Por
orden del comandante militar de la plaza de Oviedo, coronel
Eduardo Recás, y en cumplimiento de la sentencia
de pena de muerte impuesta en consejo de guerra, el que
había sido gobernador civil de la provincia, Isidro
Liarte Lausín, fue pasado por las armas a las cuatro
de la tarde del día 23 de Diciembre de 1936. La ejecución
se llevó a cabo en el patio de la cárcel de
Oviedo y, junto con Isidro Liarte, cayeron también
bajo las balas del piquete ejecutor Próspero Cué
Alvarez, Eugenio Ordóñez Juez, Evaristo González
Ania, José Juan Demetrio Castro Feito, Jesús
Gutiérrez Areces y Pedro Pascual Fernández.
Liarte
Lausín había llegado a Oviedo el día
diez de Julio e inmediatamente tomó posesión
del cargo en el edificio del Gobierno Civil. Le hizo entrega
del mismo Carlos Martínez que había venido
desempeñándolo interinamente desde el cese
del anterior gobernador, Rafael Bosque Bosque. El médico
Carlos Martínez, que había sido diputado en
las Constituyentes, presidía en Julio de 1936 el
Comité provincial de Izquierda Republicana. El decreto
con el cese del gobernador Rafael Bosque había sido
firmado por Azaña en El Pardo, a propuesta del presidente
del gobierno, el día tres de Julio.
Rafael
Bosque había levantado en su contra a la derecha
asturiana más reaccionaria, y a sus periódicos,
casi desde su llegada a la provincia a últimos de
Marzo. Era un hombre del Frente Popular y se comportaba
como tal después de un bienio derechista en el que
había que incluir, en el caso de Asturias, año
y medio de represión contrarrevolucionaria. Parece
ser que el detonante de su dimisión/cese fue el telegrama
que dirigió al diputado derechista José Calvo
Sotelo en respuesta a lo que éste afirmó en
las Cortes. Fue en el transcurso de una intervención
parlamentaria en defensa de la proposición no de
ley presentada el dieciséis de Junio por las derechas
en la que se pedía se aprobase la siguiente resolución:
“Las Cortes esperan del Gobierno la rápida
adopción de las medidas necesarias para poner fin
al estado de subversión en que vive España”.
Calvo Sotelo, en su turno a favor de la misma, entre otras
cosas, aludió a los hechos que se habían producido
en el cuartel de la Policía de Asalto, en Oviedo,
donde, según Calvo Sotelo, el comandante instructor
enviado por el Ministerio de la Gobernación para
investigar los graves incidentes protagonizados por unos
guardias en una verbena, obligó a todos los guardias
a formar en el patio del cuartel y autorizó la entrada,
siempre según palabras de Calvo Sotelo, “a
un pelotón de “guardias rojos”, comunistas,
para que reconozcan entre aquéllos, forzados en rueda
de presos, a los autores de los incidentes...” Claro
está, se trataba de una exageración más
del diputado derechista a la que Rafael Bosque consideró
obligado responder. Su respuesta enardeció aún
más los ánimos en la región; la posterior
destitución y traslado de la mayoría de los
mandos de esa unidad de Asalto terminó de exasperarlos.
Era el jefe de las fuerzas de Asalto en la capital
asturiana el famoso comandante Gerardo Caballero, que fue
destituido por el gobierno y residenciado forzoso en Zaragoza.
Pero,
a pesar de todo, el gobierno de Casares quería tranquilizar
a las derechas a toda costa. Rafael Bosque contaba con el
apoyo de las fuerzas políticas asturianas que formaban
el Frente Popular y con el explícito de su presidente,
el socialista Oliveira: el gobierno le cesó o aceptó
su dimisión, que viene a ser casi lo mismo. Al conocerse
la resolución del gobierno, se confeccionaron y repartieron
octavillas convocando a una manifestación y llamando
a la huelga general hasta que Bosque fuera restituido en
su cargo. La protesta y el descontento en medios obreros
se fueron extendiendo rápidamente, y delante del
Ayuntamiento se formó una numerosa concentración
de manifestantes que desfilaron hasta la sede del Gobierno
Civil. Desde un balcón del edificio, el alcalde
de Oviedo, el socialista López Mulero, improvisó
un discurso en el que afirmó “que
se iba a dirigir al ministro (de la Gobernación)
para decirle que si querían consolidar la República
no deberían destituir al señor Bosque, porque
éste era el verdadero intérprete del Frente
Popular.” El propio Bosque tuvo que salir a saludar
a los manifestantes y pedirles que se disolvieran pacíficamente
y siguieran confiando en las resoluciones de los dirigentes
y organizaciones del Frente Popular. Se hizo también
necesaria una reunión de dirigentes sindicales y
de los partidos de izquierda en la que se aprobó
hacer público un llamamiento a la normalidad para
que la huelga no acabara extendiéndose a todas las
actividades de la región.
