Al
diputado en Cortes Carlos Rubiera Rodríguez le fusilaron
los franquistas en Madrid, el 28 de Abril de 1942. Tres
años hacía que la guerra había terminado,
la guerra de las trincheras, pero continuaba con toda intensidad
la de los tribunales militares, igual de cruel y sangrienta,
frente a gente que se había rendido y entregado las
armas, y frente a civiles que nunca las habían empuñado.
Cayó Carlos Rubiera a las seis de la mañana
delante de las tapias del Cementerio del Este, amordazada
la boca, amarrados los brazos por detrás y dando
frente al piquete de guardias de Asalto, al representante
de la Iglesia y al médico militar.
Carlos
Rubiera había sido hecho prisionero en Alicante,
junto a los últimos miles de republicanos que se
habían refugiado en el puerto con la esperanza
de que un barco les sacara de la muerte y les llevara a
la vida del exilio. Previo paso por el tristemente célebre
campo de concentración de Los Almendros, donde fue
identificado y clasificado, se le trasladó a Madrid,
a la prisión de Yeserías, de donde le llevaron
a la prisión provisional para hombres de Santa Rita,
un antiguo reformatorio situado en Carabanchel, en la que
ya se encontraba en Marzo de 1940.
A
petición de la Comisión Clasificadora de Prisioneros
que funcionaba en la prisión de Yeserías,
dieron comienzo las investigaciones policiales. El último
domicilio conocido de Carlos Rubiera estaba en el número
13 de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en
Nuevos Ministerios, donde vivían sus padres, Carlos
y Palmira. Fue el comisario jefe de la Comisaría
de Cuatro Caminos el que envió a la justicia militar
el primer informe el tres de Abril de 1940. Hacía
constar, algo ya conocido, los puestos desempeñados
por Rubiera durante la República, pero manifestaba
que “en los registros alfabéticos de esta Comisaría
carece de antecedentes”.
Un
mes más tarde, en Mayo, Carlos Rubiera figuraba ya
encausado en el sumarísimo de urgencia que llevaba
el número 64.569, instruido por el Juzgado Militar
Permanente nº 21, que funcionaba en el segundo
piso del número 13 del Paseo de la Castellana y que,
posteriormente, se trasladaría a la calle de Piamonte,
al lado de Las Salesas.
El
colapso de la justicia militar franquista en la capital
de España debió de alcanzar proporciones bíblicas
a pesar de su carácter “sumarísimo”
y de “urgencia”. Dos años y
medio después de lo del “cautivo y desarmado
el ejército rojo” y de haber sido hecho prisionero
en Alicante, el director de la prisión provincial
de Madrid dirigió un oficio urgente al juez militar
del Juzgado nº 21, que instruía la causa, para
peguntarle si, a tenor de lo dispuesto en la legislación
vigente, el recluso Carlos Rubiera podría ser puesto
en libertad atenuada, salvo que fuera a ser juzgado o existiera
peligrosidad, debiendo, en ese caso, el juez militar emitir
“la oportuna resolución fundamentada que prive
al referido encartado del derecho que le asiste de gozar
de tal situación”. Colapso judicial y directores
de cárceles que quieren acabar con los problemas
de todo tipo que provoca la superpoblación carcelaria.
En
Febrero de 1942, compareció a declarar como testigo
el empleado de banca Enrique García Beaumont, declaración
favorable para Rubiera, pues dice que al suprimirse por
un decreto del Gobierno de Febrero de 1937 el consejo de
administración del Banco Español de Crédito,
fue sustituido por un comité directivo designado
por dicho gobierno, del que formó parte Carlos Rubiera,
pero “que no realizó despidos ni denuncias”.
El
auditor de guerra del Cuerpo de Ejército de Guadalajara,
Ulpiano Pereiro, acordó elevar los autos de la causa
instruida contra Carlos Rubiera Rodríguez a Plenario
por el procedimiento sumarísimo y el fiscal jurídico
militar, perteneciente a la Fiscalía Jurídica
de la 1ª Región Militar, con fecha veintitrés
de Febrero, formuló las conclusiones provisionales.
