la mina, tras un milagro de alquimia contable, el mineral australiano, y los de otras procedencias, se convirtieran en producto extraído de las entrañas del concejo gijonés. Partidos políticos, sindicatos, comités de empresa, poderes públicos, todos, miraban hacia otro lado. Justificarse con ser un mandado para explicar la actitud de espectador pasivo ante un fraude como el que se cometía ante sus ojos, tiene la misma validez que la obediencia debida invocada por un golpista como razón de su felonía. Y debe repugnar a toda conciencia aducir el mantenimiento de los empleos como motivo para hacerse el longuis ante el latrocinio.

Solo el empeño de la Guardia Civil, la fiscalía y algunos jueces impidió que el delito quedara impune. El magistrado sentenciador es explícito cuando dice que la evolución del sector minero “pudiera haber sido otra, caso de que no se hubieran desarrollado comportamientos criminales como los ahora enjuiciados”. No parece descaminado el juez, porque la reconversión de la minería del carbón en Asturias ha resultado un desastre en todos los aspectos. Incluso en ese marco podría parecer poco prudente asegurar que el caso de La Camocha no fue el único de su clase, pero sí se puede tener la certeza, en cambio, de que el proceso desarrollado hasta ahora, con las prejubilaciones de oro y el maná de los fondos mineros, despilfarrados ante la pasividad contemplativa de esclerotizados organismos burocráticos de control, ha sido, además de caldo de cultivo de prácticas corruptas, la plasmación de un lacerante agravio comparativo para los trabajadores de otros sectores productivos azotados por la reconversión.