Fue
en ese ambiente en el que Isidro Liarte Lausín se
tuvo que hacer cargo del Gobierno Civil de Asturias. “Republicano
desde los dieciséis años”,
según propia declaración, y miembro de Izquierda
Republicana, había desempeñado con anterioridad,
en el período 1931 a 1933, este mismo cargo de gobernador
civil en las provincias de Almería, Jaén,
Toledo y Pontevedra. Llegaba a Asturias después de
cesar como máxima autoridad del gobierno en las islas
Baleares. Quizás sea necesario recordar en este punto
que, disfrutando únicamente Cataluña de un
estatuto de autonomía, durante la II República
el gobernador civil detentaba todas las competencias del
Estado en el territorio de cada provincia. Las
primeras declaraciones de Liarte a la prensa le mostraron
en plan moderado y contemporizador, resaltando que, desde
su llegada al Gobierno Civil de la provincia, se había
volcado exclusivamente en buscar la solución y el
acuerdo para los distintos conflictos laborales que se vivían
en la región.
El
día diecisiete de Julio, por la tarde, a Liarte Lausín
le llamaron por teléfono desde el Ministerio de la
Gobernación para informarle de la sublevación
de parte del Ejército del norte de Africa.
Cabe suponer que, a su vez, comunicaría al Ministerio
la situación de normalidad existente en Asturias
y recibiría instrucciones para la adopción
de medidas preventivas. Es lo cierto que esa tarde noche
el gobernador convocó a una reunión al coronel
Aranda, comandante militar de Asturias, al teniente coronel
comandante de las fuerzas de la Guardia Civil y al comandante
Ros, jefe del grupo de las fuerzas de Asalto. Probablemente
no se tomó ningún acuerdo importante hasta
la mañana siguiente, del sábado dieciocho,
que fue cuando el comandante Ros recibió órdenes
de desplegar fuerzas en los lugares céntricos y emplazar
ametralladoras en puntos estratégicos de la ciudad.
Por
otra parte, Benigno Arango Alonso, secretario del Gobierno
Civil de Asturias, procesado en la misma causa que Liarte
Lausín, declaró que esa noche del viernes
diecisiete había sido testigo de una conversación
telefónica entre el gobernador y el diputado y dirigente
socialista Ramón González Peña, que
se encontraba en Latores, aldea próxima a la capital.
Tras la conversación, Peña se presentó
en el despacho del gobernador sobre las dos de la madrugada
y le comunicó a Liarte que Prieto, desde el Ministerio
de la Guerra, ordenaba que se entregaran las armas a las
milicias. Fue, quizás, la primera vez que
se puso sobre el tapete la formación y armamento
de las milicias obreras. No obstante, y al margen de que
el gobernador no hubiera recibido ninguna comunicación
oficial al respecto, la verdad es que en la sede del Gobierno
Civil no había más armas largas que cuatro
mosquetones que tenían en la Comisaría, situada
en la planta baja del edificio. Estos mosquetones se entregaron
al día siguiente a un representante obrero llamado
Daniel Lafuente Moratinos.