En ellas acusaba a Rubiera de ser uno de los jefes
del Partido Socialista y de la UGT, de haber participado
en numerosos actos públicos y redactando muchos escritos
en favor de esas organizaciones; haber sido diputado en
Cortes y haberse significado siempre en todas sus actividades
como miembro del grupo de Largo Caballero. Seguía
el fiscal diciendo que, durante la guerra, Rubiera ocupó
numerosos puestos directivos, como consejero del banco antes
citado, vicepresidente y presidente de la Diputación
de Madrid, gobernador civil de la provincia y subsecretario
del Ministerio de Gobernación. El fiscal
calificó su actuación como “adhesión
a la rebelión”, con las circunstancias
modificativas de “peligrosidad y trascendencia”
que figuraban en el artículo 173 del Código
de Justicia Militar, y pidió la pena de “Reclusión
mayor a muerte”, sin que considerase necesario la
práctica de “nuevas pruebas”.
Al
conocerse la calificación del fiscal, dos nuevos
testigos enviaron por escrito al juzgado militar sus testimonios,
jurados “por Dios y por su honor”, también
en favor de Rubiera, cosa rara en un país como éste
y, más aún, en una época de delaciones,
venganzas y ajustes de cuentas. El primero era
de Antonio Fernández Orts, que en esas fechas, tres
de Marzo de 1942, desempeñaba el puesto de jefe de
negociado en el Ministerio de la Gobernación. Este
señor había sido secretario general del Gobierno
Civil de Madrid durante el mandato de Rubiera y afirmaba
en su declaración que durante ese período
el orden público no dependía del gobernador,
sino de la Dirección General de Seguridad, y que
luego pasó a depender de la Junta de Defensa de Madrid,
cuando el gobierno de la nación se trasladó
a Valencia. Aseguraba el testigo que el Gobierno Civil no
tenía ninguna intervención en la Junta de
Defensa y que sus funciones eran meramente administrativas
y de relación con los ayuntamientos de la provincia.
También decía en su escrito que en varias
ocasiones había oído al gobernador Rubiera
censurar los excesos que se cometían en la zona roja
y que atendía a todo el mundo que acudía a
solicitar su ayuda, sin preguntar por su filiación
o ideas. Carlos Rubiera, para garantizar que nadie se aprovechara
económicamente del desbarajuste ocasionado por la
guerra, había ordenado a los alcaldes y concejales
de los pueblos de Madrid en poder de las fuerzas nacionales
que ingresaran todo el dinero y efectos que tuvieran en
su poder en una cuenta del Banco Hispanoamericano, cuenta
que aún existía en el momento de realizar
su declaración el testigo. Finalmente, afirmaba Antonio
Fernández que durante la actuación
de Rubiera al frente del Gobierno civil de Madrid no se
había ordenado perseguir ni molestar a nadie.
Fechada
también el día tres de Marzo, el industrial
madrileño Wifredo Furió Guillot, industrial
del sector de recambios del automóvil y ex presidente
de la Cámara Nacional del Automóvil, envió
al juzgado militar su testimonio, claramente favorable al
acusado, Carlos Rubiera. Wifredo Furió había
sido vocal de los Jurados Mixtos de Trabajo de Oficinas
y Despachos, de Madrid, en representación de la patronal,
y en esa labor había coincido con Carlos Rubiera,
vocal también de los mismos, que representaba a la
parte obrera. Wifredo Furió afirmaba que,
aun manteniendo puntos de vista e ideológicos distintos
de los de Rubiera, había observado en él siempre
cordura, ecuanimidad y corrección, así como
un ánimo de coadyuvar a solucionar los problemas
con elevado espíritu de justicia y con arreglo a
los preceptos legales. En virtud de lo cual, “he
mantenido una relación de amistad cordial y sincera
con D. Carlos Rubiera Rodríguez, que me complazco
en proclamar, pues en su actuación nunca observé
tacha alguna a su conducta y, es más, con
ocasión de estar el que suscribe detenido en los
calabozos de la Dirección General de Seguridad en
el mes de Diciembre del año 1936, y al acudir mis
familiares a visitar a dicho señor por ser entonces
Gobernador Civil de la Provincia de Madrid, para que interpusiera
su valiosa influencia al objeto de que se me pusiera en
libertad, tengo la evidencia de que hizo todo cuanto pudo
por que así fuera, en aquellos momentos tan graves
porque atravesábamos en Madrid”. Era el Madrid
sitiado, cañoneado y bombardeado, amenazado por la
famosa “quinta columna”.
