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Chirría que la empresa privada de las ambulancias cobre más por un traslado de 5 kms. que el Sespa por la atención médica especializada a un accidentado

338 euros

Por José Antonio Rodríguez Canal.

 

El grupo municipal del PP demandaba el otro día al Ayuntamiento de Gijón la implantación de medidas que contribuyan a facilitar la utilización de la motocicleta y la mejora de la movilidad de sus usuarios. Es una petición que se puede inscribir sin esfuerzo alguno en el ámbito de lo razonable, porque, en relación con el coche, la moto contamina menos y también ocupa menos espacio en la vía pública. Es una clase de vehículo que agiliza los desplazamientos de quienes lo utilizan, sobre todo en territorio urbano, con ventaja innegable, en este sentido, sobre otros medios de locomoción, y con un coste moderado en todos los aspectos. De ahí el crecimiento del parque motociclista en Gijón, apreciable a simple vista, sobre todo en el aumento de escúteres en circulación, desde la más sencilla, de 49 cc , como la del suprascrito, hasta las más potentes, que llegan a los 600 cc y más.

La moto, en general, sin embargo, tiene también su lado menos amable y gratificante, porque puede ser convertida en objeto de una interpretación discutible de las normas de tráfico. Así, aunque el concejal del ramo se queje del déficit de efectivos humanos en la Policía Local, los hechos parecen demostrar que no hay motivos para albergar temores sobre la seguridad ciudadana, situación de holgura que se puede entender avalada por la actuación de una pareja del cuerpo que, con celo profesional probablemente digno de mejor causa, se ocupó en denunciar, como supuesta infracción, el estacionamiento de una moto en espacio de propiedad privada e inhabilitado por las leyes de la física para el tránsito de vehículos y peatones, singular interpretación de la realidad que, sin embargo, obtendría el refrendo de la autoridad, judicial, por supuesto, se supone que en aplicación de lo que está mandado, que no quiere decir que sea necesariamente justo y razonable, sino que puede consistir en una visión de la realidad distinta y distante de la realidad verdadera. Una mesa es una mesa y una mesa no es una silla, aunque igual una mesa puede ser una silla a la luz de la norma. Dependerá del alumbrado.

Es superfluo subrayar, por otra parte, que, en la práctica, la moto tiene la prolongación de su carrocería en el cuerpo del motorista, que corre los riesgos inherentes a esa condición en caso de accidente. Otro inconveniente de esta clase de vehículos. Si, como le sucedió al suprascrito, el percance consiste en caerse del vehículo de manera fortuita, a no más de 15 kilómetros por hora, en la avenida de Pablo Iglesias, el resultado puede limitarse al traslado en ambulancia a Urgencias del Hospital de Cabueñes, donde el diagnóstico emitido fue de fractura de la clavícula derecha, sin desplazar. Nada sorprendente.

La sorpresa llegó 15 días después del accidente, en forma de carta remitida desde el citado hospital, con la petición de los datos de la aseguradora del vehículo para cargarle los gastos, “debido a que en el momento de la asistencia no nos proporcionó los datos relativos al siniestro” (nadie se los pidió a la víctima, quien, no obstante, había hecho allí, en el hospital, el día de autos, un relato oral completo de lo ocurrido). Los gastos cuyo pago se reclamaba, y de los que la aseguradora ya se ha hecho cargo, ascendieron a 270 euros por la asistencia en Urgencias y 338 por el servicio de ambulancia, desglose motivo de perplejidad: la que causa el hecho de que una carrera en ambulancia, de apenas cinco kilómetros, sea un 25% más cara que la atención inmediata y completa –radiografías incluidas- a plena satisfacción del paciente, prestada por un equipo médico en un hospital.

En estos tiempos, todavía de tribulación económica, esos 338 euros parecen una desmesura, y chirría que los devengue la parte privatizada -¿por qué?- de un servicio público, el que presta el Sespa, el Sistema Nacional de Salud en versión asturiana. Porque con los 338 euros que costó el viaje desde la avenida de Pablo Iglesias a Cabueñes se puede ir hoy en taxi a Santander y luego viajar a Londres con Ryanair, o ir a Santander en Alsa y trasladarse también hoy a Roma con la misma compañía, y sobraría dinero para espaguetis y pizzas en la capital italiana, y para la vuelta. También da esa cantidad para desplazarse hoy a Madrid en avión, y volver mañana, también en avión, o para que viajen esta mañana a la capital del Estado ocho personas en Alsa clase supra, u otras ocho, con el mismo destino, en clase preferente del tren Alvia de Renfe, o, en fin, esa suma daría asimismo para viajar en avión esta mañana desde Asturias a Alicante y a Málaga con Volotea (la aerolínea que traslada su sede social a Asturias, donde recibe generosas subvenciones, desde Barcelona, ciudad en que, es chocante, estaba domiciliada y pagaba los impuestos pese a que no opera en ninguno de los aeropuertos catalanes).Trescientos treinta y ocho euros, en fin, parecen demasiados euros para pagar un corto desplazamiento en ambulancia, vehículo que suele consistir en poco más que un taxi con sirena, aunque vaya a bordo don Gregorio Marañón redivivo. Y no fue el caso.