El
gobernador Liarte afirmó meses después, en
la declaración al juez militar que instruía
su causa, comandante de Artillería Joaquín
Suárez Vivero, que el sábado dieciocho, por
la mañana, le confirmaron telefónicamente
desde el Ministerio, que “el gobierno había
aceptado el ofrecimiento que se le había hecho por
dirigentes de las masas obreras de Madrid, de la cooperación
de los obreros de Asturias, los que emprenderían
la marcha aquella misma noche.” Y que en
las primeras horas de la tarde, Velao, ministro de Obras
Públicas, le informó que había dado
órdenes a la Compañía de Ferrocarriles
del Norte, para que en trenes ordinarios y especiales se
facilitase el traslado a Madrid de los obreros asturianos;
también pedía el ministro al gobernador que
se facilitasen todos los vehículos posibles para
que pudieran viajar por carretera todos los que no lo hicieran
por ferrocarril. Estas columnas de obreros que partían
hacia Madrid, estaba previsto que, primero, se concentrasen
en León en la mañana del domingo día
diecinueve. Iban encuadrados, además de por dirigentes
obreros, como Dutor, por oficiales de Asalto a los que Aranda
había entregado antes de partir, siguiendo también
las instrucciones del gobierno, doscientos fusiles con su
munición. A esos fusiles, y a las escopetas y pistolas
que, sin duda, portarían muchos de sus componentes,
se vinieron a sumar las varias toneladas de dinamita, unas
declaraciones hablan de dos toneladas y otras de cuatro,
que por orden del gobernador, y en cumplimiento de las instrucciones
dadas por el gobierno, fueron entregadas a los responsables
de las columnas en la Sociedad de Explosivos “Santa
Bárbara”. Pese a ello, muchos dirigentes del
Frente Popular hicieron pública su postura contraria
a que esas fuerzas proletarias saliesen de Asturias, tanto
por considerar que iban pobremente armadas, como por creer
que no se podían fiar de la fidelidad del coronel
Aranda al régimen republicano.
Merece
la pena detenerse un momento en este asunto de las columnas
de trabajadores que salieron de Asturias al conocerse las
primeras noticias de la sublevación militar. Como
se sabe, en León, por mandato del gobierno,
las autoridades militares les tuvieron que entregar otros
trescientos fusiles, algunas ametralladoras y munición.
Cabe preguntarse si en aquellos días esos
cerca de tres mil hombres, con los medios que se han detallado,
y de haber contado con una dirección revolucionaria
que les hubiera señalado unos objetivos claros, no
se hubieran bastado para someter y dejar en manos de los
trabajadores todas las provincias de León y Castilla
en su marcha hacia la capital de España. Por otra
parte, sin minusvalorar la importancia de la capital, ese
mismo criterio preventivo con el que se quería actuar
en Madrid al solicitar fuerzas obreras de choque cuando
todavía la insurrección militar no había
prendido allí, bien se hubiera podido haber aplicado
en el resto del país, y otra habría sido la
historia.
Pero
volviendo al gobierno civil de Oviedo, la mayoría
de los dirigentes del Frente Popular seguían reunidos
allí con Liarte Lausín desde primeras horas
de la mañana de ese sábado dieciocho. Se
le pidió que telefonease al coronel Aranda para que
se presentara en las dependencias del Gobierno Civil.
Aranda no estaba en Oviedo, sino que, sin comunicárselo
al gobernador, se había ido a Gijón para entrevistarse
con el coronel Pinilla. Pero al ser localizado y recibir
el aviso de que el gobernador civil reclamaba su presencia,
regresó a Oviedo y se dirigió a verle: Aranda
todavía era gubernamental. En esa reunión,
los dirigentes del Frente Popular ya le solicitaron al coronel
Aranda, sin resultado, la entrega de armas para la formación
de milicias. Puede ser que de dicha reunión saliese
la entrega de los doscientos fusiles para la columna que
partía hacia Madrid y la idea de estudiar la preparación
de otras columnas mixtas de soldados y civiles que estarían
mandadas por oficiales del Ejército y de la Guardia
Civil, aparte de las ya formadas, cuya salida hacia Castilla
y Madrid se había fijado para esa noche y la mañana
del domingo. A los reunidos en el Gobierno Civil no dejarían
de llegarles noticias de cómo se extendía
la insurrección militar por Andalucía, con
los nuevos pronunciamientos de Queipo de Llano en Sevilla
y del general López Pinto en Cádiz.