Carlos
Rubiera fue trasladado a la cárcel de Porlier y el
consejo de guerra, en audiencia pública, se celebró
el día siete de Marzo de 1942 en el Palacio de Justicia,
en la plaza de las Salesas de Madrid. El fiscal solicitó
para el acusado la pena de muerte a garrote vil. El tribunal
militar le condenó a pena de muerte y el
auditor de guerra, en oficio fechado el día veinte
del mismo mes, una vez comprobado que “se han observado
los trámites propios del procedimiento sumarísimo”
y que “el fallo se ajustaba a derecho”, dio
traslado a la sentencia al capitán general de la
Primera Región Militar para que la “apruebe
por sus propios fundamentos y, siendo firme, si V. E. así
lo acuerda, habrá que proceder a su ejecución”.
Y el día siete de Abril, en otro oficio, sin firma
pero con el sello de la citada Capitanía, se da el
“conforme” y el “apruebo la sentencia
dictada”. Era general jefe de la Primera Región
Militar (Madrid) el teniente general Andrés Saliquet
Zumeta que, en 1945, pasaría a presidir el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Al
conocer la sentencia de pena de muerte impuesta en el consejo
de guerra a Carlos Rubiera, su padre, Carlos Rubiera Menéndez,
que tenía 67 años, estaba viudo y también
vivía en Madrid, había dirigido una instancia
al Capitán General de Madrid, fechada el día
nueve de Marzo. El padre de Carlos Rubiera decía
en ella que el fiscal “no pudo concretar acusaciones
de tipo personal, esto es, de crímenes y robos, sino
que simplemente el fallo se fundamentó en los cargos
políticos desempeñados por su hijo.”
Más adelante, explicaba que la Diputación
provincial de Madrid, según había publicado
la prensa el día 28 del pasado mes de Febrero, recorte
adjuntado por el abogado defensor, había designado
a uno de sus gestores para que realizara un informe sobre
la actuación de su hijo como presidente de dicha
institución durante la guerra. Dicho informe había
sido solicitado por el juzgado militar que instruía
el sumario. Pero el consejo de guerra se celebró
antes de que se pudiera elaborar y presentar como prueba.
Reiteraba en su instancia, Carlos Rubiera padre, lo ya dicho
por otro testigo: que la policía no dependía
de su hijo cuando era gobernador, sino de la Dirección
General de Seguridad, primero, y de la Junta de Defensa
de Madrid, más tarde. En lo referido al puesto desempeñado
por su hijo como Subsecretario del Ministerio de la Gobernación,
reiteraba que se trataba de un puesto meramente administrativo
y “el subsecretario sólo llevaba la función
burocrática interna del Ministerio, pero sin relación
alguna con el orden público ni con la adopción
de aquellas medidas que pudieran representar actos de gobierno
o de política general.” El cargo de subsecretario
no se le había otorgado a Carlos Rubiera por afinidad
y confianza del ministro, sino por imposición del
PSOE. El ministro de la Gobernación, Angel Galarza
Gago, radical-socialista primero, del PSOE después,
tenía fama de querer controlarlo todo personalmente
y los directores generales de Seguridad y de la Guardia
Civil despachaban directamente con él. Resaltaba
Carlos Rubiera padre en su escrito que cuando su hijo fue
nombrado subsecretario, “habían cesado en la
zona roja las inhumanas persecuciones que anteriormente
se perpetraron contra las personas de significación
derechista y sus bienes.” También se señalaba
en el escrito dirigido al Capitán General de Madrid,
que cuando Carlos Rubiera hijo estuvo al frente de la Diputación
provincial se había opuesto e impedido que se realizara
una depuración política de los funcionarios
de dicha Diputación.
Finalmente,
en el “Suplica” de la instancia, el padre de
Carlos Rubiera decía lo siguiente: “Que para
armonizar los fallos de la Justicia con las consignas de
perdón del Caudillo, se dignará proponer la
conmutación de tan grave pena, mucho más teniendo
en cuenta que mi hijo, en unión de otros, constituyeron
el Comité que a fines de Marzo de 1939 coadyuvó
al desarme de todos aquellos elementos peligrosos que en
el puerto de Alicante pretendían una vana y estúpida
resistencia al enfrentarse con las valientes tropas nacionales,
y además del resultado estéril de esta actitud,
sin embargo, se hubiera conseguido derramar todavía
más sangre española. Este gesto de mi hijo
y de los que coadyuvaron a esta labor, fue reconocido oficialmente,
como manifiesta mi propio hijo y, según parece, se
levantó acta oficializada por algunas representaciones
diplomáticas extranjeras. Ensalzándose la
conducta loable de ellos y, de hecho, ofreciéndoseles
la seguridad del perdón con la garantía de
la vida.
V. E. sabrá perdonar los excesos o faltas de corrección
que en esta instancia pueda haber y que sólo son
hijas del estado de ánimo del que suscribe al ver
próxima la pérdida de un hijo que, descarriado
políticamente, no lo considera como un delincuente
merecedor de la pena de muerte.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida Dios guarde
muchos años para bien de España.
Madrid, 9 de Marzo de 1942.” Firmado y rubricado.
Continuaron
llegando a los juzgados militares las declaraciones de testigos
en favor de Carlos Rubiera. Así, el de Federico
Reina Moñino, que era jefe de negociado de primera
clase de la administración civil del estado y estaba
destinado en la sección de Política Interior
del Ministerio de la Gobernación. Con fecha 31 de
Marzo de ese mismo año de 1942, redactó y
firmó un escrito en favor de Carlos Rubiera. En él
contaba que cuando prestaba servicio en dicho ministerio,
en Valencia, fue testigo de algunas conversaciones entre
altos cargos en las que se decía que el nombramiento
de Rubiera se había producido por sus conocimientos
y para que pusiera orden en el aparato administrativo del
ministerio, ya que el ministro sólo se ocupaba del
Orden público. Afirmaba textualmente “que pude
comprobar personalmente el proceder correcto del Subsecretario
D. Carlos Rubiera con todo el personal, incluso
con algunos de marcada significación derechista,
estando entre éstos D. Prudencio Rovira Pita, que
había ostentado el cargo de Diputado en Cortes monárquico
y había sido secretario particular de D. Antonio
Maura.”
Otro
funcionario, en este caso de Hacienda, Luis Feito Diego,
puso por escrito en conocimiento de la autoridad judicial
militar cómo había sido detenido por unos
milicianos en las afueras de Madrid, en los peligrosos días
de finales de Julio de 1936. Fue encerrado en unos locales
de la Comisaría de Vigilancia situados en la Estación
del Norte. Por medio de un policía, pudo
enviar una nota a Carlos Rubiera. Acudió éste
rápidamente y logró sacarle de allí,
no sin vencer ciertas resistencias. Como la documentación
le quedó retenida, Carlos Rubiera se comprometió
a llevarle en su coche a casa para asegurarse de que no
le ocurría nada durante el recorrido; pero antes,
Rubiera tenía que solucionar un asunto sumamente
urgente. Fue entonces testigo Luis Feito de la actuación
de Rubiera para salvar la vida del general López
Ochoa. A toda velocidad, se dirigieron al Hospital
Militar de Carabanchel, donde se encontraba internado el
general. A la entrada del establecimiento se había
reunido una multitud, entre la que predominaban los milicianos
y milicianas con el fusil al hombro o la pistola al cinto.
Se pedía a voz en grito la cabeza de López
Ochoa “para cobrarse la cuenta pendiente que con él
tenían desde Octubre de 1934”. Según
este testigo presencial, Rubiera mandó al chófer
que detuviera el coche y, descendiendo de él, se
dirigió a los milicianos de un “control”
allí establecido. Después de darse a conocer,
se abrió paso entre los manifestantes y durante más
de media hora se le vio hablar con los grupos más
exaltados. Consiguió Rubiera apaciguar los
ánimos y convencerlos para que desistieran de asaltar
el hospital y linchar al general, regresando al
automóvil, según manifestaba este testigo
“con una visible satisfacción por la labor
realizada y la consecución del fin propuesto”.
Durante el camino de regreso a la capital, Rubiera expresó
su rechazo de estos “procedimientos criminales empleados
por muchos indeseables”, añadiendo “que
así no llegamos a ninguna parte”.
En
Carabanchel se había luchado duro, pues se habían
sublevado algunos regimientos de Artillería que cañonearon
el aeródromo de Cuatro Vientos, siendo a su vez atacados
repetidas veces por la aviación leal al gobierno
republicano. El general Eduardo López Ochoa
estaba siendo investigado por la actuación en Asturias
de las tropas a sus órdenes durante la Revolución
de Octubre de 1934, motivo por el cual se encontraba
en una celda del pabellón de presos del citado hospital.