En
la mañana del domingo diecinueve, mientras la insurrección
militar ganaba nuevas plazas en la Península, se
repitieron las reuniones de las mismas personas en el Gobierno
Civil. Fue entonces cuando el coronel Aranda, acompañado
de su ayudante, el capitán Loperena, y del teniente
coronel de la Guardia Civil convencieron a Liarte Lausín
para que aprobase la concentración en Oviedo de las
fuerzas de la Guardia Civil de todos los pueblos de Asturias
en los que se pudiera prever que no iban a producirse incidentes
(otros testimonios hablan “de los pueblos donde no
hubiera alcalde socialista”) y el establecimiento
de controles en las carreteras. Esta movilización
de la Guardia Civil se justificó como precaución
ante la masiva afluencia de trabajadores, principalmente
de las cuencas mineras, sobre la capital. Por su parte,
los dirigentes del Frente Popular presentes en el Gobierno
Civil, por boca de Ramón González Peña,
informaron a Liarte Lausín que la orden de entrega
de las armas a las milicias obreras ya se tenía que
haber recibido en la Comandancia Militar. El gobernador
reiteró al propio coronel Aranda dicha petición
que, además, era una orden del gobierno. El coronel
Aranda se mantuvo en una ambigüedad calculada y le
dijo al gobernador que regresaba a la Comandancia Militar
para, desde su despacho, confirmar telefónicamente
dicha orden con el Ministerio de la Guerra. En ese momento
abandonaron Aranda y sus acompañantes las dependencias
del Gobierno Civil.
Al
saberse que Aranda y el teniente coronel de la Guardia Civil
se habían ido, muchos de los dirigentes del Frente
Popular y de las organizaciones obreras allí presentes
expresaron su protesta y desazón, pues pensaban,
y así lo habían expuesto, que a los dos mandos
militares no se les debería de haber dejado salir
del Gobierno Civil hasta que hubiera constancia de que los
militares habían cumplimentado la orden del gobierno
de armar a las milicias obreras. Tenían razón,
el coronel Aranda iba directamente a lanzarse a la sublevación
contra el gobierno de la nación. Además de
la ayuda que le brindó la indecisión de los
dirigentes del Frente Popular y del propio gobernador, Aranda
tuvo de su lado la suerte, tan decisiva en esas situaciones.
Por alguna razón que ningún historiador ha
conseguido desentrañar hasta el momento, el
gobierno, en Madrid, supo que Aranda iba a traicionarles
y telegrafió al Gobierno Civil de Oviedo el domingo
diecinueve ordenando la detención del coronel.
Parece ser que, según su propia declaración
en el consejo de guerra, el secretario del Gobierno Civil
de Oviedo, Benigno Arango Alonso, retuvo ese telegrama,
en el que, además de la detención
del coronel Aranda, se ordenaba también la del comandante
Caballero. Si bien pudiera tratarse de una argucia
para granjearse el favor del tribunal militar, a mí
me parece que probablemente fuera verdad, pues, más
tarde, cuando estaba detenido en la cárcel de Oviedo,
Benigno Arango no bajó nunca al patio por temor a
ser agredido por los presos republicanos, que le tachaban
de traidor. Por otro lado, el propio Liarte Lausín
afirmó no saber nada de la existencia del citado
telegrama, lo que viene a confirmar la versión de
Arango. Benigno Arango, y el secretario particular del gobernador,
el estudiante de medicina Armando López González,
miembro de la directiva de Izquierda Republicana, que había
desempeñado igual puesto de confianza con Bosque
y que fue recomendado a Liarte por Carlos Martínez,
fueron condenados en el mismo consejo de guerra a doce años
de cárcel cada uno.
Que
el gobernador Liarte Lausín estaba decidido a defender
la legalidad republicana y a cumplir las órdenes
del gobierno lo demuestra el hecho de que en el cuartel
de Asalto se hubiera empezado ya, el domingo diecinueve,
a la entrega de armas a las masas republicanas que con esa
finalidad allí se habían ido concentrando.
Quizás fuera esa determinación observada en
el gobernador lo que hizo que Aranda se viera obligado a
precipitar los acontecimientos. Porque nada más comenzar
la entrega de fusiles en el cuartel de Santa Clara de las
fuerzas de Asalto, se presentó allí un camión
con guardias civiles y de Asalto capitaneados por el comandante
Gerardo Caballero que, como se sabe, había sido su
jefe hasta que fue destituido por el gobierno unas semanas
atrás. Caballero ordenó que se suspendiera
el reparto de armas y se detuviera a los paisanos que ya
las portaban. El comandante Ros, con un grupo de
guardias y medio centenar de paisanos armados se retiró
a otras dependencias del cuartel y se fortificó.
Se inició un tiroteo y la resistencia dentro del
cuartel continuó hasta el día siguiente.
Sitiados, trataron de negociar la rendición, pero
cuando salían los comisionados para parlamentar,
parece ser que fueron tiroteados. Fuera como fuese, se calcula
que veintiocho personas perdieron la vida, entre ellas,
el propio comandante Ros.