Según figura en la Causa General franquista, el director
del Hospital Militar, coronel de Sanidad González
Deleito y un comandante de Infantería, enviado por
el ministro de la Guerra, que en aquellos días era
el general Castelló, intentaron sacar al general
López Ochoa subrepticiamente del Hospital y ponerle
a salvo, pero no lo lograron. El coronel González
Deleito fue “paseado”, fusilado, y, días
después, el general López Ochoa fue sacado
del Hospital y fusilado en la ladera de un cerro próximo.
Posteriormente, unos desalmados de los estratos más
crueles y profundos de la especie humana, le cortaron la
cabeza y la pasearon por los Carabancheles en la punta de
una bayoneta, remedo de la medieval picota. Se dibuja así
mejor el marco en el que se produjo la intervención,
digna y humanitaria, de Carlos Rubiera que, además,
era socialista y asturiano.
Muchas
más personas mandaron sus escritos al tribunal militar
testimoniando de lo buena persona que había sido
Carlos Rubiera, como, por ejemplo, los médicos Vicente
y Enrique Ager Muguerza, a los que había sacado de
una “cheka”. Al mismo tiempo, su padre
continuaba sin descanso buscando apoyos para la petición
de clemencia para su hijo, para evitar que se ejecutara
la pena de muerte. Consiguió que propietarios y encargados
de la fábrica de sifones y gaseosas en la que había
trabajado su hijo durante cinco años, firmasen un
escrito resaltando su buena conducta, el respeto y la disposición
a ayudar a los perseguidos durante el período de
guerra. También consiguió localizar el destino
de algunos militares nacionalistas que, se aseguraba, habían
participado en las negociaciones para la rendición
de los varios miles de militares y civiles que se habían
refugiado en el puerto de Alicante a la espera de los barcos
mercantes que les condujeran al exilio, barcos que nunca
llegaron. Se afirmaba que en esas negociaciones se había
incluido la cláusula de garantía de la vida
de los que participaron en ellas. Este documento de rendición
estaría firmado por el general italiano Gastone Gambara,
el teniente coronel Francisco Rodríguez, y el teniente
Pérez Caballero en representación de FET de
JONS de Alicante; y por Carlos Rubiera y el teniente coronel
Burillo, por parte republicana.
Alicante
ya estaba en poder de la quinta columna falangista desde
el día 28 de Marzo. Cuando las tropas italo-españolas
de la división Littorio, al mando del general Gambara
entraron en Alicante por la carretera de Madrid, se encontraban
en las explanadas del puerto unas diez mil personas, la
mayoría hombres, muchos de ellos militares y armados,
aunque había también mujeres, niños
y ancianos. Como se negaban a entregarse, el general
italiano ordenó que se tomasen posiciones para que
no pudieran huir al mismo tiempo que se ponía en
contacto con el Cuartel General del Generalísimo,
en Burgos, para pedir instrucciones. En el mar, el Canarias
y otros buques de guerra nacionalistas bloqueaban la entrada
o salida de cualquier barco en el puerto. El teniente coronel
español, que actuaba como enlace del Cuartel General
del Generalísimo ante el general Gambara, autorizado
por éste, se entrevistó con el teniente coronel
Burillo al que, junto con Carlos Rubiera, todas las fuentes
coinciden en señalar como los personajes más
importantes que actuaron en representación de los
allí refugiados, muchos cuales ya habían sido
previamente desarmados en los controles establecidos por
los falangistas de la quinta columna a la entrada de la
ciudad.
En
el transcurso de una primera conferencia entre los representantes
franquistas y los republicanos, más allá de
lo que la mitología haya podido incrustar en la historia,
parece ser que se les dijo que las órdenes recibidas
de Burgos eran que se entregasen sin condiciones o que,
en caso contrario, se ocupasen las instalaciones portuarias
a viva fuerza. Pidieron los republicanos, y se les concedió,
un plazo de dos horas, para exponerlo al resto de representantes
de los refugiados en el puerto y adoptar una resolución.
Transcurridas las dos horas, el teniente coronel Burillo
comunicó a los militares franquistas que procederían
a entregarse a partir de aquel momento. Las mujeres y los
niños fueron conducidos a un teatro de Alicante,
mientras que los hombres fueron enviados a un campo situado
a dos kilómetros de la ciudad, que sería el
tristemente conocido como Campo de los Almendros.
Por
orden del Capitán General de Madrid, fechada el 14
de Abril, y a tenor de lo expuesto por Carlos Rubiera padre
en su instancia, se solicitó al Ministerio del Ejército
la remisión de la citada acta, pues de su
existencia y de la constancia de esa supuesta garantía
de respetar la vida para todos aquellos que se entregaran
y no tuvieran delitos de sangre, podría depender
que se concediera el indulto o no al condenado a pena de
muerte Carlos Rubiera Rodríguez.
El
juez instructor del juzgado eventual número 26, de
Madrid, coronel del cuerpo de mutilados de guerra, Ricardo
Monet Taboada ofició a los testigos de dicha negociación,
el ahora coronel de Estado Mayor Francisco Rodríguez
Urbano y al teniente de Caballería Pérez Caballero,
para que, desde sus actuales destinos, contestasen por escrito
a las preguntas que les formulaba para aclarar la supuesta
negociación en el puerto de Alicante.
El
coronel Francisco Rodríguez Urbano declaró
que ni se había redactado tal acta ni hecho ninguna
clase de promesas. Al mismo tiempo, se recordaba que el
comandante Burillo, que actuó “como jefe del
núcleo rojo” en las negociaciones, no había
apelado a dicha acta para que le fuese conmutada la pena
de muerte cuando se le impuso ésta en un consejo
de guerra.
Ricardo
Burillo, comandante de Infantería retirado que ingresó
en la guardia de Asalto, se destacó en la guerra,
dentro del bando republicano, desde el primer momento: cuartel
de La Montaña, Sierra de Madrid, Toledo, defensa
de Madrid, etc. Aunque de orígenes aristocráticos
e ideas conservadoras, como tantos otros, se afilió
al PCE y fue nombrado jefe de Seguridad en Barcelona tras
los sucesos de Mayo de 1937, dirigiendo la represión.
Mandó cuerpo de ejército, pero terminó
separándose del PCE y adhiriéndose a la Junta
de Defensa del coronel Casado en los días finales
de la guerra. Había sido nombrado jefe de Orden Público
en la zona de Levante y era el militar de mayor rango entre
los refugiados en el puerto de dicha localidad.
El
teniente de Caballería Pérez Caballero, destinado
en 1943 en el gobierno militar de Palencia, al que el juez
instructor se había dirigido por su participación
en la negociación del puerto de Alicante como representante
de Falange en dicha provincia, negó su participación
y afirmó que nunca había estado en Alicante
y que, por lo tanto, no conocía a nadie de los mencionados.
Seguramente se trataba de otra persona.
Al
considerar el juez instructor que el acuerdo de rendición
del puerto de Alicante no había existido y que, por
lo tanto, no había acta ninguna, “dada la urgencia
del caso, tiene el honor de elevar a V. E. estas actuaciones
para que proceda conforme a su criterio.” Y el criterio
del capitán general de Madrid fue aprobar, con fecha
24 de Abril de 1942, la sentencia de pena de muerte impuesta
a Carlos Rubiera. La lluvia de Asturias caía sobre
Madrid en la madrugada de aquel martes 28 de Abril.
Carlos
Rubiera Rodríguez, hijo de Carlos y Palmira, había
nacido en Gijón y había abierto los ojos a
la luz del mundo, treinta y ocho años atrás,
en la paz campestre de una casería de la parroquia
de Caldones, entre el trinar de malvises y jilgueros, y
el campaneo pastoril de las vacas por los prados. En la
mirada hacia adentro de los ojos de su cuerpo caído
aparecerían los cerezos en flor, la nube blanca de
Moreda, la plata del Cantábrico, el oro de la sidra
y el fuego oscilante del mecheru de Caldones.
Y
en aquella llama que se estaba apagando ardían, desgajadas
del tronco de la vida, las leves hojas de la escuela y de
los juegos infantiles, la de la llegada a Madrid y el trabajo
en La Esmeralda y, luego, entre botellas y sifones, en La
Compañía La Asturiana de Madrid, en la calle
Galileo. Revivía el fuego moribundo con la hoja de
la fundación del Sindicato de Empleados, afecto a
la UGT, y su admiración por Largo Caballero, y su
afiliación al PSOE… Y quedó la ceniza
y el humo… Y ya solamente la ceniza que aventó
la brisa del amanecer.