Poco
más de un año después, el siete de
Septiembre de 1937, se celebró en La Coruña
un consejo de guerra presidido por el general de brigada
Angel Ramos Ordóñez. Acusados de rebelión
militar por la oposición que hicieron al comandante
Caballero en el cuartel de Santa Clara de Oviedo, fueron
condenados a pena de muerte el capitán Juan Montiel
Sánchez y el teniente Antonio Hernández Rives,
que en Julio de 1936 formaban parte de las fuerzas de Asalto
de Oviedo.
Como
ya se ha dicho, el comandante Gerardo Caballero Olabézar,
había sido destituido y residenciado por el gobierno
en Zaragoza, en calidad de disponible forzoso. Sin autorización
del gobierno, había regresado a principios de Julio
a Oviedo, donde tenía la familia. El recién
llegado Liarte Lausín, al tener noticia de la presencia
de Caballero en Oviedo, mandó al comisario de policía
Arcadio Cano que le dijera a Caballero que ese mismo día,
sin falta, pasara a entrevistarse con el gobernador. Según
declaraciones del propio Caballero, acudió esa misma
tarde al Gobierno Civil. Fue una entrevista larga de la
que Caballero solamente reseña la petición
que le hizo Liarte Lausín de que se ausentase de
Oviedo, pues, de no hacerlo, se vería obligado a
adoptar medidas más enérgicas. Liarte Lausín,
por si se le habían olvidado, le recordó a
Caballero que “distintas personas y entidades del
Frente Popular le acusaban de ser un elemento peligroso
de marcada tendencia derechista y por ejercer presiones
sobre los guardias de Asalto.” También le dijo
Liarte Lausín que estaban al corriente de las visitas
que miembros de las fuerzas de Asalto hacían a Caballero
en su domicilio. Tras esa entrevista, el propio Caballero
se dio cuenta que era objeto de una vigilancia especial
por parte de la policía.
El
domingo diecinueve de Julio, por la tarde, y de vuelta al
edificio del Gobierno Civil, entre los dirigentes del Frente
Popular cundía la impaciencia y la desazón
ante la tardanza del coronel Aranda en responder para confirmar
la recepción y cumplimiento de la orden del gobierno
de entregar armas a las milicias obreras. Liarte Lausín
pidió comunicación con la Comandancia Militar,
pero, tras varios intentos, la telefonista le dijo que nadie
cogía allí el teléfono. Pidió
entonces el gobernador que le pusieran con el cuartel de
Pelayo, pero a los pocos minutos la propia telefonista le
informó que las comunicaciones telefónicas
del Gobierno Civil habían sido cortadas. Esa fue
la señal para que todos los representantes del Frente
Popular allí presentes abandonasen precipitadamente
el edificio. Liarte Lausín quedó solo,
acompañado por sus dos secretarios, el personal de
servicio ese día y las fuerzas de Asalto que custodiaban
el edificio. Lo primero que hizo entonces fue mandar
a su secretario particular a la estación radio del
gobierno civil para que se enviara un telegrama al gobierno
de Madrid comunicando que las fuerzas de la guarnición
de Oviedo se habían sublevado.
Poco
después, se recibió en el Gobierno Civil una
llamada del coronel Aranda exigiendo al gobernador que entregara
el mando a las fuerzas que se presentaran.
Liarte Lausín respondió que solamente lo haría
por la violencia, por lo que Aranda le amenazó con
cañonear el edificio si transcurridos diez minutos
no lo había entregado. El todavía gobernador
de Asturias se dirigió al capitán Curiel,
que mandaba las fuerzas de Asalto encargadas de la protección
del Gobierno Civil, y le preguntó si las fuerzas
a sus órdenes estaban dispuestas a defender el edificio.
El capitán Curiel le respondió que los guardias
no dispararían contra las fuerzas del Ejército.
Entonces, Liarte Lausín le dijo al capitán
Curiel que si consideraba que el edificio era poco resistente
y quería defender a la República, le autorizaba
a que con las fuerzas que le siguiesen se fuera al edificio
del periódico socialista Avance y se pusiera a disposición
del comité del Frente Popular, pero el capitán
Curiel también se negó a cumplir esta orden.
En ese momento, Liarte Lausín, dirigiéndose
al comisario de policía Arcadio Cano Herranz, pronunció
estas palabras: “si los que tienen la obligación
de defendernos no lo hacen, no tenemos más remedio
que rendirnos.”