Había
sido en vida, Carlos Rubiera Rodríguez, un militante
ugetista y socialista ejemplar. Acudió al
castillo de Figueras, el uno de Febrero de 1939, en plena
culminación de la ofensiva franquista sobre Cataluña,
a la última reunión de Las Cortes en tierra
española, pasó a Francia y debió de
ser de los poquísimos diputados que regresaron en
avión a la zona centro. Presidió en Madrid,
el 23 de Marzo de 1939, la última reunión
de la Diputación provincial, y estaba en el puerto
de Alicante corriendo la misma suerte que la gente corriente.
Administró mucho dinero y murió con lo puesto.
Carlos
Rubiera ya era el secretario de la Federación Nacional
de Empleados de Oficina de la UGT, en 1931, y miembro
del comité regional de la Unión de Empleados
de Madrid. Era hombre de palabra fuerte y clara, de discurso
elocuente, y enseguida empezó a recorrer los pueblos
de la provincia de Madrid dando mítines en las plazas
y en las casas del pueblo. El PSOE le eligió para
que fuera en la candidatura por Madrid provincia en las
elecciones a Cortes de Noviembre de 1933, pero el triunfo
se lo llevaron las derechas y no alcanzó el acta
de diputado.
Se
redobló la actividad y los mítines, y se iba
asentando la fama y el prestigio entre los correligionarios.
En Septiembre de 1935, junto con Andrés Manso, habló
en la Casa del Pueblo de Béjar, ante 3.500 personas,
de los precios del trigo, los problemas del campo y del
país. En Noviembre de ese mismo año, acudió
invitado, por segunda vez, a Salamanca. Carlos Rubiera habló
en nombre de las Juventudes Socialistas de Madrid y pidió
que el gobierno compareciese ante el tribunal popular, o
sea, que convocase elecciones. Le acompañaron en
el uso de la palabra la maestra y abogada Julia Alvarez,
el diputado en Cortes Amós Ruiz Lecina y el presidente
de la Agrupación Socialista Salmantina, Francisco
Martín.
Se
disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones generales.
La Federación provincial de agrupaciones socialistas
de Madrid celebró un congreso extraordinario para
elegir a sus representantes en la candidatura del Frente
Popular por Madrid provincia, y allí estaba Carlos
Rubiera encabezándola.
La
breve, pero dura, campaña electoral, le llevó
hasta Ceuta. El domingo doce de Enero de 1936 se celebró
un mitin socialista en el Teatro Cervantes de esa localidad.
Intervino en primer lugar Rubiera, delegado del Sindicato
de Banca y Bolsa de Madrid. Atacó al Partido Radical
y al gobierno, alabó la actuación de la clase
obrera asturiana durante la pasada revolución y pidió
que se boicoteasen los mítines de las organizaciones
derechistas. El delegado gubernativo, allí presente,
tras varias llamadas al orden, suspendió el mitin.
Su compañero, el catedrático de la Universidad
de Sevilla, Martínez Pedroso, ya no pudo dirigir
la palabra a las masas que abarrotaban el local. Luego,
lo de siempre: desalojo, alborotos, cargas policiales, protestas,
detenciones… Y el resto de mítines y actos
previstos, suspendidos.
Se
celebraron las elecciones de Febrero del 36 y Carlos Rubiera
salió elegido diputado en Cortes por la circunscripción
de Madrid provincia con casi cien mil votos. Triunfaron
las izquierdas y en la candidatura frentepopulista de la
mayoría en esa circunscripción, junto a Rubiera,
salieron elegidos Luis Fernández Clérigo y
Roberto Escribano, de Izquierda Republicana; Manuel Torres
Campañá, de Unión Republicana, y los
socialistas Julia Alvarez Resano y Luis Rufilanchas. Por
las minorías, las derechas obtuvieron dos representantes:
Javier Martín Artajo y Rafael Esparza, ambos de la
CEDA. No hubo impugnaciones y enseguida pudieron ser proclamados
y recibir el acta de diputado.
A
finales de Abril de 1936, Rubiera fue designado secretario
de la comisión de Gobernación de Las Cortes,
que presidía Manuel Torres Compañá.
Y en Mayo, en reunión del grupo parlamentario socialista,
presidida por Largo Caballero, se eligió a Carlos
Rubiera como vocal del partido en la Junta Nacional del
Paro. Y junto a la actividad sindical e institucional,
la acción política en los mítines:
en Tolosa, el domingo 24 de Mayo, ante más de diez
mil personas, hablaron Carlos Rubiera, Santiago Carrillo,
Enrique de Francisco y el dirigente comunista bilbaíno
Leandro Carro. Discurso de Largo Caballero en el Cinema
Europa de Madrid sobre: “Disciplina, unidad y congreso
del Partido Socialista”; fue Carlos Rubiera el encargado
de presentar y moderar el acto. Participación de
Rubiera en otro mitin, a finales de Junio, en el Teatro
Rosales de la capital, organizado por el comité del
Frente Popular de funcionarios del estado, la provincia
y el municipio.
Se
sublevaron los militares y arrastraron al país a
la guerra. Carlos Rubiera, a mediados de Septiembre de ese
año de 1936 representaba a la Federación provincial
socialista de Madrid en la constitución del comité
provincial del Frente Popular de Madrid, que estableció
su sede en el palacio de Villahermosa, en el número
veinte de la calle Zorrilla.
El
seis de Octubre, Carlos Rubiera fue nombrado gobernador
civil de Madrid. Sustituyó al dimisionario
Francisco Carreras, de Izquierda Republicana, licenciado
en Ciencias Exactas y Farmacia. Unos días después,
en un comunicado que la Junta de Defensa de Madrid dirige
a los milicianos, a los luchadores de la Libertad, firmado
por todas las organizaciones, Rubiera estampa la suya como
representante de la Agrupación socialista madrileña.
El
domingo trece de Diciembre, Carlos Rubiera hizo uso de la
palabra en el acto conmemorativo del undécimo aniversario
de la muerte de Pablo Iglesias que había organizado
la Agrupación socialista madrileña.
Una semana después, se produjo un reajuste de cargos
en el gobierno. Carlos Rubiera presentó su dimisión
como gobernador civil de Madrid y fue sustituido por Miguel
Villalba Gisbert. En el Ministerio de la Gobernación,
a cuyo frente estaba el abogado y diputado por Zamora, Angel
Galarza Gago, fundador del partido radical-socialista, que
había dejado para convertirse en socialista caballerista;
el socialista Wenceslao Carrillo cesó como Subsecretario
del ministerio y pasó a sustituir a Manuel Muñoz
(ex militar y diputado azañista) al frente de la
Dirección General de Seguridad. Carlos Rubiera
fue entonces nombrado Subsecretario de Gobernación
en sustitución de Wenceslao Carrillo. Permanecerá
en este cargo hasta primeros de Junio de 1937 cuando, tras
los sucesos de Barcelona y la crisis de gobierno, Largo
Caballero fue sustituido por Negrín. A Carlos
Rubiera le sustituyó en la Subsecretaría de
Gobernación el socialista negrinista y diputado Juan
Simeón Vidarte Franco-Romero, con el socialista prietista
Julián Zugazagoitia al frente del ministerio.
Rubiera,
antes y después de su cese en la subsecretaría
de Gobernación, fue un orador habitual en los mítines
y actos de masas que se organizaban en la capital, en la
provincia y en otras partes de España. Habló
en Castellón, en un mitin de afirmación socialista,
junto a Rodolfo Llopis; y en el acto central del Uno de
Mayo, junto a Marianet y Federica Montseny. Se dirigió
a la nación desde los micrófonos de Unión
Radio, participó en actos de homenaje a las milicias,
a las Brigadas Internacionales, de agradecimiento a la URSS…
Y a mediados de Marzo de 1938 fue nombrado presidente
de la Diputación provincial de Madrid, en cuyo cargo
permanecería hasta el final de la guerra.
Carlos
Rubiera junto con otros dirigentes del socialismo caballerista,
como Wenceslao Carrillo o Pascual Tomás, se unió,
tras la caída de Cataluña en manos de los
franquistas, a los besteiristas y apoyó el golpe
del coronel Casado. Tal vez hubiera podido escapar
en el último momento en un barco, como Carrillo y
Casado, o subirse al avión de Air France, como Pascual
Tomás; tal vez le hubiera detenido la Gestapo en
Francia y entregado a Franco para que le hiciese fusilar,
como a Zugazagoitia o a Muñoz…
Más
de dos millares y medio de personas fueron fusiladas ante
las tapias del Cementerio del Este de Madrid en los primeros
años de “paz”. Carlos Rubiera Rodríguez,
uno de ellos.
El día que fusilaron a Carlos Rubiera