Al
poco tiempo, sobre las nueve de la noche, se presentaron
en el Gobierno Civil fuerzas del Ejército al mando
del comandante Caballero que se hizo cargo por la fuerza
de todas las dependencias. Liarte Lausín
fue conducido por orden de Caballero a la casa de Benigno
Arango, donde permaneció recluido y vigilado permanentemente
por una pareja de guardias de Seguridad hasta su ingreso
en la cárcel.
La
causa contra Isidro Liarte Lausín, Benigno Arango
Alonso y Armando López González se comenzó
a instruir por el comandante de Artillería Joaquín
Suárez Vivero el doce de Noviembre de 1936, aunque
dio fin a la instrucción del sumario el teniente
coronel de Infantería César Mateos Ribera.
Acusados de “rebelión militar”, se señaló
el día cuatro de Diciembre de ese año para
la celebración del consejo de guerra. El tribunal
militar, presidido por el teniente coronel Alvaro Arias
de la Torre, de la Caja de Recluta nº 54, quedó
formado por los siguientes vocales, todos ellos capitanes:
Pedro Bruzo Valdés, del Regimiento de Infantería
Milán nº 32; Juan García San Miguel y
Angel Chain García de la Comandancia de Voluntarios;
Luis Fernández-Corugedo González y José
Cabeza Prieto, del Grupo de Artillería de la Brigada
Mixta de Asturias. Figuraban convocados como vocales suplentes,
los también capitanes: Santiago Méndez-Nava
del Río, del 16 Regimiento de Artillería Ligera,
y Juan García-Vaquero del Río, de la Comandancia
de Ingenieros. El vocal ponente fue el teniente auditor
de 2ª honorífico Rafael Alonso Pérez-Hickman;
de la acusación se ocupó el alférez
honorífico del cuerpo Jurídico, José
Mª García Rodríguez, mientras que la
defensa de los tres acusados estuvo a cargo del capitán
del Regimiento de Infantería Milán nº
32, Enrique Rengifo Flórez. No deja de llamar la
atención que ni en la tramitación de la causa
ni durante la celebración del consejo de guerra se
hubiera recabado el testimonio de un protagonista tan importante
como el dirigente socialista Graciano Antuña, prisionero
en la cárcel de Oviedo. Al día siguiente,
el presidente del tribunal militar leyó la sentencia:
pena de muerte para Isidro Liarte Lausín y las de
doce años de cárcel para Arango y Armando
López. Además, se condenaba a los tres a una
indemnización conjunta al Estado, “por los
perjuicios sufridos con motivo del delito realizado”,
de medio millón de pesetas.
Isidro
Liarte Lausín tenía cuarenta y cuatro años
cuando le fusilaron en Oviedo en vísperas de Nochebuena.
Estaba casado, pero desconozco si tenía hijos y cuántos
eran. Había nacido en Arándiga, en la provincia
de Zaragoza, en cuya Universidad se había licenciado
en Derecho y donde coincidió unos años y tuvo
como compañero de estudios a José Calvo Sotelo,
durante la etapa en que el padre de éste, que era
magistrado, estuvo destinado en la capital aragonesa. A
pesar de las diferencias ideológicas, mantenían
la amistad y Liarte Lausín había estado hablando
con Calvo Sotelo en las Cortes días antes de venir
a hacerse cargo de su nuevo destino en Asturias, rogándole
Calvo Sotelo que disculpase lo que hubiera podido tener
de culpa en su traslado a Asturias.
El
antecesor de Liarte en el Gobierno Civil, Rafael
Bosque Bosque, al ser destituido salió con
su familia para su pueblo natal, Caspe, también en
Zaragoza, probablemente con la intención de pasar
allí el verano. Pertenecía al partido de Azaña
y allí le cogió la sublevación militar,
fue hecho prisionero y asesinado. Todos
los intentos que hice por conseguir autorización
para consultar la causa del consejo de guerra resultaron
infructuosos. Rafael Bosque había desempeñado,
durante el período de 1931 a 1933, el cargo de gobernador
civil en las provincias de Almería, Burgos y Soria.
El día veintiuno de Febrero de 1936, Azaña
le nombró gobernador civil de Huesca, cargo en el
que apenas si permaneció tres semanas, pues el once
de Marzo se hizo oficial su nombramiento como gobernador
civil de Asturias.
Isidro Liarte Lausín, gobernador civil
de Asturias diez días de Julio de 1936